“Los expertos sostienen que ninguna actividad industrial es tan destructora desde los aspectos ambiental, social y cultural como la minería a cielo abierto...

La intensa explotación minera ha dejado su marca en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos. Los vecinos de las aldeas Ajel, Nueva Esperanza y San José Ixcaniche recuerdan con nostalgia una hermosa montaña, famosa por su biodiversidad, donde se podía ver toda clase de aves y mariposas. Hoy, es un inmenso cráter con escombros contaminados”.

“El pueblo de San Miguel Ixtahuacán ya no es el mismo desde que llegaron los mineros. La mina Marlin de Montana Exploradora es desde hace cinco años la manzana de la discordia. Ha creado tensiones entre los vecinos que apoyan el proyecto y aquellos que lo rechazan. Y entre las mismas familias ha causado divisiones.”

Buscando mejorar su imagen a nivel nacional, Goldcorp ha lanzado a fines del 2008 una intensa campaña propagandista por medio de vallas publicitarias en puntos estratégicos de la Ciudad Capital y carreteras principales del país.

Goldcorp es la compañía minera Canadiense dueña de Montana Exploradora. En esta imagen, a tan solo metros de la salida del aeropuerto internacional La Aurora, una gigantesca valla lee: “Desarrollo trabajo mejor calidad de vida. Para nosotros en Goldcorp, lo valioso es el desarrollo.”

“Una minoría cree que sí ha habido progreso. Pero son aquellos que se han beneficiado con empleo fijo o con trabajos indirectos que genera esa industria.”

“Sin embargo, durante la fase actual de explotación,la mina Marlin sólo genera alrededor de 300 empleos para gente local. Trabajan como choferes de camiones, cocineros en los comedores de la empresa o en el mejoramiento de los caminos.”

“Decían que no iba a suceder nada malo, que lo único que iba a haber era desarrollo y hoy la gente se está dando cuenta de que es todo lo contrario,” explica Delfino Tema, alcalde municipal de Sipakapa.

Irma Leticia Méndez llevaba 13 años viviendo en su casa de la aldea Agel cuando, en el 2006, las paredes de la vivienda se empezaron a rajar. “La compañía dice que es por el motor del molino que tengo para moler el maíz. Pero es por las explosiones,” nos explica.

Entre las problemáticas que han creado más disgusto y división intracomunitaria se encuentra el caso de las casas rajadas. Organizaciones locales han reportado mas de 100 casas con daños estructurales debido a las explosiones que se dan en la mina para separar la roca y cavar túneles.

Sin embargo, como en el caso de Irma Méndez, Montana Exploradora se ha negado rotundamente a aceptar su responsabilidad.

Como toda comunidad adyacente a una mina de metales a cielo abierto, las problemáticas que se dan son siempre las mismas: escasez de agua, contaminación de los ríos y mantos friáticos, problemas respiratorios por el polvo que se crea, deforestación, e incluso contaminación de los cultivos y ganado.

“Cuando hay producción agrícola cerca de una mina, las plantas absorben el cianuro y metales pesados y representan un peligro a la salud humana.”

“Otra de las cosas es que hay mucha contaminación social,” nos cuenta una residente de Agel que prefiere no ser identificada. “Nuestra propia gente se levanta en contra de nosotros. Los que defienden la empresa Montana hasta incluso han querido matarnos. Muchas cosas extrañas han sucedido desde que llegó la mina. Ya no queremos ver todo esto.”

Entre estas “cosas extrañas” que mencionan varios vecinos se encuentran desapariciones y asesinatos violentos de comunitarios que rechazan el proyecto minero. En junio del 2007 apareció el cuerpo decapitado de Pedro Miguel Cinto, “un hombre mayor que vivía cerca de la entrada a la mina y estuvo involucrado en eventos de protesta contra el proyecto.”

María Sebastiana Pérez nos muestra una foto de su hijo, Byron Lionel Bámaca Pérez, quien desapareció en mayo del 2007 junto con su cuñado, Marco Tulio Rodríguez. Los dos hombres se encontraban trabajando para la mina como cocineros y durante un mandado a Quiché, desaparecieron.

“Mi esposo estaba trabajando para la Montana, pero le quitaron el trabajo. Entonces mi hijo fue a pedir que le devolvieran el trabajo a su padre, pero los trabajadores llevaron a mi hijo a Quiché… Y ya nunca regresó. Para mi que se vaya la empresa. Ya nos hicieron mucho daño.”

“El 10 de enero de 2007,(28 líderes comunitarios) acudieron a las oficinas de la empresa minera Montana Exploradora de Guatemala Goldcorp con una petición de diálogo en relación a los graves impactos que sufren las comunidades vecinas por la actividad minera (destrucción de casas, contaminación del agua y del ambiente) y para intentar renegociar el mísero precio que la empresa les dio por sus tierras, cuando les coaccionaron y presionaron a vender la única tierra de que disponían aproximadamente 600 familias, en el lugar en donde actualmente están ubicadas las instalaciones de la mina extrayendo oro valorado en gran cantidad de millones de dólares.”

Ese mismo día se dio un altercado entre comunitarios y miembros de seguridad de la compañía, el cual rompió el dialogo y dio paso a que alrededor de 600 vecinos de aldeas aledañas a la Mina bloquearan las rutas de ingreso por más de diez días. Montana Exploradora reaccionó con ordenes de arresto para siete líderes locales, acusándolos de lesiones, coacción y amenazas.

En diciembre del 2007 finalizó el juicio de los llamados “Goldcorp 7”. Cinco de los acusados fueron absueltos por falta de pruebas mientras Fernando Pérez y Francisco Bámaca fueron condenados a una multa y arresto domiciliario por dos años debido al delito de lesiones. Su caso se encuentra actualmente en estado de apelación.

Francisco Bámaca trabajó cuatro años con Montana Exploradora en relaciones comunitarias y seguridad industrial. A pesar de asegurarnos que no participó en la protesta del 10 de enero, Francisco Bámaca fue incluido en la lista de los siete acusados. Un mes después, en febrero del 2007, miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), del ejército, y algunos encapuchados (presuntamente fuerzas de seguridad privada de la empresa minera), allanaron su casa una madrugada y golpearon a su familia.

“Yo pienso en el futuro de mi familia y en el beneficio de la comunidad. Pero (Montana Exploradora) no quería que yo descubriera lo que ellos quieren hacer,” nos relata Francisco Bámaca.

“Yo estaba muy preocupado por los túneles que están haciendo debajo de la tierra y ellos no querían que lo dijera. Por no estar de acuerdo me despidieron, persiguieron y denunciaron.”

“La mina Marlin en Guatemala, que tiene una meta de producción de 250,000 onzas de oro y 4 millones de onzas de plata anualmente durante su vida productiva, se ha enfrentado a protestas desde que comenzó su construcción en 2004.”

Sin embargo, “se considera que a través de este juicio, lo que esta buscando la empresa es criminalizar y debilitar el movimiento social anti-mina que esta luchando por sus derechos en el municipio de San Miguel Ixtahuacán mientras la empresa minera busca expandirse en la zona.”

El Caso de los Tendidos Eléctricos y las 8 mujeres de Agel
Dicha estrategia de criminalización nuevamente se ha dado este año en San Miguel Ixtahuacán. El juicio de los llamados “Goldcorp 7” ha dejado heridas profundas por sanar entre los actores locales: la mina, los aledaños que la apoyan y los que se oponen.

Han ocurrido nuevas protestas y aún así, la compañía continúa con el mismo papel antagonista rechazando dialogo y procesando judicialmente a gente local. Las perjudicadas son ahora ocho mujeres comunitarias, las cuales tienen orden de captura por haber interrumpido el suministro eléctrico a la mina en junio de este año.

En el 2005, Montana Exploradora instaló cables eléctricos de alta tensión sobre tres comunidades colindantes a la mina. En algunos casos, contratos fueron firmados con los comunitarios para instalar los postes en terrenos privados. Sin embargo, varias personas han reclamado que no se les pidió permiso o que los contratos no han sido respetados.

"Los postes que sostienen los cables de alta tensión están por caerse sobre varias viviendas,” situación obviamente preocupante para varias familias.

Al igual, “El tendido eléctrico de alta tensión provoca enfermedades en la salud por los efectos de la radiación, lo que se convierte en una preocupación de las familias que viven en este lugar,” declaró Javier De León, miembro de la Asociación de Desarrollo Integral de San Miguel Ixtahuacán (ADISMI).

Sin embargo, la principal problemática en cuanto a los tendidos eléctricos tiene que ver con el uso de la tierra en los terrenos privados. “La empresa no me pidió permiso. Ellos simplemente lo pusieron allí”, declara Gregoria Crisanta Pérez, residente de Agel.

Goldcorp reclama que tiene un contrato de arrendamiento con la señora Pérez desde 2004 que les autoriza mantener los postes en su terreno. Sin embargo, Tim Miller, vicepresidente de operaciones para Goldcorp en Centro y Sudamérica, admite que no sabe si Gregoria Pérez realmente firmó el contrato: “No puedo decir exactamente quién lo firmó”.

El 10 de Junio del 2008, Pérez provocó un corto circuito en la línea eléctrica que pasa sobre su casa, causando la interrupción de energía a la mina. A raíz de esto, “unos 150 habitantes de varias comunidades del municipio de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, se declararon en reunión permanente, como medida de protesta a la continuidad de las actividades de la mina Marlin” y se organizaron para apoyar a Pérez.

Tres días después, “llegaron representantes de la mina, con 35 policías nacionales y guardias de seguridad de la empresa… Las mujeres no permitieron el ingreso de técnicos al terreno.

Cuando avanzaron los policías violentamente amenazando con gases lacrimógenos, agrediendo y amenazando a los niños, las mujeres se pusieron enojadas e hicieron una pared humana, que la policía no logro romper.”

“Madre de seis hijos, Pérez dijo que no va a negociar con la empresa hasta que ellos acuerden compensar a las familias por los daños que han recibido.” La reacción de la compañía fue la misma aplicada después del conflicto ocurrido en enero del 2007: Ocho órdenes de captura fueron emitidas inmediatamente contra residentes de Agel, incluyendo a Gregoria Crisanta Pérez.

María Catalina Pérez Hernández, una de las ocho mujeres con órdenes de captura, nos relata: “Nosotros estamos tristes todos los días por tanta mentira de la mina. Hay un miedo para caminar por los problemas que trajo la mina. Nuestra comunidad está ahora muy dividida.”

Crisanta Hernández, también residente de Agel con orden de arresto, comenta: “Estamos bien descontentas, porque nosotras no sabemos que hacer. Estamos desesperadas y tristes porque miramos nuestras viviendas que ya están por caerse encima de nosotros y ya no tenemos a donde ir a vivir…

No queremos que la empresa esté engañando a nuestra gente y creando problemas en nuestras comunidades. Por defender nuestros derechos nos ponen orden de captura. No hemos matado a nadie. Nosotros somos personas decentes.”

Patrocinia Mejía Pérez, también de Agel y una de las ocho acusadas, declara: “No sé porque la empresa viene a exigir a nosotros aquí. ¿Porque ellos vienen con sus policías? Debieron haber hablado con nosotros. Nosotros no llevamos nada de armas ni machetes.

Y los agentes de la PNC bien armados. ¿Como es posible que la empresa trae esos policías contra nosotros? ¿Ese es el agradecimiento que nos está dando la empresa por venderle nuestros terrenos? Sacando su oro y ahora encarcelándonos…

Si nos hubieran contemplado, no nos hubiéramos levantado. Pero como no nos contemplaron a nosotros. ¡No queremos Canadienses que nos vienen a mandar aquí a nuestro terreno! ¡Nosotros somos legítimos Miguelenses!”

“Así como nosotros no podemos entrar al territorio de la mina, no queremos que nadie entre a nuestros terrenos,” nos declara una comunitaria de Agel. “Si van a entrar aquí, es problema de ellos.

Porque en ese momento sí, no vamos a dejar que entren para que saquen sus muestras en los terrenos de la gente. ¡Yo voy a sacar con palo! Disculpe, pero yo no quiero ver a la empresa sacar mas oro aquí en este lado porque ya miramos la consecuencia. Solo nos lleva a la cárcel.”

“Tenemos miedo que nos lleven presas, más que nada por nuestros hijos. También hay otros vecinos que nos quieren hacer daño porque la mina les da empleo o dinero. Pero no importa.

Lo que queremos es que (Montana Exploradora)levante sus postes, que paguen los daños y que la empresa se vaya de este lugar,” comenta otra comunitaria de Agel.

“El Estado ha recuperado su viejo discurso (el enemigo interno) ante el opositor político, el disidente, el que cuestiona el status quo, afirma la filósofa y dirigente social Claudia Samayoa quien sitúa como parteaguas la represión a partir de 2004 contra los movimientos anti Tratado de Libre Comercio y de lucha por el control de los bienes naturales (minería, agua y otros).”

“El aparato de represión, construido para imponer los mega proyectos de explotación de los recursos naturales, por la fuerza, vuelve a activarse en San Marcos. En contubernio, las transnacionales, la prensa, el Ministerio Público y el gobierno de Álvaro Colom, ejecutan una campaña de represión a través de la criminalización de la población. Livingston, San Juan Sacatepéquez, Nueva Linda y otras comunidades son ejemplos del carácter sistemático y planificado de estas campañas.”

“La criminalización de las luchas sociales y populares vuelve a vivirse en algunas comunidades que se organizan, tal y como sucedió durante el conflicto armado interno,” afirma Wendy Méndez, integrante de HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio).

“Durante la guerra interna las organizaciones de mujeres, jóvenes, estudiantes o la Iglesia que se posicionaron contra la represión y contra las políticas de exclusión y de pobreza fueron señaladas como enemigas y al generarse una imagen negativa de sus luchas se permitió el genocidio. El riesgo que corremos es que si existe esa ideología del gobierno, de las autoridades y de los empresarios hacia la resistencia de los pueblos la historia puede volver a repetirse.”

Fuente:MiMundo.org