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Asentamientos precarios en la ciudad de Guatemala

Desde la segunda mitad del siglo pasado se han formado asentamientos en barrancos, laderas, rellenos, o en áreas verdes. Allí los desastres como el huracán Mitch y otros han causado enorme impacto en vidas y bienes...

 

 


Asentamientos precarios en la ciudad de Guatemala

Publicado el 31 Oct, 2017 - 08:55:29 - Ultima actualización: 10 Nov, 2017 - 09:47:38

Con ese propósito, el estudio denominado “La situación de los asentamientos en el municipio de Guatemala”, fue realizado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) para la Municipalidad de Guatemala. La investigación de campo tuvo lugar durante la primera quincena de noviembre de 2002 en 178 asentamientos, de 14 zonas del municipio.

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Asentamientos precarios
en la ciudad de Guatemala

Primera parte

Marco Conceptual

1. Conceptos básicos de vulnerabilidad y riesgo

1.1. Gestión del Riesgo

La Gestión de Riesgo es un enfoque conceptual que ha surgido de la necesidad de la sociedad de proteger al ser humano ante las amenazas de la naturaleza y las que él mismo ha contribuido a crear. La “Gestión de Riesgo” se entiende como la planificación del desarrollo a largo plazo, considerando como punto fundamental la disminución de vulnerabilidades ante las amenazas.

1.2. Las amenazas


La amenaza es la presencia de un fenómeno natural o causado por acción humana, que puede poner en peligro a un grupo de personas y su medio ambiente. Actualmente, los especialistas han des arrollado nuevos conceptos  y definiciones sobre el tema; para efectos prácticos de comprensión del problema se clasifican las amenazas en tres tipos:


Amenazas naturales
Tienen su origen en la dinámica propia de la tierra, que está en permanente transformación. Entre este tipo se encuentran los sismos, erupciones volcánicas, inundaciones, deslizamientos, huracanes, tornados, sequías, etc.

Amenazas socio-naturales
Se expresa a través de fenómenos de la naturaleza, pero en su ocurrencia o intensidad intervienen la mano del hombre. Por ejemplo, las inundaciones, deslizamientos o sequías ocurren, en parte, por acelerados procesos de degradación, uso inadecuado del suelo, o por construcción de obras de infraestructura sin precauciones ambientales adecuadas.

Amenazas antrópicas
Atribuibles a la acción humana sobre elementos de la naturaleza (aire, agua, tierra) o población. Ponen en grave peligro la integridad física o la calidad de vida de la población. Por ejemplo, la contaminación originada por sustancias peligrosas, químicas, radioactivas, plaguicidas, residuos orgánicos, aguas servidas, derrame de petróleo, incendios, explosiones, tala e incendio de bosques, contaminación de agua, y ríos, entre otros.

1.3. Vulnerabilidad

La vulnerabilidad  surge de la interacción de una serie de factores y características internas y externas, que convergen en una comunidad. Su resultado es la incapacidad para responder adecuadamente ante la presencia de un riesgo determinado, con el consecuente desastre.

La vulnerabilidad está en función al grado de daño que pueden sufrir las  comunidades, dependiendo de sus características físicas, económicas,  ambientales, culturales, políticas, institucionales y sociales.

1.4. Riesgo

El riesgo es la probabilidad de que ocurra un desastre. Se expresa en las posibles consecuencias negativas (daños y pérdidas) de tipo físico, económico, social y ambiental que pueden presentarse en caso de ocurrencia de un desastre, frente a la capacidad de resistir y recuperarse de ellas. El riesgo es directamente proporcional a la amenaza y a la vulnerabilidad. La reducción de la amenaza es muy difícil, por lo que el esfuerzo se debe concentrar en alejarse de las amenazas y reducir la vulnerabilidad.

Para identificar los escenarios de riesgo, primero se identifican las amenazas existentes, luego las condiciones de vulnerabilidad  que presenta la comunidad. A partir de eso se analizan las probabilidades de daños y pérdidas que pueden tenerse en caso de no haber una intervención de la comunidad.

El riesgo no afecta por igual a los distintos actores sociales presentes en una localidad, ni tampoco se presenta de la misma manera o de forma homogénea en el conjunto de comunidades. Surge del proceso de interacción continua y permanente entre el ser humano y su entorno.

Para dimensionar el riesgo es importante analizar los factores causales, considerando la vulnerabilidad física y social de una manera integral.

Las condiciones de vulnerabilidad física se obtienen al integrar la recurrencia de fenómenos, alta densidad poblacional y actividades productivas. A nivel social se toman en cuenta las necesidades básicas insatisfechas, ingresos dentro del  municipio como consecuencia de aportes gubernamentales, impuestos y otras fuentes económicas.

1.5. Los desastres

Son alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, causadas por un suceso natural o generado por la actividad humana, que exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.

El desastre ocurre cuando la interrelación de las amenazas y la vulnerabilidad causan daños a las personas y sus bienes. Ambas mantienen una relación de complicidad, juntas determinan el riesgo y, por lo tanto, la probabilidad de que ocurra un desastre. La ocurrencia de un “fenómeno  natural” no necesariamente provoca un desastre. El hombre está conviviendo con una naturaleza viva, que tiene sus propias formas de funcionamiento contra las cuales no puede atentar.

1.6. Modelo contemporáneo para  la atención de las emergencias

Como consecuencia de los estudios continuos para la reducción del riesgo, se han establecido nuevos mecanismos para la atención de las emergencias. El modelo más reciente que se desarrolla en Guatemala, y que forma parte de las estrategias de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Riesgos (CONRED) es el “Sistema Integrado para el Manejo de Emergencias”.

El sistema se formula utilizando metodologías participativas para garantizar la toma de decisiones en consenso con todos los sectores del municipio. Este sistema incorpora los recursos disponibles dentro de las cuatro etapas del manejo de emergencias, como son preparación, mitigación, respuesta y recuperación.

Cuando hay una adecuada planificación y se definen claramente los roles y funciones de los actores, se tiene capacidad para manejar todas las amenazas. La capacidad para el manejo de emergencias se basa en relaciones bien establecidas y la utilización de procedimientos con los que los posibles afectados se sienten familiarizados. Se puede afirmar que existe un Sistema Integrado para el Manejo de Emergencias, cuando se toman en cuenta cuatro componentes: todos los recursos, todas las amenazas, todas las etapas y todas las comunidades (ver gráfica).

La forma de interrelacionar las etapas  y los  otros  componentes  se describe de la siguiente forma:

Etapa de preparación
Consiste en la planificación para tener la capacidad de reaccionar inmediata y efectivamente en caso de un incidente o emergencia mayor. A menudo no existe advertencia de las emergencias, como terremotos, incendios mayores, etc. Sin embargo, de la rapidez de la toma de decisiones depende la capacidad de prevenir la pérdida de vidas y daños a los bienes públicos y  privados.

Las siguientes actividades ayudan en un proceso de toma de decisiones rápido y adecuado para el manejo de emergencias revisión de leyes, regulaciones y lineamientos de desarrollo urbano, actualización de un inventario de recursos, revisión del plan de operaciones de emergencia, actualización de personal disponible y calificado para efectuar evaluaciones de daños y análisis de necesidades.

Etapa de mitigación
La mitigación comprende actividades y medidas sostenidas, enfocadas a la eliminación o reducción del riesgo de daños a las propiedades y pérdida de vidas a largo plazo, causados por las amenazas y sus efectos.

Debido a que la mitigación involucra la reducción de riesgos, puede ocurrir antes o después de una emergencia o desastre, cuando los planes para minimizar o eliminar los daños se ponen en acción.

Algunos ejemplos de mitigación son la clasificación y creación de códigos para la construcción en áreas de alto riesgo, adquisición de terrenos que se inundan y análisis de zonas inundables, construcción de gaviones, dragado de ríos, reforestación, refuerzo de edificios y viviendas, etc.

Las medidas de mitigación económicamente factibles son la clave para reducir a largo plazo las pérdidas ocasionadas por los desastres. En las áreas propensas a las amenazas, la mitigación puede romper el ciclo de tener que reconstruir de  nuevo cada vez que ocurre  una inundación, huracán o terremoto.

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También existe la necesidad de Planificar para aprovechar las oportunidades de mitigación en las secuelas de una emergencia o desastre, cuando hay conocimiento de una amenaza. Los recursos pueden estar disponibles (con los requisitos asociados para la mitigación) para revisar el diseño y ubicación de algunas instalaciones e infraestructuras.

Etapa de respuesta
La respuesta a un incidente, desastre o una emergencia mayor, requiere la coordinación y control  de recursos de una red de organizaciones e instituciones.

El gobierno municipal es el responsable de la respuesta a las emergencias, así como de contar con la capacidad para proteger a los ciudadanos y a la propiedad dentro de la comunidad. Para cumplir con esta responsabilidad debe realizarse una evaluación de la situación local, que incluye todas las actividades de respuesta que están vinculadas a las operaciones destinadas a salvaguardar la vida de las personas.

Las evaluaciones coordinadas y a tiempo permiten que los gobiernos locales puedan dar prioridad a las actividades de respuesta, asignar eficientemente los recursos disponibles y solicitar ayuda a otras comunidades y organizaciones en forma rápida y exacta.

Etapa de recuperación
Esta etapa se desarrolla después de haber ocurrido una emergencia en una comunidad, lo cual incluye el apoyo para volver a tener una economía estable, vivienda habitable y población segura. En esta etapa las oportunidades de mitigación son más visibles, debido a los daños recientes como consecuencia del desastre.

El trabajo y las actividades que se realizan en la etapa de respuesta Inmediata, a menudo continúan desarrollándose sin ninguna señal clara que la respuesta se haya convertido en recuperación. Sin embargo, el empuje real de la etapa de recuperación es el de regresar a la comunidad a una forma normal de vida.

La emergencia o desastre es la fuerza motivadora para fortalecer el manejo de las emergencias en la comunidad. Cada etapa se desarrolla en el momento propicio, en función de la situación que se genera antes, durante y después de la emergencia. Las acciones de mitigación pueden llevarse a cabo en cualquiera de dichas situaciones, por lo cual las etapas no necesariamente tienen que desarrollarse en forma secuencial.

La clave del éxito para el manejo de las emergencias depende de la interacción de las cuatro etapas descritas, con el uso eficiente de todos los recursos, las capacidades de respuesta de todas las comunidades y el conocimiento de todas las amenazas que afectan a las personas.

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Asentamientos precarios
en la ciudad de Guatemala

Segunda parte

2. Características geomorfológicas del Valle de Guatemala

2.1. Origen del suelo de la ciudad

El graben (zanja o trinchera) de la Ciudad Guatemala se localiza dentro de la provincia fisiográfica volcánica y se encuentra limitado en sus extremos norte y sur por los sistemas de fallas activas de carácter secundario. Este rasgo geológico es el más sobresaliente dentro del Área Metropolitana y se debe a grandes depresiones alargadas en la corteza terrestre, que se asientan lentamente como resultado de tensiones que afectan dicha corteza.

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Popularmente el graben de Ciudad Guatemala es conocido como el Valle de Ciudad Guatemala, Valle de Guatemala o Valle de la Ermita. No obstante, este no es un valle en el sentido estricto de la palabra, ya que su origen no se asocia a ningún río.

Geomorfológicamente se trata de una estructura de fondo plano, cortada en profundos cañones hasta de 150 metros de profundidad por pequeños ríos, entre los que sobresalen los ríos Villalobos y Las Vacas.

Koch (1970), quien estudió 1,500 Km.2 de la secuencia pumícea entre la Ciudad Guatemala y el Lago de Atitlán, señaló que las unidades de pómez en esta zona consisten en 12 capas de tefras y un diamictón. Las doce capas inconsolidadas se encuentran separadas por paleosuelos de variado espesor.

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Volcánicos terciarios: mayormente constituidos de rocas cristalinas de origen volcánico, que poseen una velocidad de ondas de corte mayor a los 750 metros por segundo.

Pómez cuaternaria: perfil de depósitos profundos y consolidados de pro-clastos, primordialmente compuestos de cenizas y pómez, con espesores que exceden los 60 metros.

Sedimentos transicionales: perfil sedimentario de entre 10 y 15 metros, conformado de capas poco o semi consolidadas de arenas que sobre yacen en depósitos de pómez o ceniza y gravas gruesas, con o sin capas intermedias de arcillas poco consolidadas.

Aluvión cuaternario: perfil caracterizado por una velocidad de ondas de corte menor a los 150 metros por segundo, compuesto de aluvión cuaternario de más de 15 metros de espesor.

Este conjunto estratigráfico se denomina, según Koch, como grupo San Cristóbal, y su edad corresponde al cuaternario; él estableció que estos materiales se originan de las erupciones de los volcanes de Pacaya, Agua y Acatenango, así como de los ubicados alrededor del Lago de Atitlán y área de Ayarza.

2.2. Los barrancos dentro del valle

Como la ceniza se erosiona, el valle está surcado por profundos barrancos, excavados por el agua de lluvia en un proceso continuo que avanza año con año. La Sierra Madre en este punto tiene una cumbrera que lo atraviesa y lo parte en dos (Calzada Roosevelt, Boulevard Liberación y Calzada Los Próceres); la mitad sur drena hacia el Océano Pacifico, la mitad norte drena al Mar Caribe.

El relleno uniforme de cenizas y arenas volcánicas que se encuentra en el Valle de Guatemala está asentado sobre una superficie irregular, en espesores de 100 a 200 metros. Se han detectado espesores máximos de unos 250 metros, como es el caso de las zonas 13 y 14 de la Ciudad Capital.

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El fondo original del graben, rocoso e irregular, apenas sobresale del relleno de cenizas y arenas en unos pocos puntos del valle, por ejemplo, el camellón de la zona 8 de Guatemala, el promontorio del Teatro Nacional, el Cerro del Carmen y el Cerro del Naranjo. Los flancos del valle están cubiertos por escasas cenizas, ya que éstas tienden a depositarse en las partes bajas. Por lo tanto el basamento rocoso del graben es observable al ascender por las carreteras que salen hacia San Lucas al occidente y Don Justo al Oriente.

A lo largo del eje central norte-sur del valle, hay un camellón ligeramente realzado (calzada Aguilar Batres, Avenida Bolívar y 2ª. Avenida). Por lo que el valle queda dividido en cuatro cuadrantes, en cuyo centro está ahora El Trébol, antiguo Guarda Viejo, que es una encrucijada natural. Cada cuadrante tiene su propia red de barrancos, como los del río Pínula al suroriente y del río Molino al sur poniente.

3. Las tendencias de crecimiento  en  la Ciudad de Guatemala

3.1. El proceso de metropolización


El XI censo de población y VI de habitación de 2002 permitió establecer que en la región metropolitana residía el 22.6% de la población total del país, lo que equivale a 2.5 millones de habitantes. En el municipio de Guatemala se estableció que la población asciende a 942,348 personas.

La inmigración hacia la ciudad Capital ha ido creciendo continuamente. Esto se verifica con las diferencias de densidad poblacional, que en 1981 era de 4,099 hab/km2, en el año 2000 llegaba a 5,518 Hab/km2 y en 2020 se estima que alcanzará 5,870 hab/km2. Debido a que no se ha apoyado el desarrollo de proyectos habitacionales para atender a los sectores de más bajos ingresos, continúa la invasión de terrenos baldíos, áreas verdes y zonas de reserva. Se estima que en la actualidad hay alrededor de 200 asentamientos precarios en donde viven más de 230,000 personas que forman parte de 400 asentamientos ubicados en el Área Metropolitana.

En el caso de Guatemala, la acelerada tendencia de crecimiento de la capital, que es la más grande de Centroamérica, la ha convertido en una región altamente vulnerable a las amenazas, tanto socio-naturales como antrópicas. Es una zona de alto riesgo sísmico y volcánico, aunado a los problemas de contaminación, deterioro ambiental y que trae como consecuencia problemas de erosión, deslizamientos e inundaciones.

La alta concentración de población, producción, infraestructura y servicios de la ciudad, aumentan el grado de vulnerabilidad de la región, así como de todo el país, en el caso de desastres agudos. La centralización casi absoluta de instituciones, servicios vitales como hospitales, telecomunicaciones, transporte, personal capacitado y otros que se ubican en la Ciudad de Guatemala, dificulta en caso de emergencia cualquier acción a nivel nacional.

Contrario a otros países latinoamericanos como Colombia, El Salvador y Honduras, donde hay dos o más ciudades que se han convertido en polos de atracción, Guatemala tiene a la capital como el principal atractivo migratorio.

La metropolización es un fenómeno relativamente reciente, pues a finales del siglo XIX (censo de 1893) solamente el 5% de la población del país vivía en la capital y un 13.4% en el departamento de Guatemala (hoy Región I o Metropolitana). Dentro del departamento de Guatemala la población capitalina (municipio de Guatemala) representaba el 46%.

En 1950 vivía ya el 10.5% de la población total del país en el municipio de Guatemala (capital) y 15.7% en el departamento de Guatemala. La concentración aumentó a 67% en el municipio de Guatemala.

Hasta 1989 aumentó la población de la capital respecto a la del país solamente hasta el 11.8% (+1.3%), pero la población del departamento de Guatemala en relación al total de la República aumentó hasta el 21.3% (+5.3%). El impacto de la población del municipio de Guatemala dentro del departamento bajó hasta el 55%.

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Actualmente la capital tiene una población 16 veces mayor que a finales del siglo pasado, mientras la población del país “solamente” es 6.5 veces mayor y la del departamento 13 veces. Esta metropolización en términos de población afecta a siete de los 17 municipios de la región. A continuación se presentan algunos índices socio demográficos a nivel de la Ciudad de Guatemala:
  • La población indígena representa un 42% de la población total del país; en el Municipio de Guatemala es sólo el 6.5%.
  • La tasa de analfabetismo a nivel del país es del 43%; en la capital es de 10%.
Respecto a la población económicamente activa, la capital tiene niveles superiores al promedio del país en la PEA ocupada, que realiza actividades en todas las ramas, con excepción de la agricultura. Los índices más altos a nivel de la República muestran empleados de oficina (63%), gerentes y administradores (57%), profesionales y técnicos (49%) y trabajadores de servicio (49%).  En el mismo se desarrolla el 9% de las actividades comerciales, el 38% de las industriales y el 40% del transporte del país.

En servicios de vivienda, el 97% cuenta con energía eléctrica, 95% con agua potable, 85% con drenajes. En cuanto a ingresos, el aporte del Gobierno per cápita es de Q 1,250, muy por debajo de Fraijanes, también del Departamento de Guatemala que es de Q 4,262. El aporte municipal per cápita es de Q 34, la cifra más baja del país después de Villa Nueva con Q 33. El aporte mayor dentro del Departamento de Guatemala es San José Del Golfo con Q 931.

A pesar del reducido aporte de recursos económicos con relación a la población que habita en el municipio, los servicios y calidad de vida son significativamente superiores en relación al resto del país. Estos beneficios hacen que se genere la marginalidad urbana como producto de la migración rural para buscar mejores fuentes de empleo y servicios.

3.2. La marginalidad

Los primeros asentamientos precarios de la Ciudad de Guatemala se crean como consecuencia de los terremotos de 1917 y 1918, ya que la crisis financiera causada por la baja en los precios de los productos agrícolas de exportación y la inestabilidad política dificultaron la reconstrucción de la ciudad. Surgen los primeros asentamientos como El Gallito, Abril y Recolección.

La revolución de 1944 marcó el inicio del crecimiento acelerado de la ciudad capital, al derogar la “Ley contra la vagancia”, promulgada en 1934 por el gobierno de Ubico y que impedía la migración a la ciudad.

Se intensifica la migración en la búsqueda de fuentes de empleo, lo cual contribuye al establecimiento de asentamientos marginales formados por población de otros departamentos y de los municipios de Guatemala. Destaca la formación de los asentamientos La Ruedita, La Trinidad, El Esfuerzo, El Incienso, El Tuerto, El Administrador, La Limonada y La Esperanza.

El terremoto del 4 de febrero de 1976 provocó un nuevo impulso migratorio a la ciudad de Guatemala, ya que más de 20,000 familias se asentaron en las áreas verdes, parques y terrenos baldíos que tenía la ciudad.

Cuando ocurrió dicho evento se establecieron estrategias par a el reasentamiento de población que habitaba en áreas públicas y terrenos del Estado. Como consecuencia de ello, se reubicó a varios miles de familias en nuevas colonias, dotadas de servicios básicos. Estas acciones finalizaron en 1982 y a partir de esa fecha no ha habido programas masivos para atender la demanda habitacional, tanto en el Área Metropolitana como en el interior del país.

Un estudio interinstitucional coordinado por la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica (SEGEPLAN) estableció que para 1984 existían 103 asentamientos, con una población de 352,000 habitantes.

Los municipios del Área Metropolitana que tienen asentamientos precarios son principalmente Guatemala, Chinautla, Villa Nueva y Mixco. En 1991 se realizó otro estudio sobre el problema por UNICEF, SEGEPLAN y CRITERIO, en el que se estimaban 232 asentamientos precarios en la Ciudad de Guatemala, de los cuales 91 tenían alta precariedad con 178,000 habitantes, 70 con precariedad intermedia en los que habitaban 181,900 personas, y 61 asentamientos con precariedad baja y 342,000 habitantes. En total representaban 702,000 habitantes.

Conjuntamente con el establecimiento de estos núcleos poblacionales, han surgido otros problemas, como la incapacidad de atender la oferta de empleo que genera desempleo y subempleo, y se refleja en el comercio callejero, cuidadores de vehículos, mendicidad y otras formas de subsistencia.

Esta tendencia continuará en la medida que no se promuevan actividades productivas alternas en ciudades intermedias ni haya un mejoramiento de la calidad habitacional en el área rural y en centros poblados de otros departamentos. Solamente con soluciones alternas será factible desmotivar la migración de la población que busca nuevas oportunidades.

Lo que queda es mejorar las condiciones de habitabilidad, mediante servicios, infraestructura y facilidades educativas en los asentamientos existentes. Esto requiere del acompañamiento institucional para formar cuadros técnicos que contribuyan al desarrollo del país, generen mejores ingresos y condiciones de bienestar.

3.3. Ubicación de los asentamientos precarios dentro  del área  urbana

Desde la conformación de los primeros asentamientos precarios, una segunda o tercera generación de pobladores ha hecho su vida dentro de los mismos. La tendencia general es la de ocupar áreas que no tienen vocación habitacional, debido a que la topografía  inclinada de los terrenos ha ocasionado la destrucción progresiva de las reservas forestales.

La población ha obtenido la tierra generalmente por invasión o arrendamiento, En la medida que se consolida la tenencia de la tierra, se instalan servicios básicos de agua, luz y drenajes, así como centros educativos, teléfonos comunitarios, centros sociales, transporte público, etc.

Estos asentamientos están cerca de las fuentes de trabajo. La característica general de los pobladores es la incorporación al sector informal de la economía y por lo tanto no perciben ingresos económicos suficientes para la satisfacción de sus necesidades básicas.

De acuerdo a los datos proporcionados por la Municipalidad de Guatemala, en la actualidad hay 175 asentamientos precarios identificados, que albergan a 47,648 familias (cuadro 2). La integración por número de asentamientos y familias en cada zona de la ciudad se desglosa de la siguiente forma: De acuerdo a estudios realizados por el Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), estos asentamientos ocupan regularmente terrenos con pendientes topográficas mayores al 30%. Su estructura geológica indica que constituyen terrenos sujetos a la erosión y al deslizamiento, productos de la deforestación.

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Algunos asentamientos están ubicados junto a ríos que son un desfogue de los drenajes de la ciudad. Las viviendas se asientan regularmente sin ningún tipo de ordenamiento, lo que genera caminamientos estrechos e inseguros.

Las primeras construcciones que se realizan como producto de la invasión a un nuevo sitio son de lámina, cartón, plástico y otros materiales precarios. En la medida que se fortalece el asentamiento de la comunidad, se inician construcciones con  paredes de block, piso de torta de concreto y techo de lámina.

Debido a que los terrenos son pequeños (oscilan  entre 20 y 50 mts2) las viviendas son de uno o dos ambientes y, por la necesidad de más espacio, se tiene la tendencia a realizar construcciones en un segundo o tercer nivel.  Generalmente se construye sin asesoría técnica que brinde seguridad en las edificaciones. El peligro mayor se da en las viviendas ubicadas en las laderas y orillas de los barrancos, especialmente cuando se han colocado sobre rellenos.

El proceso de consolidación propicia la dotación de servicios básicos, como agua potable, caminamientos de concreto, electricidad y drenajes de aguas negras, que normalmente caen al fondo de los barrancos. La mayoría no tiene drenajes de agua pluvial, lo cual provoca inundaciones en las viviendas que carecen de protección durante la época de invierno.

4. Marco legal e institucional para atender al sector  vivienda


A medida que se visualiza la creciente demanda de vivienda como consecuencia de las migraciones a la capital, el gobierno obtiene en 1956 el apoyo del Servicio Cooperativo Interamericano de Vivienda de los Estados Unidos, para desarrollar un proyecto de autoconstrucción de vivienda popular en la Colonia Los Cipresales, Zona 6.

Al finalizar este programa, se crea en 1963 el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), el cual desarrolla nuevas urbanizaciones dentro de la Ciudad de Guatemala, entre las que se destaca la Colonia Primero de Julio.

En 1961 se crea el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) para facilitar la construcción de viviendas mediante de cédulas hipotecarias que propician la inversión del sector privado.

El 21 de febrero de 1973 se crea el Banco Nacional de la Vivienda (BANVI) en sustitución del INVI, como entidad bancaria que pudiese generar su propia actividad financiera, en función de la captación de ahorro comunitario para proporcionar vivienda a las personas de menores ingresos.

Como consecuencia del terremoto de 1976, se conformaron 74 asentamientos humanos en el Área Metropolitana, con un promedio de 20,000 familias y 87,000 personas. El Banco Nacional de la Vivienda (BANVI) tuvo una participación preponderante en el proceso de reconstrucción, ya que ejecutó la construcción de aproximadamente 6,000 lotes con servicios en El Amparo, El Limón y otros.

El Comité de Reconstrucción Nacional (CRN) se crea el 18 de marzo de 1976 para apoyar el proceso de reconstrucción. Coordina el traslado de los asentamientos temporales a colonias con urbanización y servicios, como son El Limón, Alameda, La Carolingia, San Juan de Dios, Joyita de San Antonio, Saker-ti, Madre Dormida, El Amparo, Mezquital, Villalobos y otros.

El BANVI en conjunto con SEGEPLAN y el CRN, elaboran los lineamientos para la orientación del proceso institucional de reconstrucción del país.

Se formuló el Plan Integral de Planificación 1977/78, con alcances al año 1982, para 11 cabeceras departamentales y el Área Metropolitana de Guatemala.

Paralelamente se formula el Plan Básico del Proyecto BANVI-BIRF, como proyecto de reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto de 1976, fruto de un préstamo de $20 millones del Banco Mundial, con una contrapartida nacional de Q22.3 millones.

En el Plan Integral de Planificación del BANVI, ya mencionado, se formula la programación para ejecutar 24,314 viviendas en el Área Metropolitana de Guatemala entre los años 1977 a 1982. Como parte de la estrategia financiera, en marzo de 1978 se aprobó un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BICIE) por la suma de Q30 millones para 1,424 viviendas en edificios multifamiliares en Nimajuyú, que fueron ocupadas por 6,204 personas.

A partir de este proceso se estanca el apoyo a los programas habitacionales y desde 1981 a 1995 la inversión del sector público es nula o escasa. El sector privado mantiene un nivel bajo, pero constante, ya que coloca recursos a través del Fondo de Hipotecas Aseguradas (FHA).

A partir de 1985, se establece en la Constitución que el Estado debe fomentar la construcción de viviendas populares por medio de recursos financieros, sin embargo, las asignaciones han sido limitadas. El deterioro se incrementa cuando en 1992 se contempla la liquidación del BANVI por problemas financieros, y se produce un gran vacío para atender al sector.

En 1987 es liquidado el Comité de Reconstrucción Nacional. Posteriormente se crea la Dirección de Asentamientos Humanos y Vivienda (DAHVI), dependiente de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, con el fin de proveer servicios básicos en asentamientos precarios del Área Metropolitana. No obstante su participación ha sido limitada.

Como puede apreciarse, durante la década ochenta y principios de los noventa, la intervención errática e inestable del sector público ha evidenciado la ausencia de políticas y de instituciones eficientes para atender las necesidades de vivienda en los sectores de bajos ingresos.

Esto lleva a una acumulación del déficit habitacional, que de acuerdo con los datos del Vice ministerio de Vivienda y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN), en 1996 se había llegado a 195,000 viviendas en el Departamento de Guatemala y 1.3 millones en todo el país.

En 1996 el Congreso de la República emite la Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos (Decreto No. 120-96), que establece las bases institucionales, técnicas y financieras para garantizar a la población el acceso a la vivienda.

Una de sus debilidades principales radica en la falta de exigencia para incluir servicios básicos de infraestructura en el desarrollo de lotificaciones, o sea que permite las urbanizaciones de lotes sin servicios.

Como mecanismo operativo para apoyar la vivienda popular, se conforma el Fondo Guatemalteco de la Vivienda (FOGUAVI), como un instrumento financiero para dar accesibilidad a una vivienda digna por medio de subsidio a los sectores de menores ingresos.

En esta ley se dan lineamientos para llevar a cabo planes de desarrollo y regulación municipal, protección y saneamiento ambiental y reducción de desastres en coordinación con los municipios y otras instituciones. Para el efecto se contempla la formulación de una Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos.

Los asentamientos precarios del Área Metropolitana resultaron dañados por el Huracán Mitch en 1998, estimándose que unas 6,000 familias fueron afectadas. Para el efecto se trasladó a la población afectada por deslaves o destrucción total de su vivienda a nuevos conjuntos urbanos, ubicados principalmente en la Zona 18, a inmediaciones de la Carretera al Atlántico. A pesar que un alto porcentaje de esas urbanizaciones prometieron la dotación de los servicios básicos, un segmento de las familias trasladadas no cuentan con estos.

En el período 96-99, el gobierno destinó alrededor de 600 millones de quetzales en subsidios, principalmente en el interior del país, para atender a más de 120,000 familias en situación de pobreza, damnificada por el Mitch o desarraigada por el enfrentamiento armado. El subsidio se utilizó en un 48% para la construcción de vivienda en lote propio, 40% para la adquisición de lote y un 12% para mejora o ampliación de vivienda y servicios.

Publicado por: Juan Lopreto

Fuente: Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES)


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