La importancia de entender el estado como garante de lo público

Siempre han existido polémicas alrededor de las leyes. Siempre habrá alguien que no esté convencido o se sienta perjudicado por ellas. Es lo que se ve con la nueva Ley de Fomento a la Industria Cinematográfica y Audiovisual, sobre la cual se han vertido muchas opiniones exagerando o minusvalorando el contenido. En realidad la ley puede discutirse, pero debe aprobarse y con urgencia. Guatemala ha tenido siempre una práctica artística rica y fuerte. Su literatura es una de las más originales y versátiles de Latinoamérica. En artes visuales tiene un conjunto tan heterogéneo como paradigmático. Igual nos sucede con el teatro y el cine, aunque el desarrollo de ambos géneros fue muy afectado por el conflicto armado interno. Hace apenas unos años se atisba una naciente industria cinematográfica en el país, que ahora para crecer y profesionalizarse ha juntado esfuerzos en aras de establecer ciertas normativas que contribuyan con el auge del sector. Así surge la propuesta de crear una ley para el fomento de la industria cinematográfica y audiovisual.

Básicamente, la ley tiene dos puntos que son importantes. El primero es que el Estado, como generador de institucionalidad, debe comprometerse con el desarrollo del cine. El otro es que debe existir un control por parte de la institución para cuidar de este como una parte del patrimonio nacional. Estas dos estrategias han sido implementadas mediante las leyes en otros países, como México, Chile y la Argentina, sin menoscabo de la libertad ni del desarrollo de tales trabajos. La primera disposición apunta a la institucionalidad de una industria que necesita de fuertes incentivos económicos y, por otra parte, de bases legales que posibiliten acordar intercambios, educar y proveer de servicios técnicos.

Hablar de cinematografía es involucrar unas cuantas decenas de especialidades que tienen un costo, muchas veces difícil de pagar en producciones netamente nacionales. Entonces sobreviven solo aquellas que, a merced de entes privados o derivados de los festivales internacionales, logran colocar sus proyectos, en la mayoría de los casos todavía a la espera de nuevos financiamientos para asegurarse una posproducción. El capital del que dependen proviene de festivales u otras industrias, siempre restringido o limitante. Allí están todas las vicisitudes de Julio Hernández con Gasolina, las del equipo de Puro mula o las del propio Alelo Crisóstomo, e incluso Verónica Riedel, que con más capital también necesita ser auspiciada por corporaciones y otras industrias cinematográficas más desarrolladas.

El cine, igual que la medicina, está apoyado en la tecnología, y esta es costosa. No podemos imaginar un Ministerio de Salud sin requerimientos de registro de sus pacientes y de las enfermedades más comunes. Lo mismo pasa con la industria cinematográfica y de audiovisuales. Requiere de asentamientos, de la elaboración de un archivo que permita realizar investigaciones y contribuir con la educación, con el enriquecimiento del patrimonio local, además de cuidar las ideas provenientes de los cineastas chapines y la infraestructura que se va generando en el país. Es absurdo pensar que por esto la ley trata de censurar, cuando en realidad es muy simple si se la compara con las leyes de cine de otros países. Siguiendo ese punto de vista, también podría alguien sentirse amenazado al inscribir a su hijo, porque amenaza el control del Estado. No tiene sentido. Impedir que se acepte esta ley es decir que no a una serie de artistas que están desarrollándose y esperan que se institucionalice y organice el apoyo a su profesión y a la industria que sostienen.

Al final, en la polémica de estos días alrededor de la ley de cine (como coloquialmente se le llama), lo que nos encontramos es al guatemalteco que le tiene aversión al Estado y confunde este ente con la ideología del Gobierno de turno. El Estado es un  garante de la salud, la educación, la seguridad y en este caso, del patrimonio cinematográfico en su inversión y producción. El Estado es el que conforma lo público, que es beneficio para todos, como las carreteras o los puentes. Aquellos que temen al Estado es porque no quieren ser solidarios en la construcción de una colectividad, porque a veces no tienen qué aportar, temen pagar impuestos, sienten que estos siempre son robados, porque tampoco se atreven a fiscalizar el uso de lo recaudado. En suma, al leer la ley aflora que no existe nada sino recordarle al Estado de lo que es responsable. Acostumbrados a actuar con miedo y envueltos en una cultura de impunidad, no entendemos que se puede cambiar y que el arte nos necesita.

Fuente: dca.gob.gt