Guatemala, Deguate.com Publicidad      Contacto     Usuarios Activos: 


HISTORIA

¿Qué buscas hoy?

Los Mayas
Epoca Precolombina
Descubrimiento América
Conquista
Epoca Colonial
Independencia
Símbolos Patrios
Siglo XIX
Siglo XX
Guerra Interna
Siglo XXI
Municipios
Historia del Mundo
  Historia > Siglo XIX

La política agraria liberal en Guatemala

La política agraria y, en general las políticas económicas de los gobiernos liberales, que corresponden a lo que en la historia de América Latina se conoce como la etapa oligárquica-liberal (Bulmer-Thomas: 2011: 120) se implementó en dos fases...

 

 




La política agraria liberal en Guatemala

Publicado el 18 Dic, 2017 - 10:33:35 - Ultima actualización: 18 Dic, 2017 - 17:24:06

La primera, alternada con gobiernos conservadores, que comenzó en 1824, con José Francisco Barrundia como jefe de Estado de Guatemala dentro de la Federación Centroamericana, y que culmina con el derrocamiento del Dr. Mariano Gálvez en 1838. La segunda, que dio inicio en 1871 con el gobierno de Miguel García Granados, concluyó el 20 de octubre de 1944 con el derrocamiento del efímero sucesor de Jorge Ubico.

También te podría interesar:

Surgimiento del cultivo del café en Guatemala

Doña Chonita, el rostro de la moneda de 25 centavos de Guatemala

política agraria liberal en Guatemala

La política agraria y, en general las políticas económicas de los gobiernos liberales, que corresponden a lo que en la historia de América Latina se conoce como la etapa oligárquica-liberal (Bulmer-Thomas: 2011: 120) se implementó en dos fases. La primera, relativamente breve y alternada con gobiernos conservadores, que comenzó en 1824, con José Francisco Barrundia como jefe de Estado de Guatemala dentro de la Federación Centroamericana, y que culmina con el derrocamiento del Dr. Mariano Gálvez en 1838. La segunda, que dio inicio en 1871 con el gobierno de Miguel García Granados, concluyó el 20 de octubre de 1944 con el derrocamiento del efímero sucesor de Jorge Ubico. Este último es también considerado como representativo de otra etapa o modelo de gobiernos latinoamericanos, que es denominada por el autor citado como del caudillismo autoritario.

La política agraria liberal, se caracterizó por lo que Palma y Taracena (2004:65) denominan “el asalto republicano a la tierra estatal, comunal y eclesiástica”. Las más codiciadas eran las tierras ejidales y comunales de los pueblos indígenas, especialmente en la boca costa del Pacífico y de Alta Verapaz, por ser las más apropiadas para el cultivo del café. “Las propiedades de los indios, muy protegidas por la legislación, sobre todo las comunales, representarán la más atractiva atención por parte de los vencedores de la Emancipación. Estando la mayor parte de las tierras indianas repartidas significaron un objetivo demasiado tentador para los menos favorecidos (mestizos y castas) que cebaron en ellas su apetito acaparador de tierras, desposeyendo al indio de todo su sostén económico y forzándole al nivel social de aparcero o peón” (De Solano, 1977; 155-156).


Esa política agraria estuvo compuesta de tres grandes líneas: la entrega de baldíos a terratenientes mestizos y extranjeros; la expropiación de los bienes de la Iglesia Católica; y el despojo de las tierras municipales y comunales.

Ya en la primera fase, mediante la emisión de una serie de disposiciones legales, se dieron los primeros pasos para despojar a las comunidades de sus tierras cultivables. El Decreto de la Asamblea Constituyente del 27 de enero de 1825, al considerar la importancia de la agricultura como fuente de riqueza y que el corto número de propietarios de tierras era una de las causas del retraso, señalaba que “la enajenación de las baldías a precios cómodos y con los plazos equitativos debe aumentar los propietarios y animar la labranza”. Con respecto a los ejidos, indicaba que mantenían “su fuerza y vigor las leyes y disposiciones que arreglan la distribución de terrenos de ejidos a censo enfiteútico, con reconocimiento de ciertos casos que no podrán pasar del 2% del capital que se graduare cuando se adjudiquen a vecinos no propietarios, ni el 3% cuando se adjudiquen a propietarios”. En esa ley y en otra emitida en 1829 persistieron disposiciones relativas a la protección de la propiedad ejidal e incluso a su ampliación, privilegiando en las denuncias de los baldíos a los “comunes de los pueblos” que carecieran de ejidos o los tuvieran insuficientes (Palma y Taracena, 2004: 65, 66 y 72).

Mediante Decreto de La Asamblea Legislativa del 14 de agosto de 1835 se estableció que los ejidos de los pueblos no podían exceder de una legua cuadrada (38 caballerías y 2/3) y si tenían exceso sobre dicha cantidad deberían pagar la contribución territorial aunque no dispusieran de fondos en sus respectivas municipalidades (Palma y Taracena, 2004: 67 y 68), lo que afectó a muchas municipios indígenas que, como ya se vio al abordar la política agraria colonial, aumentaron sus ejidos mediante la compra de tierras baldías a la Corona.

El Decreto de la Asamblea Legislativa del 28 de abril de 1836 autorizó a los gobiernos de los pueblos a vender sus ejidos y las tierras de cofradías. Los usufructuarios de esas tierras mediante censo enfitéutico tendrían preferencia para adquirirlas en propiedad.

Otro Decreto de la Asamblea Legislativa del 13 de agosto de 1836, indica que las disposiciones de los decretos anteriores no tuvieron éxito y que prácticamente nadie había cumplido con los plazos establecidos para las compras de las tierras. Por lo anterior prescribió que se podrían vender a cualquier persona, aun cuando el anterior poseedor ya hubiera construido casa y sembrado la tierra; reiteró la privatización de los ejidos y que en los sucesivo el gobierno no podría ceder terrenos ejidos tanto a los pueblos ya fundados como a los que en adelante se establecieran; y que mientras se enajenaban las tierras ejidales podrían seguir distribuyéndose mediante el censo enfitéutico, pagando los interesados no más de un 2% del valor que se asignare a la tierra (Palma y Taracena: 2004: 67 y 68).

El Decreto del Gobierno del 2 de noviembre de 1837, emitido por Mariano Gálvez, en un intento tardío de reducirla adhesión al movimiento insurgente de Rafael Carrera, dejó sin efecto las normas anteriores, reconociendo el derecho a la propiedad ejidal concedida por las leyes de Indias (Palma y Taracena, 2004: 70).

Sin embargo aún en el período conservador, y en la medida que se extendía el cultivo del café, se imponía la visión liberal y aumentaba la presión sobre las tierras ejidales, especialmente en la bocacosta del Pacífico y en las Verapaces. En un informe enviado en 1858 al Ministro de Gobernación, el corregidor de Retalhuleu afirmaba que los ejidos de los pueblos indígenas eran muy extensos y que solamente cultivaban maíz y frijol, por lo que eran capaces de ocupar una parte muy pequeña de ellos.

Señalaba, como ejemplo, que San Felipe tenía 38 caballerías y cultivaba 1,001 manzanas (15 caballerías) de café, San Francisco Zapotitlán poseía 22 caballerías, Samayac 69 caballerías y San Pablo (Jocopilas) 15 caballerías. Agregaba que en esos inmensos y bien regados valles podría cultivarse el café, “dando pingües resultados” (Cambranes, 1985: 93 y 94). En los citados municipios se continúa cultivando café, pero sus cabeceras municipales, antes dotadas de amplios ejidos, están virtualmente estranguladas por las fincas.

En forma parecida al corregidor opinaba un particular, que en un escrito enviado al Ministro de Gobernación en 1875, argumentaba que los campesinos se conforman con trabajar sus milpas “por lo cual no prosperan ni dejan que los agricultores contribuyan a la riqueza pública” (Cambranes, 1985: 347).

Las comunidades fueron compelidas para que concedieran terrenos a los cultivadores de café. Se les insistía que les beneficiaría el aumento del valor de las tierras y habría fuentes de trabajo. En 1861 el corregidor de Suchitepéquez exponía al Ministro de Gobernación que el “gravamen sobre los repastos de ganado es para beneficio del común, lo mismo que el establecimiento de plantíos de café, que enriquecerán sus terrenos y proporcionarán trabajo lucrativo al propio pueblo” (Cambranes: 1985: 95).

Los indígenas se resistían ante esos argumentos. Ya en 1858, otro corregidor del mismo departamento se había dirigido al ministro, anotando que “los indígenas no quieren dar sus tierras, lo han manifestado de palabras y hechos”, y que si bien lo veía conveniente, señalaba con buen criterio que eso debía hacerse “paulatinamente y con un allanamiento verdadero y pleno de parte de los indios”, pues de otra manera se abriría una “senda de reclamaciones y desaveniencias” (Cambranes, 1980: 97).

En 1858 el Ministro de Gobernación ordenó aplicar la ya citada ley de agosto de 1835, fijando las tarifas que podían cobrar las comunidades por el uso de sus tierras. Por ejemplo, tres reales anuales por cada 100 varas de terreno regable, y medio real anual por repasto de cada animal mayor de un año. Como consecuencia de la imposición de esas medidas, los corregidores informaron de constantes desórdenes, destrucción de plantíos de café y amenazas a cafeteros. “Más de mil indios del lugar denominado El Palmar han formado causa común con los de San Felipe y ha tomado parte en estos atentados”, expresó en 1863 el corregidor de Quetzaltenango (Cambranes, 1980: 98 y 99).

Los campesinos indígenas solicitaron en muchas ocasiones que las autoridades protegieran sus derechos. En un memorial de los comuneros de San Felipe al presidente Rafael Carrera, en febrero de 1864, respaldándose en sólidos argumentos denunciaban: “Hace cerca de nueve años que comenzó a desarrollarse en nuestra región la empresa de café y desde entonces comenzó nuestra lucha con los señores empresarios de este ramo, por razón del curso y tendencias hostiles a nuestros intereses. Bien sabidos son los manejos de los señores cafeteros para llegar a apoderarse de casi la totalidad de nuestros terrenos”. Siendo ellos como los empresarios miembros de una misma Nación, con un mismo gobierno y leyes, se preguntaban si era justo “¿que no teniendo el recurso de grandes capitales para empresas lucrativas, ni el recurso de las artes y la industria, se nos quiera arrebatar nuestro único elemento de vitalidad, lanzándonos de nuestros hogares y tierras, convirtiéndonos a nosotros y a nuestras venideras generaciones, en gentes nómadas, errantes y sin domicilio fijo y sin los vínculos y deberes que engendra el hogar y la propiedad?” (Cambranes, 1980: 101 y 102).

Con la toma del poder por los liberales la ocupación y el despojo de las tierras ejidales se incrementó, así como también aumentaron las protestas de los campesinos. Cambranes recoge numerosos testimonios de la infructuosa defensa que realizaron las comunidades, como la queja que los comuneros de Santa Lucía Cotzumalguapa presentaron el 18 de junio de 1872 ante el presidente Miguel García Granados, aduciendo que el jefe político de Escuintla los obligaba al arrendamiento de terrenos cultivados (Cambranes, 1980: 331 y 332).

En 1873, el jefe político de Escuintla, en una comunicación dirigida al Ministro de Gobernación afirmó que los títulos que respaldaban la propiedad comunal, emitidos en su oportunidad por las autoridades españolas eran “papeluchos viejos e informales” (Cambranes, 346 y 347), con lo que se buscaba desconocer la existencia de derechos previos de las comunidades sobre las tierras que habían ocupado en virtud de la legislación colonial.

En julio de 1873 el jefe político de Quetzaltenango sugirió dar a censo los terrenos ejidales de la Costa Cuca (Cambranes, 1980: 339 y 340). El gobierno resolvió que fueran entregados en propiedad, porque “los que tienen fincas formadas en la Costa Cuca deben ser favorecidos, por ser ellos los que han dado a conocer el valor de esos terrenos”. A través del acuerdo del presidente Barrios del 22 de julio 1873, se autorizó la enajenación de terrenos, calificados como baldíos, de la Costa Cuca y del Palmar (Díaz, 1973: 380).

En agosto de 1873 los indígenas de Santa Lucia Cotzumalguapa pidieron que ya no se concedieran tierras a censo, pues no les quedaba suficiente para sus cultivos; en noviembre de 1873 los comuneros de San Raymundo, departamento de Guatemala se quejaban que la municipalidad había arrendado cuatro caballerías de tierra y ellos se habían “quedado sin una manzana de tierra que cultivar” (Cambranes, 1980: 331 a 354).

En los años siguientes, mediante leyes e incluso circulares dirigidas a los jefes políticos, se forzó a las municipalidades a dar sus tierras en arrendamiento. Por ejemplo, el Decreto Gubernativo del 29 de enero de 1874 obligó a la municipalidad de San Lucas Tolimán, Sololá, a dar 100 caballerías de sus tierras en enfiteusis a la municipalidad de Sololá (cabecera), para que esta los repartiera a entre los vecinos deseosos de sembrar plantaciones de café o caña de azúcar (Díaz, 1973: 380).

Finalmente, el Decreto Gubernativo No. 170, del 8 de enero de 1877, “Ley de Redención de Censos”, consumó lo que un prominente ideólogo del liberalismo, Ignacio Solís, llamó una “reforma radical en la propiedad territorial” (Cambranes, 1980: 326), y fue liquidado el patrimonio ejidal, al permitir la redención de “los capitales representativos del valor del dominio directo de los terrenos concedidos en enfiteusis urbanos o rústicos, correspondientes a todos los municipios de la república” (Díaz, 1973: 382).

El argumento principal, expresado en la parte considerativa del decreto, y que es frecuentemente repetido cuando se trata de promover el desmantelamiento de normas sociales de carácter protector, era que “el contrato de censo enfiteútico, tanto por su origen anticuado, como por las condiciones especiales en que se funda, es una institución que no está en armonía con los principios económicos de la época, por cuyo motivo es conveniente proceder a la redención del dominio directo de los terrenos que en la actualidad están poseídos bajo las estipulaciones del expresado contrato” (Cambranes, 1980: 355).

Aparte de las acciones legales, el expolio de las tierras ejidales provocó acciones violentas de la población indígena. Informes de las autoridades departamentales dan cuenta de incendios de cafetales y de beneficios, de la “dificultad no pequeña de luchar contra la tenaz resistencia de los indios”; de su “carácter díscolo”; y “de grandes alborotos”. La respuesta del gobierno fue movilizar milicianos, para reforzarlas guarniciones y, principalmente, entregar a unas comunidades tierras pertenecientes a otras. En otros casos, de pueblos grandes como Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, se promovía que vecinos de los mismos pueblos pidieran que les vendieran tierras (Cambranes, 1980: 368 y 370).

Para mantener el patrimonio ejidal las comunidades recurrieron a la compra de tierras. La municipalidad de Santo Tomás Chichicastenango adquirió 30 caballerías; la de Santiago Atitlán 35 caballerías; un municipio de Huehuetenango compró 35 caballerías, a 60 pesos cada una. Los vecinos de Totonicapán reunieron 30,000 pesos para comprar la hacienda Molino de Argueta, en jurisdicción de Sololá (Cambranes, 1980: 395 y 396).

En otro orden de ideas, pero estrechamente vinculado con la política agraria y laboral de los gobiernos liberales, en el gobierno de otro de los prohombres del liberalismo guatemalteco, el Doctor Pedro Molina, la Asamblea Legislativa emitió el decreto del 17 de abril de 1830, que obligaba a todos los varones, de entre 15 y 50 años de edad, a trabajar tres días al año en obras públicas o bien pagar dos reales por día (SAT, 2009: 64). El propósito fundamental y evidente de las normas relacionadas con este tipo de tributo, que se mantuvo con variantes hasta 1945, era que la población pobre, especialmente la indígena, no pagara la contribución o impuesto, a efecto de que, ante la imposibilidad o extrema dificultad para hacerlo efectivo, se viera obligada a compensarlo con el trabajo gratuito en las obras públicas, especialmente los caminos.

Publicado por: Pablo Ordoñez

Fuente: La política agraria liberal en Guatemala; Arévalo, Juan José (1998). Despacho Presidencial. Guatemala: Editorial Oscar de León Palacios.

Arévalo, Rafael (1982). Ecce Pericles. Guatemala: Editorial Universitaria.

Asturias, Miguel Angel y González, J. M. (1937). Anales de los Xahil de los indios cakchiqueles. Traducción de la versión francesa inédita del Profesor Georges Reynaud. Guatemala: Tipografía Nacional.

Bauer, Alfonso (1965). Catalogación de leyes y disposiciones de trabajo de Guatemala del período 1872 a 1930. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Facultad de Ciencias Económicas. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala.

Belzunegui, Bernardo (1992). Pensamiento Económico y Reforma Agraria en el Reino de Guatemala 1797-1812. Guatemala: Comisión Interuniversitaria Guatemalteca de Conmemoración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América (CIGDA).

Cabanellas, Guillermo (1997). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo III. Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L.

Cabezas, Horacio (1993). Las Encomiendas. En: Jorge Luján, Director General. Historia General de Guatemala, Tomo II. Guatemala: Asociación de Amigos del País y Fundación para la Cultura y el Desarrollo.

__________ (1993a). Régimen Regulador del Trabajo Indígena. En: Jorge Luján, Director General. Historia General de Guatemala, Tomo II. Guatemala: Asociación de Amigos del País y Fundación para la Cultura y el Desarrollo.

__________ (1993b).Organización Monetaria y Hacendaria. En: Jorge Luján, Director General. Historia General de Guatemala, Tomo II. Guatemala: Asociación de Amigos del País y Fundación para la Cultura y el Desarrollo.

__________ (1993c). Agricultura. En: Jorge Luján, Director General. Historia General de Guatemala, Tomo II. Guatemala: Asociación de Amigos del País y Fundación para la Cultura y el Desarrollo.

__________ (1993d). El Comercio. En: Jorge Luján, Director General. Historia General de Guatemala, Tomo II. Guatemala: Asociación de Amigos del País y Fundación para la Cultura y el Desarrollo.

Cambranes, Julio (1975). Desarrollo económico y social de Guatemala: 1868-85. Guatemala: Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala.

__________ (1985). Café y campesinos en Guatemala, 1853-1897. Guatemala: Editorial Universitaria.

Chinchilla, Ernesto (1961). El ayuntamiento colonial de la ciudad de Guatemala. Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala: Editorial Universitaria.

__________ (1993). El Corregimiento del Valle de Guatemala. En: Luján, Jorge, Director General. Historia General de Guatemala, Tomo II. Guatemala: Asociación de Amigos del País y Fundación para la Cultura y el Desarrollo.

Cortés y Larraz, Pedro (1958). Descripción Geográfico-Moral de la Diócesis de Goathemala. Biblioteca Goathemala de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, Volumen XX. .Guatemala: Tipografía Nacional.

Dosal, Paul (2005). El ascenso de las élites industriales en Guatemala 1871-1994. Guatemala: Fundación Soros y Editorial Piedra Santa.

Díaz, Roberto (1973). Legislación Económica de Guatemala durante la Reforma Liberal. Catálogo. Guatemala: Editorial Universitaria.

Fuentes y Guzmán, Francisco (2012). Recordación Florida. Tomo I. Guatemala: Editorial Universitaria. FUNCEDE (1994). Diagnóstico del Municipio de Cantel. Guatemala: Fundación Centroamericana de Desarrollo.

Gleijeses, Piero (2005). La esperanza rota. La revolución guatemalteca y los Estados Unidos, 1944-1954. Guatemala: Editorial Universitaria.

Grieb, Keneth (1996). Gobierno de Jorge Ubico. En: En: Jorge Luján, Director General. Historia general de Guatemala, Tomo V. Guatemala: Asociación de Amigos del País y Fundación para la Cultura y Desarrollo Guerra-Borges, Alfredo (2006).

Guatemala: 60 años de historia económica. Guatemala: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Universidad de San Carlos de Guatemala.

Hanke, Lewis (1949). La lucha por la justicia en la conquista de América. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

Herrick, Thomas (1974). Desarrollo Económico y Político de Guatemala 1871-1885. Guatemala: Editorial Universitaria de Guatemala – Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA).

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (1947). Bases de la Seguridad Social en Guatemala. Guatemala.

Jones, Chester L. (1980). El trabajo: del mandamiento a la ley contra la vagancia. En: Jorge Luján: Economía de Guatemala 1750-1940. Guatemala: Facultad de Humanidades, Universidad de San Carlos de Guatemala.

__________ (1980). Comunicaciones y servicios públicos. En: Jorge Luján: Economía de Guatemala -1750-1940. Guatemala: Facultad de Humanidades, Universidad de San Carlos de Guatemala

Karlen, Stefan (1996). Orden y Progreso en el Gobierno de Ubico: ¿Realidad o mito? En: historia general de Guatemala, Tomo V. Guatemala: Asociación de Amigos del País y Fundación para la Cultura y Desarrollo.

Kepner, Charles y Jay Soothill (1949). El imperio del banano. Las compañías bananeras contra la soberanía de las naciones del Caribe. México: Ediciones del Caribe.

Konetzke, Richard (1972). América Latina. II. La época colonial. Historia Universal Siglo XXI. México: Siglo XXI Editores.

Lamas, Adolfo (1957). Las cajas de comunidades indígenas. Trimestre Económico, Volumen 24. México: Fondo de Cultura Económica.

López, Mario (1979). Breve historia del movimiento sindical guatemalteco. Guatemala: Editorial Universitaria.

Lovell, George (1990). Conquista y cambio cultural. La sierra de los Cuchumatanes de Guatemala 1500-1821. Antigua Guatemala: Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica.

Luján, Luis (1987). Inicios del dominio español en Indias. Guatemala: Editorial Universitaria.

Lutz, Christopher (2006). Santiago de Guatemala. Historia Social y Económica 1541-1773. Guatemala: Editorial Universitaria.

MacLeod, Murdo (1980). Historia socio-económica de la América Central Española 1520-1720. Guatemala: Editorial Piedra Santa.

Mariñas, Luis (1958). Las Constituciones de Guatemala. Madrid: Instituto de Estudios Políticos.

Martínez, Severo (1994). La Patria del Criollo. México D.F.: Ediciones en Marcha.

Mayén, Guisela (1987). Tzute y jerarquía en Sololá. Guatemala: Ediciones del Museo Ixchel.

Meléndez, Carlos (1974). La Ilustración en el Antiguo Reino de Guatemala. San José de Costa Rica: Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA).

Ochoa, Carlo (2013).Alcaldías indígenas. Diez años después de su reconocimiento por el Estado de Guatemala, Tomo I. Guatemala: Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES).

Palma, Gustavo (1993). La administración político-territorial en Guatemala. Una aproximación histórica. Guatemala: Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas, Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala.

__________ Y Arturo Taracena (2004). Apuntes generales sobre el proceso de desarrollo histórico de Guatemala relacionado con la generación de la riqueza. En: Cambios en la Tenencia de la Tierra. Guatemala: PNUD.- Palomo, Beatriz (1993). La Esclavitud Negra. En: Jorge Luján, Director General. Historia General de Guatemala, Tomo II. Guatemala: Asociación de Amigos del País y Fundación para la Cultura y el Desarrollo.

Pardo, Joaquín (1978). Miscelánea Histórica. Guatemala: Editorial Universitaria.

Piedra-Santa, Rafael (1981). Introducción a los problemas Económicos de Guatemala. Guatemala: Editorial Universitaria.

Piel, Jean (1995). El departamento del Quiché bajo la dictadura liberal (1880-1920). Guatemala: FLACSO-CEMCA.

Piketty, Thomas (2014). El capital en el siglo XXI. México: Fondo de Cultura Económica.

Quiñónez, José (s.f). Directorio general de la república de Guatemala. Guatemala: 1944.

Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española (23ª. ed). [en línea] recuperado de: http://dle.rae. es/?w=boh%C3%ADo&m=form&o=h

Real Consulado de Comercio (1967). Apuntamientos sobre la agricultura y comercio del Reyno de Guatemala. En: La economía del Reino de Guatemala al final de la época colonial. Cátedra de Cultura. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala.

Rubio, Manuel (1973). Comercio terrestre de y entre las provincias de Centroamérica. Guatemala: Editorial del Ejército.

Schneider, Ronald (1959) Comunismo en Latinoamérica: el caso de Guatemala. Buenos Aires: Editorial Ágora.

Tischler, Sergio (2001). Guatemala 1944: Crisis y Revolución o Caso y Quiebre de una Forma Estatal. Guatemala: F & Editores.

Sabino, Carlos (2007). Guatemala, la historia silenciada (1944-1989). Tomo I. Revolución y Liberación. Guatemala: Fondo de Cultura Económica.

(2013). Tiempos de Jorge Ubico en Guatemala y el mundo. Guatemala: Fondo de Cultura Económica. Samayoa, Héctor (1962). Los gremios de artesanos en la ciudad de Guatemala. Guatemala: Editorial Universitaria.

Sherman, William (1987). El trabajo forzoso en América Central Siglo XVI. Seminario de Integración Social. Guatemala: Tipografía Nacional.

Solano, Francisco de (1977). Tierra y Sociedad en el Reino de Guatemala. Guatemala: Editorial Universitaria.

Superintendencia de Administración Tributaria (SAT 2009). Historia de la Tributación en Guatemala. Desde los mayas hasta la actualidad. Guatemala: SAT.

Wagner, Regina (1991). Los alemanes en Guatemala 1828-1944. Guatemala: Asociación de Educación y Cultura “Alejandro Von Humboldt”

__________ (1994). Historia social y económica de Guatemala 1594-1900. Guatemala: Asociación de Investigación y Estudios Sociales.

Witzel, Renate (s.f). Más de 100 años del movimiento obrero urbano en Guatemala. Artesanos y obreros en el período liberal (1877-1944), Tomo I. Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Guatemala: Editorial Piedra Santa.

__________ (s.f.a) Más de 100 años del movimiento obrero urbano en Guatemala. El protagonismo sindical en la construcción de la democracia (1944-1954), Tomo II. Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Guatemala: Editorial Piedra Santa.

Zavala, Silvio (1967). Contribución a la historia de las instituciones coloniales en Guatemala. Colección Estudios Universitarios. Guatemala: Editorial Universitaria.


Comentarios ¿Qué opinas? ¡Deja un comentario!



Renuncia: El contenido en Deguate.com es para propósitos informativos únicamente. No somos expertos, ni pretendemos serlo. Muchos de los artículos publicados en nuestro sitio son basados en opiniones y deben ser tomados como tales. No somos responsables por las decisiones que los usuarios tomen basados en el contenido de Deguate.com. Por favor investigue a fondo antes de aceptar cualquier información como un hecho.

Loading...


Ultimas publicaciones en:
Siglo XIX
Concepción Ramírez, la señora que aparece en moneda de 25 centavos, recibirá pensión vitalicia
El principio de la industria en Guatemala
La política agraria liberal en Guatemala
Surgimiento del cultivo del café en Guatemala
Historia del Sistema Penitenciario de Guatemala
Los departamentos y la construcción del territorio nacional en Guatemala 1825-2002
Historia de la Marimba







Comentarios

ComentariosNota: los comentarios aquí expresados son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de este medio. Deguate.com se reserva el derecho de eliminar cualquier mensaje que considere inapropiado sin previo aviso.




DIRECTORIO COMERCIAL



Registre su empresa

 

También te puede interesar...


Cómo robarle un beso a una chica con 3 simples preguntas

Angel González, el fantasma que quita y pone gobiernos en Guatemala

La colección de carros de Otto Pérez Jr.

Aprende a decir Te Amo en todos los idiomas
       

Lindos piropos para hacer sonreir a una chica desconocida

Devel Sixteen, el auto más bestial del mundo con 5,000 caballos de fuerza!

Impresionante motocicleta con motor Ferrari

Conoce a las amantes más famosas de la historia

Directorio Comercial:
 


Copyright © deguate.com - Todos los derechos reservados

Política de Privacidad  -  Política de Cookies

Guatemala

  

Correspondencia, sugerencias, informaciones a: [email protected] 
deGUATE.com no está afiliado al Gobierno de Guatemala, es una entidad comercial.