La región es heterogénea debido a diferencias económicas, sociales y ambientales.
La vivienda y la infraestructura constituyen un factor básico para el desarrollo económico, la reducción de la pobreza y precariedad urbana. Por ello se necesita la movilización de recursos del Estado, pero también del sector privado, aseguró el informe Pobreza y precariedad urbana en Latinoamérica y el Caribe: situación actual y financiamiento de políticas y programas.
El estudio, que fue realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y la Corporación Andina de Fomento (CAF), reconoce que “la dificultad para acceder al financiamiento que afecta a una gran parte de la población sigue constituyendo un problema que no ha sido resuelto” en la región.
Dicho obstáculo se debe a factores como el carácter informal e inconstante de los ingresos familiares de los segmentos socioeconómicos medios y bajos, el sesgo en la orientación de políticas crediticias y las regulaciones que privilegian la obtención de garantías de los que solicitan créditos bancarios.
La región es heterogénea de-bido a diferencias económicas, sociales y ambientales, tanto entre los países como al interior de los mismos. Por lo tanto “es necesario que el análisis y, sobre todo, el diseño de políticas tengan en consideración estas desigualdades y busquen soluciones desde un enfoque integral”, explicó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal.
Debido a la miseria, muchas familias viven en lugares peligrosos.
Debido a que cada asentamiento humano presenta realidades diversas, es posible determinar distintas variables de pobreza y precariedad que requieren necesariamente de un marco y de instrumentos de políticas específicos para cada momento y lugar, detalla el informe del organismo regional.
Sin embargo, Enrique García, presidente ejecutivo de la CAF, resalta que las propuestas deben apuntar a mejorar la situación de pobreza y de-sigualdad, reflejo principalmente de la inequidad y exclusión social existentes.
En ese contexto, el análisis sugiere indagar con respecto a mejores prácticas bancarias para que “la población más pobre pueda acceder a los servicios financieros en condiciones igualitarias con el resto de la población”, y que se traduzca en tasas más competitivas y líneas de préstamos dirigidas a aumentar su capacidad productiva y su patrimonio.
Desafortunadamente, el problema se acrecienta, ya que cada minuto 100 personas más se hunden en la pobreza por culpa de la crisis global y sin poder evitarlo, denunció la agencia humanitaria Oxfam, que instó a los países que aglutinan el llamado Grupo de los 20 (G-20) a que emprendan acciones urgentes que contribuyan a remediar dicha situación.
Prioridades
El informe regional recomienda que el financiamiento público-privado en las llamadas viviendas sociales sea orientado en cinco ejes prioritarios de inversión y gestión para evitar una desviación innecesaria e ineficiente de los recursos.
Los citados aspectos son: el mejoramiento de la calidad habitacional y la construcción de las nuevas viviendas; producción y mejoramiento del acceso al suelo; provisión y acceso a servicios básicos de infraestructura; dotación y mejoramiento del espacio público barrial; y provisión de espacios para el desarrollo de actividades productivas y generación de empleo.
Fuente: dca.gob.gt