Por: Jesús Vicioso Hoyo

Al negocio armamentístico se le abre una grieta. La Oficina de Grandes Fraudes de Reino Unido está dispuesta a llevar a los tribunales a la segunda compañía armamentística del mundo por supuestos sobornos con los que consiguió nuevos contratos en Tanzania, Sudáfrica, República Checa y Rumania.

De aprobar un proceso contra la firma acusada, BAE Systems, la Fiscalía General del Estado británico abriría una nueva etapa para los proveedores que se llevan enormes desembolsos de partidas militares en los presupuestos de todos los gobiernos.

La inversión militar movió casi 1.500 billones (miles de millones) de dólares en 2008, un 4% más que el año anterior, según los últimos datos publicados en el informe anual del Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz (SIPRI, por sus siglas en inglés).

En sólo una década, el gasto militar ha aumentado cerca del 45%, hasta alcanzar el 2,4% del PIB global. Casi la mitad del presupuesto total corresponde sólo a Estados Unidos.

Estas cifras demuestran la gran importancia de la inversión que las administraciones reservan para invertir en contiendas militares presentes y futuras.

Una de las mayores partidas es la del gasto en armas; sólo en 2007, los primeros cien fabricantes de material bélico vendieron más de 347.000 millones de dólares. Esto a pesar del gran inventario que acumulan los ejércitos año tras año.

Las cifras demuestran el poder que de las compañías contratistas de defensa, aunque las cifras reales sean superiores, pues la opacidad es una característica del sector armamentístico.

La posible corrupción de BAE Systems abre la caja de Pandora con casos sorprendentes. Por ejemplo, la compañía británica vendió a uno de los países más pobres del mundo, Tanzania, un sistema de control aéreo militar.

El Banco Mundial y Reino Unido bloquearon la misma operación una década antes.  Finalmente se consiguió el contrato, aunque se ocultó que el producto estaba desfasado y que el país africano no tenía aviones militares.

Lo que necesitaban los tanzanos eran un controlador civil, y, sin embargo, le vendieron uno más caro e inservible. Ahora, la Oficina Británica de Grandes Fraudes ha descubierto que, por este negocio, se depositaron doce millones de dólares en la cuenta de un intermediario en un banco suizo.

En la misma línea se mueven el resto de acusaciones hacia el fabricante más grande de Reino Unido, proveedor de clientes de más de un centenar de países.

La inusual acusación que recae sobre BAE Systems rompe con una especie de tradición que mantienen las autoridades políticas, incluso las occidentales.

En 2007, el entonces primer ministro, Tony Blair, paralizó otro proceso judicial contra la misma armamentística por un controvertido contrato con Arabia Saudí.

El líder laborista alegó entonces razones de seguridad nacional. Una excusa recurrente de la que los gobernantes pueden abusar al no haber posibilidad de control abierto. 

Con la crisis económica mundial, los gobiernos han recortado los gastos de sus presupuestos en defensa. Pero no tanto como se esperaba. Algunas empresas no han dejado de presionar en ningún momento a los políticos.

Sin ir más lejos, la primera proveedora de armamento del mundo, Lockheed Martin, donó en enero del presente año 125.000 dólares para las fiestas del nuevo presidente estadounidense, Barack Obama.

La intención, nada filantrópica, era asegurarse el apoyo del recién galardonado Premio Nobel de la Paz para que continuara destinando la gran porción de la tarta presupuestaria que dedica Washington al desembolso militar.

Armas, dinero, seguridad, defensa, guerra y gobiernos, son factores que se combinan de manera que, muchas veces, se den casos de soborno y corrupción.

El negocio que mueven los fabricantes de equipamientos militares es jugoso para aquellos parásitos que critican las partidas que los civiles aportan para la protección de sus derechos básicos. Los gobernantes deben empeñarse en investigar los casos de contratos militares sospechosos.

Lo exige la democracia, el sistema político en el que residen la mayor parte de estas empresas. De lo contrario, se vulnera una tarea esencial de cualquier  Estado de derecho: la búsqueda de la paz.

Fuente: Centro de Colaboraciones Solidarias