Organizaciones ecologistas junto con alumnos del Liceo Canadiense denunciaron el voto a favor de la caza de ballenas.

Mediante la construcción de una ballena humana, los estudiantes denunciaron el hecho que el Gobierno de Guatemala solicitó formalmente el ingreso a la Comisión Ballenera Internacional (CBI).

La actividad tenia como finalidad solicitar al gobierno de Guatemala que reconsidere su participación ya que las evidencias muestran que existen presiones para que el país vote a favor de autorizar la caza de ballenas, prohibida desde 1986.

El próximo 16 de junio de 2006 se celebra la 58 reunión anual de la Comisión Ballenera Internacional (CBI).  Este año, por primera vez en su historia, Guatemala va a participar en las votaciones que decidirán el futuro de las ballenas en el mundo.  En la reunión de la CBI se esperan fuertes presiones de los intereses balleneros, liderados por Japón, para que algunos países –entre los que se encuentra Guatemala y otros de Centroamérica– voten a favor de volver a autorizar la caza de ballenas, que ha estado prohibida desde 1986. 

La ratificación guatemalteca de la  Convención Internacional para la Regulación de la Caza de la Ballena –que es el paso técnico necesario para participar en la CBI– se realizó bajo fuertes señalamientos de que el Gobierno de Guatemala aprovechó el caos provocado por la tormenta tropical Stan para actuar a espaldas de la población. 
Además, desató una ola de críticas de organizaciones ecologistas locales e internacionales, que denunciaron una serie de hechos escandalosos que involucraban al Congreso, el Ejecutivo y a funcionarios públicos del organismo estatal de pesca. Las acusaciones alcanzan a varios diputados, a los que se señala de haber ocultado deliberadamente información y de incluir veladamente la discusión de dicho tratado en el congreso para evitar la reacción de la opinión pública. 

A finales de septiembre, cuando el presidente del Congreso presentó a los medios de comunicación el estado de cuentas del legislativo, se ocultó la información del viaje realizado por el Diputado Víctor Ramírez a Japón para conocer un supuesto programa de protección de las ballenas.  Por otra parte, la entonces presidenta de la Comisión de Ambiente del Congreso, Lucrecia de Palomo, aseguró a los medios de comunicación que la convención serviría para proteger a estos cetáceos, lo que muestra desconocimiento del asunto o connivencia con los intereses de Japón. 

Junto con lo anterior, la aprobación de la convención se llevó a cabo en una semana de fiesta nacional en la que el Congreso trabajó día y medio, y la propuesta se incluyó a última hora pues estaba fuera de la agenda publicada oficialmente.  Dentro de los involucrados se encuentra el presidente guatemalteco, Oscar Berger, que reconoció ante la prensa haber recibido al embajador japonés para hablar sobre el asunto y mostró su acuerdo con el programa nipón para la caza de ballenas. 

Desde el año 2000 el gobierno de Japón lleva a cabo una estrategia para lograr que la CBI dé por finalizada la moratoria, para lo cual empezó a reclutar países en vías de desarrollo con el fin de que votaran a favor de sus pretensiones.  A finales de la 57ª reunión de la CBI, que finalizó el 24 de junio pasado, Japón anunció que proseguirá y aumentará la caza de ejemplares con "fines científicos", una medida puesta en marcha en 1987 para evadir la veda internacional y abastecer los mercados y restaurantes asiáticos de carne de ballena.

El voto de Guatemala en la CBI podría ser determinante para que la CBI decrete el fin de la moratoria de la caza de ballenas, pues en la actualidad los países reclutados por Japón están equilibrados con aquellos que, dentro de la CBI, abogan por la protección de los cetáceos.  Trópico Verde lleva a cabo una campaña permanente a nivel nacional e internacional para impedir que el voto de Guatemala en la próxima reunión de la CBI favorezca los intereses japoneses.