La decisión fue tomada por la Sala Constitucional de Costa Rica que ordenó hoy frenar un proyecto que había sido declarado de interés nacional por el gobierno de ese país.
El recurso de amparo fue presentado ayer por presidente de la organización ambientalista Asociación Norte por la Vida (Unovida),Edgardo Araya, en contra de un decreto del Ministerio de Ambiente (MINAE) publicado el pasado viernes, que declara "de interés y conveniencia nacional" el proyecto minero.
Este decreto fue emitido porque según la Ley Forestal el uso de suelo de un área boscosa no puede cambiarse, a menos que el proyecto sea declarado de interés nacional por el Poder Ejecutivo.
Unas 260 hectáreas iban a ser taladas para dar paso a la mina, lo que provocaría un severo impacto a especies como el árbol almendro amarillo, que se encuentra en peligro de extinción y que además provee de su principal alimento a la lapa verde, una bella ave en riesgo de desaparecer.
Edgardo Araya explicó que presentó el recurso debido a que hace algunas semanas la misma Sala Constitucional prohibió la tala del almendro amarillo en todo el país y porque el decreto emitido por el MINAE solo es aplicable para construir infraestructura pública.
Además, afirma que no existen estudios científicos que demuestren que los beneficios socio-económicos de la mina serán mayores a los impactos al ambiente.
Por su parte, representantes de la empresa dijeron que existe un plan de reforestación en la zona, donde se sembrarán hasta diez veces más los árboles que se talen.
La mina, a cargo de la empresa Industrias Infinito, subsidiaria de la canadiense Vanessa Ventures, ha recibido todos los permisos del Gobierno para su funcionamiento, y pretende extraer 700.000 onzas de oro en diez años.
Sin embargo, enfrenta una fuerte oposición de grupos ambientalistas e incluso del Gobierno de Nicaragua que se ha mostrado preocupado por la cercanía de unos kilómetros de la mina con la frontera y con el nicaragüense río San Juan.
El proyecto ha provocado roces entre los Gobiernos de ambos países, pues en junio pasado Nicaragua solicitó mediante una nota diplomática la suspensión del proyecto, algo que Costa Rica calificó como "improcedente" y exigió respeto a las decisiones soberanas.
El pasado 24 de abril, Costa Rica levantó la moratoria a la minería que estaba vigente desde 2002 y en su lugar estableció requisitos que considera suficientes para garantizar el uso sostenible de los suelos y la protección del medio ambiente.
Ese mismo día el Gobierno también decidió autorizar la explotación de oro en la mina.
Fuente: adnmundo.com
