La organización Greenpeace mostró un informe que da cuenta de un crecimiento abrumador de la basura electrónica en el país.

La organización ambientalista denunció que en la Argentina no hay un sistema de gestión ambiental para los residuos electrónicos ni existen leyes que regulen qué hacer, cómo desmontar, ni qué elementos reciclar.

"Es necesario un marco regulatorio de protección ambiental a nivel nacional y regular especialmente la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. De lo contrario seguirán siendo tratados como residuos domiciliarios comunes, con el consiguiente perjuicio ambiental", protestó el senador porteño Daniel Filmus, autor de uno de los dos proyectos de ley.

Los desechos de los equipos de alta complejidad son reciclados por un par de desmontadores que, a su vez, son abastecidos por los servicios técnicos de las marcas internacionales.

'Al no haber un inventario de lo que se está colocando en el mercado se produce una dispersión de aparatos sin ningún control. Además, muchos de los equipos que son colocados en el mercado, tarde o temprano quedan huérfanos de empresas que quiebran, se fusionan con otra empresa o se retiran del país', describió el director político de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga.

Ante la falta de políticas regulatorias muchos de los equipos de informática y telecomunicaciones van a parar a los rellenos sanitarios o a los basurales clandestinos, con consecuencias graves para la gente y el medio ambiente.

En contacto con la humedad algunos de los metales pesados que componen estos equipos (tales como plomo, bromo, mercurio, níquel, cadmio, fósforo), y que son cancerígenos, mutagenéticos (pueden generar mutaciones que pueden convertirse en tumores) o tan tóxicos que pueden conducir a la muerte, van infiltrando los suelos y contaminando las napas de las aguas.

'Muchos de estos contaminantes son de origen industrial pero otros corresponden al post-consumo. De tal forma que cuando cualquiera de nosotros tira un desecho electrónico contamina a otro argentino', se queja el socio gerente de Ecogestionar, Gustavo Protomastro.

Otras veces los cables de las computadoras, celulares, impresoras, teléfonos y monitores son quemados sobre parrillas (como si fueran asado) por mujeres y varones de los sectores de más escasos recursos que, a cambio de trocar el cobre de los cables por dinero, arriesgan su vida con estos "asados de PVC".

Aunque estas prácticas existen, Greenpeace advierte que los métodos utilizados por los sectores informales –"los cartoneros"-- aún no son un problema grave en el país.

De expandirse estas metodologías más cantidad de gente podría sufrir las consecuencias sobre todo porque las ventas por unidades de estos productos crecieron mucho en los últimos años.

La propuesta que hace la organización es implementar un sistema de responsabilidad individual y extendida.

'La responsabilidad individual enseñaría a las empresas a diseñar productos más fáciles de reciclar, con menor cantidad de contaminantes y mayor vida útil' puntualizó Villalonga.

La responsabilidad extendida del productor supondría medidas como el pago sectorial de una tasa municipal a cambio de lo que las empresas de un sector han contaminado.

Ninguno de estos sistemas, como medidas de gobierno, existen en el país. Aunque en la mayor parte de los países de la Unión Europea ya están en marcha.

La solución que hasta ahora se conoce en Argentina para evitar la contaminación con estas sustancias son las plantas en las que se recuperan los componentes de los artefactos electrónicos.

En el país sudamericano, sólo hay dos chatarrerras electrónicas registradas en la Secretaría de Medio Ambiente capaces de producir certificados de gestión sustentable. Luego de a separación de algunos metales preciosos como el cobre, el estaño y el oro, los residuos se envían a Suecia.

Fuente: adnmundo.com