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El trabajo en el período oligárquico liberal

La mano de obra que requería la producción de café no fue facilitada a través del funcionamiento de un mercado de trabajo donde la libertad de contratación fuera uno de sus rasgos característicos, en congruencia con el credo liberal que inspiró la Constitución de la República Federal de Centroamérica...

 

 




El trabajo en el período oligárquico liberal

Publicado el 20 Dic, 2017 - 15:20:20 - Ultima actualización: 20 Dic, 2017 - 17:37:13

La mano de obra que requería la producción de café no fue facilitada a través del funcionamiento de un mercado de trabajo donde la libertad de contratación fuera uno de sus rasgos característicos, en congruencia con el credo liberal que inspiró la Constitución de la República Federal de Centroamérica (1824) “en lo ideológico se ajusta al más puro liberalismo” (Mariñas, 1958: 70) y la Constitución Política del Estado de Guatemala (1825), así como la Ley Constitutiva de la República de Guatemala (1879), emitida en pleno apogeo de la dictadura liberal.

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En el artículo 16 de la Constitución de 1879 se proclama que las autoridades están instituidas para mantener a los habitantes en el goce de la libertad, la igualdad y la seguridad. Sin embargo, el artículo 29 dejó abierta la puerta al trabajo obligatorio, cuando señalaba que “todo servicio que no deba prestarse de un modo gratuito en virtud de ley, o de sentencia fundada en ley, debe ser justamente remunerado”.

Chester Lloyd Jones(1881-1941) considera que la “política de los liberales hacia los indígenas no fue, ni en los años siguientes al establecimiento de su control ni en lo sucesivo, ni sombra de lo que podía esperarse por el nombre del partido y por sus declaraciones en favor de la libertad. Los primeros líderes liberales, incluido Barrios, veían en los indígenas a una raza inferior que podía ser legítimamente obligada a hacer todo trabajo duro que fuese necesario. Los liberales cruelmente desalojaron a veces a los indígenas de sus heredades, haciéndoles depender más y más de empleos como los que podían ofrecerles finqueros. Todo indica que la política liberal hacia los indígenas ha estado lejos de ser liberal” (Jones, 1980: 37).


El Lic. Alfonso Bauer Paiz elaboró una “Catalogación de leyes y disposiciones de trabajo en Guatemala del período 1872 a 1930”, publicada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Facultad de Economía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que contiene una detallada descripción de las normas relacionadas con el trabajo, emitidas a lo largo de casi 60 años por los gobiernos liberales.

La primera disposición a que hace referencia es una circular de Justo Rufino Barrios, del 3 de noviembre de 1876, dirigida a los jefes políticos departamentales, en donde se les reitera que deben prestar “su más eficiente cooperación para que los mozos cumplan estrictamente su obligación de trabajar en las fincas de los patronos”, que es señalada por el jurista como una “circular que resucita los mandamientos” coloniales (Bauer, 1965: 1).

El 12 de agosto de 1892 el Secretario de Fomento dirigió una nueva circular a los jefes políticos, en la que comunicaba el restablecimiento de las “órdenes para mandamientos de mozos”, a partir del 1º de septiembre de ese año, debiendo observar, entre otras, las siguientes reglas: evitar el abuso en las concesiones, haciéndolas en términos de equidad según las necesidades de los agricultores; que a los jornaleros se les dé el buen trato que deben recibir los mozos colonos o rancheros; que los días de ida y vuelta se les abone el dinero de costumbre en el pueblo de donde fueran originarios; que las habilitaciones fueran de un valor equivalente al de 30 jornales por lo menos, sin perjuicio de que los mozos aceptaran cantidades mayores; que las obligaciones mutuas de propietarios y mozos se asentarían en un libro especial, especificando el nombre, apellidos y denominación del cantón o paraje de donde fueran originarios.

Se otorgaban amplias facultades a los jefes políticos para la aplicación discrecional del contenido de la circular, en el caso de que “las circunstancias locales del Departamento al mando de Ud. fuere conveniente hacer ligeras variaciones”, recomendando “la mayor prudencia, para que sea lo menos enojoso posible el procedimiento” (Bauer, 1965: 107).

El 19 de noviembre de 1893 se envía otra circular a los citados funcionarios, sobre la concesión de mandamientos de mozos, que debían distribuirse equitativamente entre los dueños de fincas del respectivo departamento (Bauer, 1965: 2)

En la circular del 12 de agosto de 1903 se reconoce lo miserable de los salarios y se fija, a partir del 1 de septiembre de 1903 un jornal en el campo de 12 reales diarios, sin descuento alguno. Una circular del 19 de septiembre exceptúa a los colonos y a los mozos habilitados con anterioridad, o que voluntariamente lo fueren después, aceptando la libertad de precios en los contratos de trabajo (Bauer, 1965:2).

En su mensaje a la asamblea legislativa del 1 de marzo de 1909, Manuel Estrada Cabrera informó que ante la abundante cosecha de café se hizo sentir la escasez de brazos, y para evitar el perjuicio que podrían sufrir los propietarios y el país, “el Gobierno creyó de su deber acudir a remediar el mal, y al efecto dio las correspondientes instrucciones a las autoridades departamentales, para que suministrasen a los finqueros, los operarios de que hubiere necesidad” (Bauer, 1965:3).

Primer Reglamento de Jornaleros de 1877

El 3 de abril de 1877 el presidente Barrios emitió el Decreto Número 177 (Reglamento de Jornaleros) que constituye la primera ley laboral del período oligárquico-exportador, la cual no confiere algún derecho que pueda considerarse relevante a los jornaleros, pues su propósito es favorecer los intereses de los finqueros y garantizarles el acceso a una mano de obra forzada y virtualmente gratuita.

El artículo 1º define como patrono al dueño o arrendatario de una finca rural y entre las obligaciones de este o de sus agentes (Artículo 4º), la de llevar un registro o cuenta corriente para asentar el debe y haber de cada jornalero, lo que también se anotaría en el libro que cada jornalero debía conservar; la de permitir a sus colonos buscar trabajo en otra finca, cuando no hubiera en la propia; y la prohibición de dar anticipos a un colono de otra finca, aunque trabajara con el permiso escrito de su patrón. El artículo 8º prohibía castigar a los colonos o jornaleros por faltas cometidas en la finca.

Los jornaleros eran clasificados en tres “especies”:
  • Colono: era el que se comprometía a residir o a trabajar en una finca, pudiendo contratarse por un plazo que no podía exceder de cuatro años, pero no podía retirarse de la finca hasta no estar solvente con el patrón (Artículos 16 y 17). En el caso de que el patrón no estuviera obligado a suministrarle alimentos y no pudiera obtenerlos, ya fuera por escasez o precio muy elevado, podía retirarse de la finca antes de la finalización de su contrato, salvo que el patrón “se los proporcionara a precios cómodos” (Artículo 20).

  • Jornaleros habilitados: el que recibía dinero anticipado, obligándose a pagarlo con su trabajo, pudiendo retirarse de la finca cuando no estuviere concertado (contratado) por tiempo determinado, siempre que pagara el anticipo.

  • Jornaleros no habilitados: los que se comprometen a trabajar sin recibir anticipo.
Las autoridades competentes eran los jefes políticos, gobernadores de los pueblos, alcaldes municipales o jueces de paz y preventivos y los alcaldes auxiliares.

En su artículo 31 la ley oficializa el mandamiento, al indicar que “cuando algún particular desee para sus trabajos un mandamiento de jornaleros, deberá solicitarlo del Jefe Político”. Dicho funcionario designaría al pueblo que debía proporcionarlo, y que en ningún caso excederá de 60 el número de jornaleros de cada mandamiento. La municipalidad respectiva recibiría medio real por jornalero, cuando el mandamiento fuera de 8 o 15 días; y un real cuando tuviera una duración de más de 15 días. Cuando las labores se realizaban dentro del departamento, los mandamientos podían pedirse por 8 y 15 días, y por un mes si las tareas se realizaban en otro departamento. En este caso el patrón abonaría dos reales por cada 10 leguas de ida y ninguna cantidad por el viaje de regreso. Esta práctica es también similar a la utilizada en el repartimiento colonial.

Entre las obligaciones de las autoridades competentes el artículo 38 incluía la de administrar pronta y cumplida justicia, en caso de contención o desacuerdo entre el patrón y el colono o jornalero, y perseguir a los deudores fraudulentos por habilitaciones recibidas de diversos patrones, remitiéndolos a la finca del patrón que hubiera acudido a la autoridad, remitiéndolos a los diversos patrones por el orden que hubieran presentado su reclamo. Debían también autorizar a los dueños de fincas que ofrecieran “las garantías convenientes”, para habilitar una pieza o encierro para asegurar a cualquier que cometiera delito o falta, mientras se le ponía a disposición de la autoridad.

Los gastos que se originaran de las acciones para obligar al jornalero a cumplir con sus obligaciones serían pagados por el patrón, a cargo del jornalero, anotándolos en su libreto y en su cuenta (Artículo 39).

Las obligaciones de los patrones con respecto a los trabajadores se limitaban a darles “una alimentación sana y abundante, cuando en virtud del contrato estuviera obligado a suministrarla” (Artículo 9º), a establecer una escuela de primeras letras dominical o nocturna, en la finca donde hubiere más de 10 familias, y diaria cuando no hubiese población inmediata o esta careciera de escuela.

Se establecían sanciones para los funcionarios que no cumplieran con las obligaciones prescritas en el reglamento.

Por ejemplo, el secretario municipal que no llevara el registro de los mandamientos de su municipio, sería destituido del cargo y pagaría una multa de 20 pesos. También se impondría una multa no menor de 10 pesos ni mayor de 25 al comandante local que, con el pretexto que eran militares, se opusiera al enganche voluntario de jornaleros. Los jefes políticos o jueces de paz podrían imponer multas desde cinco hasta 25 pesos a los gobernadores, alcaldes, jueces de paz y alcaldes auxiliares que no cumplieran con sus obligaciones. Todas las multas que se impusieran integrarían el fondo de caminos, y las autoridades municipales debían remitir mensualmente, a la jefatura política, los montos percibidos por dicho concepto (Bauer, 1965: 86 – 90).

La abolición de los mandamientos

Jones (1980: 41) menciona un decreto u orden de Justo Rufino Barrios, emitida el de junio de 1878, en donde se indicaba que, en tanto no se declarara lo contrario, no se debería utilizar el mandamiento para asegurar la disponibilidad de mano de obra. Agrega que ese decreto no aparece en la recopilación de leyes (la catalogación de leyes de Bauer Paiz tampoco lo menciona) y que “la adopción del espíritu de tal ley no fue ni inmediata ni general”.

Mediante Decreto número 471, emitido el 23 de octubre de 1893, el presidente José María Reina Barrios abolió los mandamientos de jornaleros a partir del 15 de marzo 1894.

En la parte considerativa del decreto se indica que las autoridades estaban instituidas para mantener en los habitantes en el goce de sus derechos, que son la libertad, la igualdad y la seguridad de las personas; y se reconoce implícitamente que el trabajo obligatorio era impuesto solamente a los indígenas.

Afirma que el ensanche y desarrollo de las empresas agrícolas así como “el amor al trabajo y el deseo de proporcionarse un bienestar, que se ha venido despertando en todas las clases sociales, ha hecho desaparecer las razones que se tuvieron” para dictar la ley de 1877.

Agrega que uno de los propósitos del gobierno “es el de emancipar al indio del estado de postración en el que se encuentra”; que se propone “dictar medidas eficaces para seguir protegiendo a la agricultura” y que es un deber de todo ciudadano “contribuir con sus servicios personales convenientemente remunerados a la satisfacción de las necesidades de la Nación”.

Por consiguiente, de acuerdo al artículo 2º se declara que el “el trabajo en favor de los particulares será libre”. Quedaban liberados del trabajo obligatorio en beneficio de los finqueros, pero se les forzaba a trabajar gratuitamente en las obras públicas, al incorporarlos a las compañías de zapadores.

La Ley de Trabajadores de 1894

El 14 de febrero de 1894 el presidente José María Reina Barrios emitió el Decreto número 486, que contiene la Ley de Trabajadores, sustituyendo el Reglamento de Jornaleros.

En el primer considerando se indica que suprimida la ley de mandamientos (el citado reglamento) es “un tributo ineludible a los fueros de la humanidad y a los principios de la civilización moderna, es necesario estimular el trabajo, evitar la vagancia y alejar los peligros que pudiera correr la agricultura si no se impusieran deberes al proletariado y no se procurase establecer regularidad en las relaciones del trabajador con los hacendados”.

En los siguientes considerandos se indica que la ley derogada dio lugar a abusos y “creó graves vicios que es preciso extirpar, y desórdenes lo mismo en las clases proletarias, que en los encargados de dirigirlas”; y que las autoridades sabían “que el trabajo en una sociedad libre no debe reglamentarse, sino dejar a la espontaneidad individual las condiciones de oferta y demanda”, pero que se hacía necesario “dictar trámites que allanen el período de transición que sufre el trabajo y el paso del estado coactivo al de acción independiente”.

La preocupación por los fueros de la humanidad y el trabajo en una sociedad libre queda relegada en el cuerpo normativo, que es similar al Reglamento de 1877, con excepción de las disposiciones relacionadas con los mandamientos de trabajadores. Sin embargo, en el artículo 32 hace referencia a que “por llamamiento o a solicitud de patrón (no indica dirigida a quien) llegarán jornaleros a trabajar en una finca desde larga distancia”, y si no estuviera convenido algún pago por los días de viaje, tendrían derecho a cobrar el salario diario por cada día utilizado.

Respecto a las obligaciones de los patronos, señalaba la de proporcionar a los colonos “una habitación sana” o los materiales para que la construyesen, en tanto que el reglamento solo mencionaba la de facilitar vivienda de teja o pajiza; instalar una escuela cuando residieran en la finca 20 niños hábiles para recibir educación y no hubiere pueblo a una legua de distancia.

Reduce a dos las categorías de trabajadores: colonos con residencia permanente en la finca y jornaleros. Exceptúa del servicio militar a los jornaleros mayores de 16 años, habilitados con más de 30 pesos, que comprueben con sus boletas y certificaciones que trabajan en fincas de café, caña de azúcar y cacao, o en plantaciones de banano de gran escala.

Para el cumplimiento de la ley establece los Jueces de Agricultura, quedando a cargo de quienes los solicitaran el pago de su instalación y funcionamiento (Bauer, 1965: 111 - 116).

Nueva Ley de Trabajadores de 1894

El 27 de abril de 1894 la Asamblea Legislativa emitió el Decreto Número 243, que modifica el Decreto Número 486 del presidente de la República, emitido dos meses antes.

En el artículo 3º establece las obligaciones de sus patrones o agentes, que en su mayor parte se refieren a los procedimientos para el control de los pagos y periodos de trabajo de los colonos y jornaleros; a facilitar un libreto a cada colono donde se asentarían semanalmente las cantidades que recibiera y abonara; la prohibición de hacer anticipos a colonos de otras fincas; la obligación de proporcionar a los colonos y jornaleros una alimentación sana y suficiente cuando el contrato así lo determinare; a facilitar medicamentos y asistencia a sus colonos y familiares en caso de enfermedad, y a los jornaleros “que no pudieran marchar al punto donde residan”; a establecer una escuela de primeras letras dominical y nocturna para niños mayores de 11 años, en las fincas donde hubieran más de 10 familias; y diaria, ya fuera nocturna o diurna, para los niños de 6 a 12, si no hubiera población inmediata o finca que estuviera establecida.

El artículo 8 indicaba que si el patrón se negara a extender la solvencia al colono o jornalero, estos podrían recurrir a la autoridad respectiva para que se les extendiera basada en lo anotado en la libreta.

El artículo 15 facultaba a sus patronos, encargados o agentes a perseguir a sus trabajadores fraudulentos que no hubieran cumplidos sus compromisos. Las autoridades debían expedir las órdenes de captura y facilitarla, a efecto de que una vez aprehendido fuera devuelto a la finca o remitido a la compañía de zapadores para que desquitara la deuda. Todos los gastos ocasionados por la captura, según indicaba el artículo 16, serían a cuenta del prófugo, cargándolos a sus respectivas libretas.

Mantenía las dos clases de trabajadores del Decreto Número 486 (Artículo 18): Colonos con residencia en una finca y jornaleros “por más o menos tiempo”. La categoría de colono incluía a los arrendatarios de terreno de una finca (Artículo 19),si alquilaban con la condición de trabajar en ella o, si no estuviera estipulado en el contrato, esa fuera la costumbre del lugar.

Respecto a los jornaleros, debían cumplir con las obligaciones estipuladas al momento de recibir anticipos, y se les prohibía abandonar la finca antes de cumplir con el plazo de trabajo contratado (Artículo 26 y 27). Cuando no se hiciera convenio específico de los días de viaje, los jornaleros tendrían derecho a cobrar el equivalente del salario de un día por cada 10 leguas de viaje desde su lugar de origen a la finca.

Con respecto a la prestación de servicio militar y de zapadores, quedaban exentos los jornaleros mayores de 18 años, que comprobaran estar habilitados por más de 30 pesos, haber presentado su libreta y certificación extendida por su patrono, siempre que trabajaran en fincas de café, caña, cacao, banano en gran escala; los colonos habilitados con más de 15 pesos; los indígenas que paguen en la administración de rentas la suma de 15 pesos anuales; los que poseyeran bienes afectos a la contribución de bienes e inmuebles; los que supieran leer y escribir; y los que presentaran un libreto donde constara que tenían compromiso de servir por lo menos tres meses en fincas de la clase antes citada (Artículo 32).

Para velar por el cumplimiento de la ley se establecían jueces de agricultura en los lugares que el Ejecutivo considerase conveniente. Los reclamos entre patrones y jornaleros se ventilarían ante dichos jueces y, en su ausencia ante los alcaldes, jueces municipales, jueces de paz, comisionados políticos y jefes políticos. Las resoluciones de las autoridades diferentes a los jefes políticos podrían ser impugnadas ante estos funcionarios (Artículos 38 y 39).

A diferencia del Decreto Número 486, donde el propietario podría solicitarla designación de un alcalde auxiliar, se ordenaba que en las fincas donde existieran por lo menos 10 familias se nombrara un alcalde auxiliar, escogido entre las cinco personas propuestas por el propietario (Artículo 40). En las fincas donde no hubiera alcalde auxiliar, los patrones estaban autorizados para detener “a sus trabajadores delincuentes” y entregarlos a la autoridad del lugar inmediato (Artículo 41).

En cada municipalidad el alcalde, el juez de agricultura o juez de paz estaban obligados a llevar un libro o registro donde constara el nombre de todos los trabajadores de la jurisdicción, haciendo constar si eran originarios o no de dicha jurisdicción (Artículo 43).

En caso se comprobara fuga de algún trabajador habilitado y este hubiera sufrido 15 o más días de prisión sin que fuera posible el pago o arreglo convencional para solventarla deuda, la autoridad lo remitiría a la Compañía de Zapadores, salvo que el patrón estuviera dispuesto a tomarlo de nuevo. En caso contrario, de lo que devengara en la compañía se destinaría el 50% para alimentación y otros gastos del trabajador, y el otro 50% para cubrirla deuda que tenía con el patrono (Bauer, 1965: 123 -128).

El Acuerdo Gubernativo del 16 de julio de 1900 indica que “para promover, ensanchar y proteger la industria agrícola se establecen Juntas de Agricultura en cada cabecera departamental, con cinco integrantes designados por acuerdo gubernativo a propuesta del Jefe Político”. Entre sus atribuciones (Artículo 5º) les correspondía dictaminar en todas las cuestiones contenciosas de jornaleros que pendan ante las autoridades; y cuidar porque se cumplan las leyes de jornaleros y de inmigración, denunciando las irregularidades que se noten (Bauer, 1965: 9).

El 28 de febrero de 1909 fue emitido el Reglamento de Jueces de Agricultura, relativo a las funciones de dichos jueces, cuya creación estaba contemplada en el artículo 40 de la Ley de Trabajadores. Para ensayar el funcionamiento de esos juzgados se nombraron dos para el departamento de Alta Verapaz, según indicó el presidente Manuel Estrada Cabrera en su informe de gobierno presentado el 1 de marzo de 1909 (Bauer, 1965: 6).

Por Acuerdo Gubernativo del 29 de marzo de 1921 se modificó el acuerdo del 16 de julio de 1900, precisando que el objeto general de las juntas era representar los intereses de los agricultores y “procurar la buena armonía entre patronos y trabajadores, arbitrando en sus diferencias cuando los inspectores de distrito no hubieren podido ponerlos de acuerdo cuidar por el cumplimiento de la Ley de Trabajadores”. El número de integrantes se reduce a cuatro titulares y cuatro suplentes, siempre nombrados a propuesta del jefe político (Bauer, 1965: 9).

Prohibición de venta o canje de mozos

El Decreto Gubernativo Número 657 del 21 de febrero de 1906, al considerar que habían resultado ineficaces las varias disposiciones dictadas en diferentes épocas, y por ser una práctica atentatoria contra la dignidad humana, “toda vez que los jornaleros no pueden ser materia de contrato ni deben ser estimados como cosas puestas al comercio de los hombres, sin perjuicio de la locación de servicios personales”, se declararon “nulos y sin ningún valor los convenios que se celebren entre propietarios o administradores de fincas para el canje o venta de mozos” (Bauer, 1965: 5).

Prohibición de las habilitaciones

El Decreto Legislativo Número 1995, del 7 de mayo de 1936, prohibió que se proporcionaran anticipos a los mozos colonos y a los jornaleros de las fincas. Aparentemente se erradicaba el peonaje por deudas, pero al día siguiente fue emitida la Ley contra la Vagancia, que mantuvo y fortaleció el régimen de trabajo forzoso.

Ley contra la Vagancia de 1878

El propósito fundamental y evidente de las normas orientadas a impedir y castigarla vagancia era obligar a la población pobre, especialmente la indígena, a vender su fuerza de trabajo en las fincas de café, aun cuando fueran propietarios de mínimas extensiones de tierra y, en caso contrario, trabajar de manera gratuita o casi gratuita, en las obras públicas, particularmente en la construcción de caminos.

Argumentando que la vagancia era un hecho punible, que como tal ha sido comprendida por los pueblos civilizados, y que no era aceptable que bajo pretextos de invalidez “se guarezca la impunidad de los vagos”, el presidente Justo Rufino Barrios emitió el 14 de septiembre de 1878 el Decreto Número 222, en cuyo artículo 1º se indicaba que serían considerados vagos, entre otros, “los que no tienen profesión, oficio, renta, sueldo, ocupación o medios lícitos de que vivir”; y los que teniéndolo no trabajen habitualmente en ellos “y no se les conozca otros medios lícitos de adquirir la subsistencia”.

Los jefes políticos deberían abrir un libro para registrar a las personas de ambos sexos que se hallaren en la absoluta necesidad de recurrir a la beneficencia pública para su subsistencia, quienes se someterían a un examen médico recibiendo, en su caso, una patente de invalidez (Artículo 3º).

Los jueces de paz o los alcaldes municipales en su defecto, al tener información de que una persona hubiera caído en la vagancia, la llamarían para amonestarla y darle un plazo no menor de ocho ni mayor de 15 días para que comprobara estar dedicada a una actividad lícita, dejando constancia de la amonestación (Artículo 7º).

Aquellos que no tuvieran alguna de las circunstancias agravantes contempladas en la ley (como ebriedad consuetudinaria), serían declarados simplemente vagos y condenados por primera vez a una pena de 40 días de trabajo en los talleres del gobierno, casas de corrección, en servicio de hospitales, en la limpieza de plazas, paseos públicos, cuarteles u otros establecimientos, o bien al trabajo de caminos, según las circunstancias de la persona y de cada lugar (Artículo 10).

La pena sería conmutable (salvo casos de segunda reincidencia) a razón de dos reales diarios, siempre que otra persona tomara a su cargo al reo y le asegurara la subsistencia en tanto le proporcionaba trabajo o el reo lo buscara. Por cada reincidencia se aumentaría la pena con la mitad de la sufrida en la condena anterior; y la cesantía sería excusa legítima por un término de 15 días, contados a partir de que la persona fuera retirada del trabajo que desempeñaba. Si la vagancia fuera de carácter agravado, la pena a imponer sería de 60 días (Artículos 11 y 12).

Los artículos 20 y 21 prescribían que los vagos podían ser denunciados por cualquier persona y la causa debía seguirse de oficio. A los alcaldes o jueces de paz se les impondría una multa de 5 a 25 pesos por “omisión culpable” (Bauer, 1965: 91 y 93).

Esta ley sirvió para obligar a toda persona que careciera de tierra o de algún otro medio de subsistencia o que por algún motivo quedara cesante, a contratarse en las condiciones fijadas por el empleador. Fue también un instrumento para que el gobierno obtuviera mano de obra gratuita para la construcción y mantenimiento de servicios e instalaciones públicas.

Ley contra la vagancia de 1934

El Decreto de la Asamblea Legislativa Número 1996, emitido el 8 de mayo de 1934, sustituyó la ley anteriormente descrita. El artículo2º agregaba a las cinco categorías de vagos contempladas en la ley de 1878, a los dueños, propietarios, usufructuarios, arrendatarios o coposeedores de terrenos rústicos que no comprobaran obtener de ellos el ingreso suficiente para la subsistencia de su familia o que, encontrándose en esas condiciones, no comprobaran estar ocupados en otro trabajo propio o ajeno que les proporcionara esos ingresos; los que habiendo contraído compromiso de trabajo de prestación de servicios no cumplieran, sin causa justificada, las obligaciones asumidas; los que no tuvieran domicilio conocido; los jornaleros que no tuvieran comprometidos su servicios en fincas ni cultivaran personalmente por lo menos tres manzanas de café, caña o tabaco de cualquier zona, tres manzanas de maíz con dos cosechas anuales en zonas cálidas, cuatro manzanas de maíz en zonas frías o cuatro manzanas de trigo, patatas u otros productos en cualquier zona; y los estudiantes matriculados en instituto privados o públicos que sin motivo justificado dejaran de asistir a clases.

El artículo 6º ordenaba a los alcaldes auxiliares y propietarios o administradores de fincas o haciendas donde no hubiera alcaldes a denunciar cuando los jornaleros no tuvieran cultivada la extensión de terrenos señalada.

Según el artículo 7º los jueces menores que no cumplieran con juzgar los delitos de vagancia, quedarían sujetos a sanciones penales y los obligados a perseguir y denunciar, si no lo hicieran, a pagar una multa entre Q10.00 y Q50.00.

Por el delito de vagancia se aplicaba, cuando no concurría alguna circunstancia agravante, la pena de 30 días de prisión simple; y de dos meses cuando concurría una o más de las circunstancias agravantes; y cada reincidencia era castigada con un mes adicional a las penas antes mencionadas. La pena de 30 días de prisión simple era conmutable, siempre que lo solicitara una persona de responsabilidad, que se comprometiera a proporcionar trabajo al reo. Las penas no conmutables o que no pudieran ser conmutadas mediante el compromiso de proporcionar el trabajo, serían cumplidas en los talleres de gobierno, casas de corrección, servicio de hospitales, limpieza de plazas, paseos públicos, cuarteles y otros establecimientos, obras nacionales, municipales o de caminos (Artículos 8, 9 y 11). El artículo 12 indicaba que la cesantía de empleo no era excusa en favor de un reo de vagancia, salvo que acreditara haber hecho sin éxito, reiteradas gestiones para conseguir ocupación o empleo.

Finalmente, las disposiciones de la ley, relacionadas con la obligación de trabajar, no comprendían a los menores de 14 años a los mayores de 60 y a los inválidos (Artículo 30).

El Reglamento del Batallón de Zapadores

El 22 de enero de 1894 el gobierno emitió el Reglamento del Batallón de Zapadores, que dependería de la Secretaría de Guerra, que tenía por objeto “hacer los trabajos de zapa en caminos, calzadas, fortificaciones, etc. que la capital u otros puntos de la República sea necesario construir”.

El servicio en el batallón tendría una duración de dos meses, y las municipalidades donde habitaran pueblos indígenas formarían un censo anual, en el mes de diciembre, comprendiendo a todos los hombres de 16 a 50 años. Cada dos meses se realizaría un sorteo para definir quiénes entrarían a servicio, indicando con 15 días de anticipación qué localidad entraría al sorteo. En los lugares donde no pudiera practicarse se pediría a la municipalidad respectiva el número necesario de individuos, debiendo esta proporcionarlos en el tiempo que se le fijara.

Quedaban exceptuados del sorteo quienes pagaran en la Administración de Rentas Departamental la cantidad de 10 pesos anuales; y quienes presentaran una libreta en la que constara que estaban comprometidos a servir durante por lo menos tres meses en una finca de café, caña de azúcar, cacao o banana. Quien prestara el servicio quedabas eximido de los siguientes sorteos del año.

Contribución de caminos

La primera disposición orientada a obtener trabajo gratuito para la construcción de caminos fue el Decreto del 17 de abril de 1830, que obligaba a todos los varones, de entre 15 y 50 años de edad, a trabajar tres días al año en obras públicas o bien pagar dos reales por día (SAT, 2009: 64).

La disposición anterior fue modificada por Decreto Número 126 del 26 de octubre de 1874, mediante el cual se amplió la obligación de trabajar tres días al año en el mantenimiento de caminos o pagar el jornal correspondiente, a razón de tres reales diarios, lo que debía hacerse entre el 1 y el 5 de octubre de cada año (Bauer, 1965: 3).

Ese decreto fue a su vez derogado por el Decreto Número 187, del 30 de mayo de 1877, aduciendo que el trabajo personal de tres días era insuficiente para mantener y ampliar la red de caminos, la cual era indispensable para la existencia de la agricultura; y que la contribución que se pagaba para eximirse del trabajo personal debía estar en relación con los días de servicio que determine la ley.

Por lo anterior, se fijó en dos pesos la contribución anual que debía pagar todo vecino, pudiendo optar entre pagar dicha suma o trabajar seis días al año en los caminos públicos. El pago debía hacerse en la municipalidad de su domicilio durante el mes de junio. Pasado el mes de junio se pagaría adicionalmente un peso de multa y los que trataran de eludirla obligación de compensar con trabajo, prestarían tres días adicionales de servicio.

El 30 de junio de cada año la municipalidad formaría dos listas, tanto de los que pagaran como de los que prestarían servicio; y la autoridad política (se entiende el jefe político) o comisiones especiales harían el llamamiento de los trabajadores que optaran por prestar el servicio. Por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley, los jefes políticos serían multados la primera vez con la mitad de su salario mensual, la segunda con el salario completo y la tercera depuestos de su empleo. Los jefes políticos estaban facultados para imponer multas de hasta 50 pesos a los alcaldes y otros funcionarios municipales que no observaran las prescripciones de la ley.

Mediante Decreto Legislativo Número 1153, del 30 de mayo de 1921, se estableció que la contribución de caminos sería de $ 40 anuales para obreros y jornaleros y $ 100 para los demás habitantes (Bauer, 1965: 5).

Salarios y pagos por tarea

Desde el inicio del cultivo del café las condiciones de trabajo fueron precarias y sustentadas en la explotación de los trabajadores. La permanente disponibilidad de mano de obra barata que garantizaron los procedimientos compulsivos utilizados desde la época colonial y el hecho de que la producción de café fuera destinada casi exclusivamente a la exportación trajo como consecuencia lo que es una constante en la historia económica de Guatemala y su sesgo exportador: una escasa o nula preocupación por el crecimiento del mercado interno y del poder adquisitivo de los trabajadores.

En 1862, un grupo de campesinos de Acatenango y Santa Lucía Cotzumalguapa presentaron un memorial ante el Juzgado de Primera Instancia de Escuintla. Afirmaban que “hemos sido víctimas de la falsedad más escandalosa. Contratado nuestro trabajo a un real diario y la comida, en la hacienda Apopayá, se nos dan diez mazorcas de maíz por día, se nos liquida al año, se nos paga por mes a menos precio del estipulado. Somos meseros y trabajamos por tarea, a medida tan duplicada, que las más veces no bastan dos o tres días para rendirla” (Cambranes, 72 y 73).

Respecto al exceso de las tareas fijadas, el corregidor de Chimaltenango anotaba algo similar, en un informe rendido en 1871 al Ministro de Gobernación: “En vez de exigirles lo que alcance del trabajo en el día, les señalan grandes tareas que rinden en dos o tres días, i en ese caso solo se les abona uno” (Cambranes, 1980: 195 y 196).

El pago de un real por día no se daba únicamente en el departamento de Escuintla. En 1861 el Teniente de Corregidor de la Verapaz informaba al respectivo corregidor que los finqueros “siempre obtienen el número de jornaleros que desean al módico salario de un Real, dóciles, obediente y dignos de toda confianza, porque entre tantos jamás se pierden instrumentos de agricultura” (Cambranes 1980, 1419).

En ese mismo año el corregidor de La Verapaz indicó que los extranjeros formaban plantaciones “por un jornal tan bajo como un Real” que apenas alcanzaba al trabajador para comer, por lo que ordenó al Teniente de Corregidor que no se obligara “a trabajar a los indígenas por menos de uno y medio Rs. diarios, aumentándose los jornales como sucede en todas partes donde hay escasez de brazos, en la Alta Verapaz, que hay en abundancia, sobrarán trabajadores para los empresarios, con el estímulo de mayor jornal” (Cambranes, 1980: 142).

A pesar del notable incremento de la producción de café, en 1871 se continuaba pagando el mismo salario que una década antes. El jefe político de Chimaltenango refirió en 1871 que “generalmente se observa pagar por día a los jornaleros a real y la comida, y si es por tarea, que regularmente se compone de cuarenta varas, se paga a dos reales” (Cambranes, 1980: 194).

En 1902, según informe de la Dirección General de Agricultura, en algunas partes del país se pagaban 25 centavos de peso. En 1901 un peso guatemalteco equivalía a US$ 0.1572 y en 1902 a US$ 0.1155, pero en los distritos menos favorecidos el salario promedio oscilaba entre dos y cuatro centavos de dólar (Jones, 1980: 44). En 1870 el peso guatemalteco estaba equiparado en valor al dólar de Estados Unidos28 por lo que el salario de un real diario era equivalente a 12 centavos de dólar.

Es de hacer notar que más de 200 años después, con relación al pago por tarea, los campesinos escuintlecos presentaban denuncias similares a las planteadas por los indígenas de Ahuachapán, en El Salvador, mencionadas cuando se describió la forma de pago del repartimiento; y que el salario de un real por día, establecido en el último tercio del siglo XVII, permanecía inalterado 300 años después. Este prolongado período de inmovilidad de los salarios del trabajador agrícola conduce a recordar la llamada “pausa de Engels”, mencionada por Tomas Piketty (2014: 21), pero mucho más corta, que se dio entre 1800 y 1860 en el Reino Unido y Francia, donde “los salarios de los obreros se estancaron en niveles muy bajos, cercanos a los siglo XVIII y los siglos anteriores, e incluso inferiores en algunos casos”, que el autor considera “particularmente impresionante debido a que el crecimiento económico se aceleró durante ese período”.

Los campesinos de Acatenango y Santa Lucía Cotzumalguapa, en el memorial antes citado señalaban que el motivo de su pobreza no era la renuencia al trabajo o su escasa laboriosidad: “De ahí viene que consumiendo nuestra existencia bajo el enorme peso de triplicado trabajo y en los abrazadores soles de la Costa, agotando nuestros arbitrios para sostener a nuestras familias, ni estas ni nosotros logramos vestirnos. Trabajamos ochenta y noventa días. Estos se nos reducen a treinta. Por ellos se nos pagan veinte reales y solo se nos dan treinta raciones de maíz por toda cuenta. Natural es que para subvenir a nuestras precisas e indispensables necesidades, en los cincuenta o sesenta días que trabajamos sin que se nos pague ni se nos dé la miserable ración de maíz, pidamos la habilitación que se nos suministra, dándosenos lo que vale uno por dos, quedando, por tanto, doblemente aumentada la deuda” (Cambranes, 1985: 72 y 73).

Cambranes (1975:100) citando a Otto Stoll, señala que en 1883 el sueldo diario en las fincas de café era $0.25 a $0.50 centavos de peso (alrededor de 3 reales), de los cuales el trabajador que había recibido anticipos debía abonar un real. Agrega que, a menudo, los trabajadores recibían vales en lugar de dinero, con los cuales compraban alimentos y otros bienes en la tienda de la finca, ‘a precios logreros’. El pago en vales así como la emisión de monedas por parte de los propietarios de fincas, que solamente tenían valor de intercambio en la misma finca o en los pueblos cercanos, se justificaba por la escasez de moneda, pero es obvio que daba lugar a un mercado cautivo, donde la falta de acceso a otros proveedores permitía fijar precios elevados y, de esa manera, obtener ganancias adicionales a costa de los jornaleros.

Con respecto a las cuentas que se anotaban en el registro de la finca y en el libreto del jornalero, cita que, según Stoll, ‘el arte’ de la dirección económica de una finca “consistía no solo en engañar al trabajador a la hora de hacer las cuentas”, tanto en el registro como en el libreto del jornalero a que hace referencia el reglamento correspondiente. Esto confirma lo que hace muchos años se narraba a manera de anécdota, respecto a las anotaciones en los libretos de los jornaleros: “uno que te doy y otro que te anoto, son dos que me debés”.

En el estudio de Jean Piel (1995) sobre el funcionamiento del Estado guatemalteco en el ámbito regional y local, durante el período liberal, para el cual consultó los archivos de la Jefatura Política y de las municipalidades, depositados en el Archivo General de Centro América, él presenta dos ejemplos de los libretos de jornaleros, que confirman la forma cómo eran manipulados para mantener a los peones atados a las fincas.

El primero es de un trabajador de Santa Cruz del Quiché, quien en junio de 1905 recibió una habilitación de 50 pesos para trabajar en la Finca Santa Isabel. A finales del año siguiente, y después de haber trabajado en dos años cafeteros, su deuda llegó a 86 pesos, con un incremento del 72% (Piel, 1995: 81 y 82).

Otro caso que ejemplifica la forma cómo los trabajadores eran virtualmente atados a las fincas, es el del mozo Matías Sambrano, de San Juan Cotzal, quien el 23 de abril de 1909 recibió un anticipo de 567.4 pesos de manos del habilitador Gregorio Díaz. En 1914, después de haber trabajado 13 meses en el curso de cinco años, su deuda había aumentado a 728 pesos (28%). El habilitador lo denunció como fugitivo y lo señaló de “mal obrero, incumplido y que adeuda a 3 o 4 patrones… y no ha respetado varias escrituras firmadas por él”. En su defensa Sambrano promete saldar la deuda con trabajo, y acusa al habilitador y al finquero de sobrecargar su libreto de “deudas suplementarias, arbitrarias o imaginarias” (Piel, 1995: 90 y 103).

El etnógrafo Stoll señala que el finquero debía no ser “muy loco”, dando “adelantos demasiado espléndidos. Un finquero podía ser suficientemente ‘liberal’ pero habría de encargarse, además, de mantener en deuda a los peones más trabajadores”. Con esos procedimientos, claramente fraudulentos, los trabajadores eran vinculados de forma permanente a las fincas y, si a su muerte no había terminado de saldar las deudas contraídas, estas se transmitían a los hijos, quienes debían continuar trabajando para el finquero, con lo que se iniciaba otro ciclo de virtual servidumbre. Un diplomático alemán de finales del siglo XIX, anotó que las relaciones de trabajo en las fincas mostraban “la signatura de la explotación en gran escala” (Cambranes, 1975: 101).

Piel (1995: 101) presenta un ejemplo de contrato, localizado entre la documentación de la Jefatura Política de Santa Cruz del Quiché, correspondiente a 1901, que comprueba la transmisión de las deudas de padres a hijos. El contratado acepta que “mi mujer y mis hijos todos juntos y cada uno por sí, quedamos sujetos a las condiciones arriba expresadas y cumpliremos con las obligaciones que determinan los artículos 23, 37, 28 y 26 del decreto no 486 y artículos 1788 y1761 del Código Civil”.

Jornadas de trabajo

Las jornadas de trabajo tenían hasta 11 horas y media de duración. Iniciaban a las seis de la mañana y se prolongaban hasta las cinco o cinco y media de la tarde. Al terminarla jornada el caporal indicaba a cada peón el rendimiento de cada uno y anotaba en libros, para pagar el sábado, cada semana o cada quincena, el salario devengado (Cambranes, 1975: 104). Estos datos evidencian que el pago por tarea era una forma usual.

Sin embargo, según otro testimonio recogido por Cambranes, que es similar a los argumentos esgrimidos por los empleadores locales a lo largo de los siglos (1975: 102) “el trabajo de esta gente resultaba muy caro, debido a los alto sueldos, a la alimentación, a los gastos que ocasionaban los inevitables enganchadores, a los costos de viaje de la gente”, entre otros.

La denominada costosa alimentación, estaba integrada principalmente por maíz y frijoles, y las bebidas se limitaban a café, aguardiente, chicha y chocolate. El desayuno típico eran tortillas y “pozol” (cocimiento de harina de maíz tostado) y ‘macho’ (bebida de chocolate sin azúcar y con pimienta) (Cambranes, 1975: 104).

Castigos corporales

A pesar de las prohibiciones señaladas en el Reglamento de Jornaleros, el mal trato físico era frecuente. Cambranes (1975: 105) cita la descripción que hace Stoll de las prácticas disciplinarias observadas con ocasión de visitas realizadas a fincas.

Puede inferirse que el sometimiento a crueles castigos era muy frecuente, cuando afirma que la “menor falta era castigada por lo general, utilizándose el látigo, y ejecutada directamente en la plantación, a la vista del Jefe Político o de otra autoridad superior de la región. Para latiguear se aplicaba un gato de cuero. Se ataba al indígena a una picota y con las manos en alto recibía 25 o más golpes. Otro instrumento de humillación era el cepo, que podía encontrarse en cualquier plantación mediana o grande. Este constaba de dos vigas, de 5 a 6 varas de largo, en la que a intervalos se habían hecho 5 pares de escapes en forma de medio círculo. Ambas vigas estaban unidas en un extremo con una bisagra. Al indígena a castigar se le colocaban las piernas entre estas vigas, que descansaban sobre dos zoquetes de madera, las cuales debían permanecer fuertemente unidas. El indígena debía permanecer horas enteras, y a veces días, con las piernas a casi 80 centímetros del suelo, de tal manera que se provocaba una fuerte afluencia de sangre en la cabeza, que podía ser muy peligroso en caso de permanecer prolongadamente en esa posición” (Cambranes, 1975: 105).

Cabe señalar que los alcaldes auxiliares de las fincas eran la autoridad inmediata al alcance de los finqueros y estaban vinculados a ellos por una relación de dependencia. De acuerdo con el artículo 45 del Reglamento de Jornaleros, cuando un patrón necesitara la permanencia de un alcalde auxiliar, podía solicitar a la municipalidad correspondiente el nombramiento de dicho funcionario, quien sería seleccionado dentro de los que el propietario propusiera “como los más honrados y capaces”.

Piel (1995: 92) refiere el caso de la denuncia presentada por cuatro hermanos de apellido Chicaj en contra del habilitador de la Finca Milán, a quien acusan de no inscribir sus ganancias en la libreta de cuentas y de azotarlos, con la complicidad del administrador de la finca, por faltas reales o supuestas.

Otro caso que pone de manifiesto la arbitrariedad y el abuso permanente a que estaban sometidos los jornaleros es el conflicto acaecido en 1901 entre 76 mozos de Nebaj y Ciriaco Yrapaza, propietario de dos fincas en el departamento de Sololá, quien los contrató “bajo muy aceptables condiciones para trabajar durante 4 años”. Afirmaban los mozos que “desquitamos en el tiempo estipulado las habilitaciones recibidas y aun trabajamos dos años más” y que el finquero les había cargado a la cuenta una cantidad de dinero perdida por su habilitador.

Otro finquero, Carlos Berellas, los contrató con un salario diario de un peso (cuatro veces el promedio acostumbrado en la zona) o de seis pesos a la semana. Yrapaza los hizo arrestar, pero al pasar por Quetzaltenango el jefe político ordenó que los liberaran, para que volvieran a trabajar con el señor Berellas. Yrapaza los hizo “perseguir y balear con una escolta de tropa mandada por un oficial regular” y capturó a 32, a quienesllevó de nuevo a su hacienda. Al cabo de cinco meses el jefe político de Quiché resolvió “que los mencionados mozos son deudores del Sr. Yrapaza y en consecuencia, este tiene derecho para hacer que cumplan su compromiso pudiendo pedir auxilio al efecto a las autoridades respectivas” (Piel, 1995: 94 y 104).

La sujeción por deudas y los abusos a que eran sometidos los trabajadores provocaban lo que Stoll y otro viajero alemán (Adrian Roesch)señalan que sucedía en Alta Verapaz. “Muchas familias indígenas se veían obligadas a menudo no solo a huir a las montañas o al territorio de Belice para escapar de ser reclutadas a la fuerza sino que también estaban dispuestas a huir de la finca y territorios cercanos a ella con tal de liberarse de la servidumbre y malos tratos a que estaban sometidos. El finquero tenía el derecho a regresar por la fuerza al peón escapado. A esta tarea debían ayudarlo los alcaldes de las comunidades. Pequeños finqueros se encargaban ellos mismos de la búsqueda. Grandes finqueros, que contaban en sus dominios con cientos de personas y en cuyas habilitaciones habían invertido grandes sumas de dinero, tenían personas que se ocupaban especialmente de localizar a los trabajadores escapados, a quienes se buscaba día tras día en todos los lugares posibles” (Cambranes, 1975: 105).

El retorno del mandamiento colonial

Desde los inicios del auge del cultivo del café, los finqueros solicitaban a los corregidores departamentales y autoridades municipales que les proporcionaran los trabajadores necesarios para el manejo del cultivo, reviviendo las prácticas coloniales de reclutamiento de trabajadores conocidas como mandamientos.

En 1861 el finquero Charles Meany afirmaba que el desarrollo de la caficultura en La Verapaz enfrentaba el obstáculo de la falta de cooperación de las autoridades, quienes no atendían las demandas que presentaban para obtener trabajadores. En mayo de 1861 el Teniente de Corregidor informó al corregidor de La Verapaz, que las actas de las visitas realizadas en el corregimiento de 1856 a 1861 detallaban minuciosamente lo que correspondía a la facilitación de mozos a los particulares, y que era “la principal preocupación de este Departamento dar órdenes a los vecinos pueblos pidiendo mandamientos de indios para las fincas, sin cobrar nada a los dueños de ellas por esto, aun teniendo que llevarles dichos indios hasta el lugar de los trabajos, lo que más frecuentemente sucede con los señores Meany” (Cambranes 1980: 140 y 141).

El corregidor, comentando las exigencias de los empresarios señaló al ministro de Gobernación los perjuicios que, como sucedió con el repartimiento colonial, provocaba a los indígenas el reclutamiento forzoso, “porque siendo agricultores todos los indios y ocupándose estos en sus siembras de granos, las autoridades no pueden forzarlos para que concurran al trabajo ajeno con abandono de sus siembras propias” (Cambranes 1980: 142).

En 1864 el corregidor de Suchitepéquez designó un “juez de campo” que se ocuparía de “proveer de mozos a todas las haciendas” y matricular a todos los habitantes de las rancherías, procurando que se ocuparan en alguna actividad productiva (Cambranes 1980: 147).

En 1864 la municipalidad y los principales de Sumpango se dirigieron al presidente de la República, declarando que por disposiciones del corregidor de Sacatepéquez se sacaban periódicamente “cuadrillas de 20 o más hombres para ir a trabajar a la costa del Sur, a tres jornadas de Zumpango, en siembras del Sr. Corregidor”, agregando que las órdenes eran cumplidas “con violencia y con grave daño de nuestro pueblo. No solo se quita a sus hombres de sus sementeras en la clase aborigen, sin distinguir padres de familia, sino que se les lleva a climas mortíferos escoltados por tropas intimidándoles con azotes al que no cediere a las órdenes. Se les detiene en la Costa hasta que llega otra cuadrilla del mismo pueblo” (Cambranes 1980: 148).

El corregidor de Chimaltenango en un informe al ministro de Gobernación, de mayo de 1883, señalaba que los vecinos de Tecpán “con motivo de manejarse por sí mismos dedicándose a la labranza y demás trabajos según sus circunstancias personales tiene un vida independiente, esto es no molestar a nadie, ni contraer compromisos de ningún género y sin acomodarse o empeñarse con ningún patrón sin embargo ha producido un mal gravísimo porque ha dado por resultado que los ladinos no tengan indios que les trabajen sus sementeras, y para ocurrir a esta necesidad y escasez de trabajadores, dichos ladinos forjaron e inventaron el año pasado pedir al Gobernador mandamientos de indios para que trabajasen sus cultivos de milpas y trigo fundándose en un artículo o Ley que había dado el Gobierno a su favor” (Cambranes 1980: 149 y 150).

El reclutamiento forzoso de los trabajadores se trataba de justificar no solamente con la necesidad que, según alegaban los finqueros, tenían de disponer del número suficiente de trabajadores para continuar contribuyendo al desarrollo del país, sino que también con el secular argumento de que el indígena era reacio al trabajo y solo mediante la compulsión podía lograrse que contribuyera al desarrollo económico.

Este argumento utilizado a lo largo del periodo colonial se mantuvo presente en la época liberal, como lo evidencia una comunicación del jefe político de Chimaltenango al ministro de Gobernación en septiembre de 1871 cuando afirmaba que “Los indígenas son naturalmente haraganes y lo son por sus vicios, porque no se forman la esperanza de mejorar su condición: parece que viven conformes en la abyección, y sin pudor vergüenza ni estimulo, dejan correr la vida sin cuidarse del porvenir, encomendado a la trampa: ni de la suerte de sus hijos que saben, ha de ser la misma” (Cambranes 1980: 196).

El 22 de agosto de 1871 Gustav Bernoulli dirigió un memorial al jefe político de Suchitepéquez en el cual esbozaba el contenido de lo que unos años después se convirtió en el primer Reglamento de Jornaleros del período liberal.

A propósito del incumplimiento de las habilitaciones por parte de los trabajadores, sugería que las municipalidades formaran un registro de todos los individuos de su pueblo y que cada uno de estos recibiera “un cuadernito en blanco con su nombre, su procedencia, y una nota indicando si debe a un amo o no. Este cuaderno servirá como pasaporte a su portador, y sin presentarlo no se podrá acomodar a ningún individuo en ninguna parte”.

Proponía que los mozos deudores y que no trabajaran en los días hábiles, fueran castigados con trabajos públicos, y que los escribientes que se necesitaran para formar los registros y extender las libretas, podrían ser pagados mediante un impuesto a cargo de los finqueros, por cada “sirviente” que recibieran; que cuando un trabajador estuviera en deuda con varios amos, se estableciera que el empleador actual pagara la deuda de los otros.

Respecto a los mandamientos afirmaba que funcionaban bien en La Verapaz, pero que en otros departamentos como Suchitepéquez, los corregidores de la pasada administración recibieron órdenes estrictas de no concederlos, con el contrasentido que un gobierno emitiera leyes y luego prohibiera su ejecución, por lo que señalaba la necesidad de que dichas órdenes fueran efectivas en todo el país. Con esas normas consideraba que se impediría “a los mozos gran parte de sus mañas que usan para engañar a sus patrones como la de pedir habilitación a diferentes amos, fugarse de una hacienda donde deben para trabajar en otra, usando muchas veces distintos nombres en distintos lugares” (Cambranes 1980: 173 a 181).

En esta segunda fase, ya convertido el café en la base del modelo económico orientado a las exportaciones (Bulmer Thomas, 2011: 35), el papel del Estado se concentra en poner a disposición de los productores de café, además de la tierra, los elementos necesarios para desarrollar el cultivo, como infraestructura de caminos, ferroviaria y portuaria, certeza jurídica a través del Registro de la Propiedad y acceso al crédito.

La sustitución de las habilitaciones por la libreta de jornaleros

En un informe de la Secretaría de Agricultura se indicaba que el objeto de la Ley de la Vagancia de 1934 era poner fin a las dificultades que surgían frecuentemente entre patronos y mozos por los anticipos recibidos, por lo que estos quedaron prohibidos y se estableció un plazo razonable para el pago de los ya percibidos. De esa forma se abandonó lo que se llamó “la esclavitud de la deuda”, que había generado críticas al país en el ámbito internacional. Los partidarios de Jorge Ubico elogian esa ley, aduciendo que liberó a los trabajadores, especialmente a los indígenas, de la servidumbre por deudas. Incluso se levantó un monumento, llamado “Monumento a la Raza Indígena”, aunque en realidad fue dedicado al dictador, que aún se encuentra en el Boulevard Liberación, para perpetuar el reconocimiento a ese gesto.

“Su objeto principal era cambiar la base de la reglamentación del trabajo indígena, pasando de la obligación de trabajar para pagar sus deudas, a la obligación de trabajar con o sin deuda. El indígena iba a tener una nueva libertad, pero no la de ser ocioso o la de producir solo lo que creyese necesitar para sí mismo. Iba a ser libre de escoger a qué clase de trabajo se dedicaría, cuya magnitud debía ser tal que ante la ley no resultase ser un vago” (Jones, 1980: 57).

Para la aplicación de la ley se tomaron varias medidas de carácter administrativo, como la emisión de las libretas de trabajo o libretas de jornaleros, que permitiría a estos comprobarlos días laborados. El secretario de Agricultura ordenó que las libretas fueran entregadas a los mozos colonos por cuenta del patrón y que los jornaleros las debían adquirir en las municipalidades, al precio de dos centavos. El 17 de junio de 1937 se ordenó que las libretas fueran impresas por la Tipografía Nacional, y los trabajadores debían portarlas en todo momento. Los funcionarios municipales registraban en las libretas las labores realizadas en la respectiva propiedad y los patronos anotaban el trabajo realizado bajo su dependencia. Como inicialmente solo estaban obligados los agricultores, muchos indígenas afirmaron ser comerciantes, hasta que nuevas normas lo prohibieron (Jones, 1980: 62).

En un inicio hubo competencia entre los hacendados para obtener la mano de obra necesaria. Algunos finqueros extranjeros llegaron a pagar Q 0.30 por día y una ración diaria de 15 libras de maíz, en tanto que otros ofrecían Q 10 o Q 15 por concepto de gastos de viaje pero, con frecuencia, los trabajadores desertaban al recibirlos. Los empresarios de Quetzaltenango, en una reunión con el jefe político, en octubre de 1936, acordaron mantener un salario de Q 0.15 diarios, que la tarea de corte se basaría en la medida de una caja y que se impondrían sanciones para quienes violaran el acuerdo. Se solicitó al presidente que la ley fuera aplicada estrictamente en los departamentos con baja demanda de mano de obra, para asegurar a departamentos como Quetzaltenango la disponibilidad de trabajadores.

En junio de 1937 una circular de la Secretaría de Agricultura permitió anticipar Q 1 para que los trabajadores viajaran a las fincas, que podía cargarse a la cuenta del jornalero, pero cualquier cantidad que lo excediera no era recuperable. El jornalero debía ser considerado en labores tan pronto como dejara su hogar y se le acreditaba un día de trabajo por cada 32 kilómetros que viajara (Jones, 1980: 62).

Otra circular de la Secretaría de Agricultura, de junio de 1937, señaló que los agricultores que cultivaban menos de las tres o cuatro manzanas establecidas según la zona y productos, pero laboraran no menos de 1 5/16 de manzana, trabajarían para un patrono un mínimo de 100 días al año; y aquellos cuyas propiedades fueran de menor extensión, tenían la obligación de trabajar los 150 días y no podrían acreditar labores en sus cultivos (Jones, 1980: 63).

En un informe rendido por el ministro de Gobernación y Justicia en 1934, este indicó que el primer año de vigencia de la ley se dio la protección debida a trabajadores y patronos, que las disputas fueron relativamente pocas (la policía solo tuvo que capturar 133 trabajadores fraudulentos) y que “las diferencias entre el capital y el trabajo no adoptan entre nosotros el carácter tajante que tienen en otras partes” (Jones, 1980: 61).

Las fincas de mozos

En la segunda mitad del siglo XIX apareció otro tipo de finca denominada “finca de mozos”. Se originan por una parte en la escasez de tierra de cultivo para las familias campesinas y por otra en la necesidad que tenían los finqueros de asegurarse mano de obra para las cosechas.

En esas fincas “eran colocados peones deudores que muchas veces eran alquilados, e inclusive vendidos a finqueros necesitados de fuerza de trabajo”. En 1896 el jefe político de Chimaltenango expresaba al ministro de Fomento que Tonajuyú es un terreno de mi propiedad, comprado con el solo objeto de colonizar mozos deudores donde sin lucro de ninguna especie les proporciono habitaciones, lugar para sementeras y explotación al arbitrio; para asegurarlos así, a los trabajos de una finca que estoy formando en jurisdicción de Pochuta. Dicen mozos quejosos que yo les pago el miserable jornal tres reales diarios, y lo llaman miserable, cuando la generalidad de los agricultores del Departamento pagan uno o dos reales solamente.

Más adelante, refuta el señalamiento de que los había transferido a otro patrón, afirmando que hizo sociedad con una persona que “se encargó de la administración de la finca por no poder yo atenderla; y aunque la hubiera vendido, cuando tal cosa ocurre, se hace con mozos y todo, con lo cual no se infrinje la ley” (Cambranes, 1980: 434-435).

En el Directorio General de 1929 (Quiñonez, s.f: 165-217) aparecen algunas fincas que todavía en la década de 1970 eran conocidas como fincas de mozos, tal el caso de Choacorral, en Joyabaj, departamento de Quiché, con 95 caballerías de extensión, y Canajul de Medina en San Martín Jilotepeque, departamento de Chimaltenango, con 65 caballerías de extensión.

Los resultados sociales del predominio del café

A partir del triunfo de la Revolución Liberal el Estado de Guatemala estuvo al servicio del desarrollo de la caficultura. La mayor parte de sus políticas y acciones (agraria, de infraestructura, de formación de ingenieros, de créditos, registral y, por supuesto, laboral) fueron diseñadas en función de los intereses de los productores de café.

La rentabilidad del cultivo del café y, en general de la agricultura destinada a la exportación, "dependía en gran parte del control de los costos laborales", lo que “descartaba una estructura salarial que pudiese amenazar la disponibilidad de mano de obra para la AEX (agricultura de exportación) a un salario real bajo y condujo a una distribución del ingreso extremadamente desigual” (Bulmer-Thomas, 2011: 202:). Esto trajo como consecuencia un mercado interno exiguo, que no era problema para los finqueros dedicados a productos de exportación, pues sus ganancias y la acumulación de capital no dependían de la mayor o menor magnitud del consumo local.

El modelo favorable a la exportación tampoco provocó interés por el aumento de la productividad, pues las ganancias dependían del bajo costo de la mano de obra, asegurada mediante los procedimientos compulsivos imperantes desde la época colonial. Un estudio realizado en 1950 por un experto estadounidense señalaba “la relativa simplicidad de la economía guatemalteca con su bien definido sector de exportación, sus procedimientos primitivos de producción agrícola y su dependencia de fuentes extranjeras para satisfacer sus necesidades de productos manufacturados” (Guerra-Borges, 2006: 20).

El informe de una misión del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), actualmente Banco Mundial, conocido como “Informe Britnell” (1951), indicó que “muchos grandes propietarios mantienen todavía la actitud tradicional del terrateniente absentista que, por ruinosos que resulten los métodos empleados, se contenta con una visita de inspección anual a su finca y solo se interesa en obtener una renta inmediata”; y que sus elevados excedentes se debían “al bajo nivel de salarios y la prestación gratuita de trabajo, ambos formas anticuadas que abatían los costos” (Guerra-Borges, 2006: 21 y 22).

Las anteriores apreciaciones se confirman con los datos que aporta Guerra-Borges (2006:114-116). En el quinquenio 1950-1954 el rendimiento de la manzana de café era de 560 libras en Guatemala, de 668 en Costa Rica y de 947 en El Salvador, países estos dos últimos donde no existió el trabajo forzoso en la caficultura.

Es también importante anotar que, en el caso de los finqueros alemanes, sus rendimientos eran mayores que los caficultores locales, pues en 1913 con el 27% de la tierra cultivada generaban el 34% de la producción (Wagner, 1991: 169-170). Sin embargo, a pesar de esa ventaja en materia de productividad y de provenir de una sociedad mucho más avanzada que la guatemalteca, no dudaron en beneficiarse de las prácticas de trabajo forzoso, adaptándose a las condiciones que les ofrecía la economía local en términos de optimización de las inversiones.

Aún en los años 50, apunta Bulmer-Thomas (2011: 254) la expansión del cultivo y el incremento de los rendimientos “no hubiera sido posible sin el respaldo combinado del sistema bancario y los ministerios pertinentes”. Y al preguntarse ¿Quién se benefició de esta expansión?, responde que en Honduras y Costa Rica, donde la producción se concentraba en fincas medianas, “el pequeño campesinado salió ganando y en ambos países el sistema bancario no lo discriminó en cuanto a la calidad de crédito según el tamaño”, pero en los demás países, la concentración en las grandes fincas “fue reforzada por la política de préstamos de los bancos, que condujo a mayores desigualdades dentro del sector”.

Trabajo forzoso en caminos

Anteriormente se mencionó que, desde la primera fase de los gobiernos liberales, se buscó que los impuestos a favor de la infraestructura vial fueran compensados con trabajo, a efecto de disponer de suficiente mano de obra y reducir el costo de la construcción y mantenimiento de caminos.

Cambranes (1985: 549 - 554) afirma que hay pruebas del interés de las comunidades durante el periodo conservador por colaborar en apertura de caminos, pero siempre que esto tuviera un carácter realmente voluntario, en tanto se resistían cuando se les imponía la formación de cuadrillas. En 1858 los principales de Cuyotenango, Suchitepéquez se quejaron ante Rafael Carrera que habían sido obligados por un finquero a formar una cuadrilla de 20 hombres destinada a trabajar en “ El camino del mar”, exigiéndoles incluso que llevaran sus propias herramientas.

Igualmente a finales de la década de 1850 “muchas comunidades de Occidente fueron obligadas a trabajar en la construcción de una carretera de Quetzaltenango a la costa sur”. En marzo de 1861 el corregidor de Quetzaltenango informó que los trabajos no habían concluido y que “varios pueblos han comenzado a dar ejemplo de desobediencia”, por lo que recomendaba aumentar a un real diario el precio del jornal. Prueba del enorme perjuicio que causaba en sus actividades propias, es la solicitud de los comuneros de San Juan Ostuncalco, al pedir “tres años de descanso para reponernos de todo lo perdido”.

En 1895 el jefe político de Sacatepéquez consultó al ministro de Fomento si las personas que no se presentaban a los trabajos en caminos públicos podían ser sacadas de sus casas. El ministro contestó que solo en caso de delito podía ser sustraída una persona de su domicilio, pero que la policía estaba autorizada para pedir el boleto en las calles, caminos o plazas, y si no lo tuvieran se les debía citar indicándoles el día que les correspondía trabajar. En caso de incumplimiento ya se les podría “buscar como desobedientes” (Cambranes, 1985: 576 y 577).

Otto Stoll refirió con respecto al trabajo en caminos que los “abusos contra los indígenas son cosa corriente en estas oportunidades, ya que muy frecuente prefieren estos pagar el impuesto para librarse de la obligación de trabajar. Sin embargo, con tal de obligarlos a laborar no se les da recibo del pago de la contribución o se les quita y rompe” (Cambranes, 1975: 166).

En 1932 el gobierno de Ubico “estableció semanas de caminos dos veces al año para el mantenimiento de las rutas viejas y para la construcción de nuevas, amplió el uso del impuesto de caminos gracias al cual, casi dos terceras partes del trabajo se hacía gratis es decir, trabajando el impuesto” (compensando el impuesto con trabajo).

En 1934 se creó la Dirección General de Caminos dentro del Ministerio de Agricultura, “que por medio de una mejor administración de la ley, aumentó el número de días de trabajo de 794,049 en 1932 a 1, 314,908 en 1934” (Jones 1980a: 195).

En 1936 y 1937 la población masculina era de alrededor de un millón y, de esta cifra, la mitad se encontraba entre los 18 y 60 años de edad. La recaudación del boleto de vialidad fue de unosQ400, 000 anuales, lo que significa que lo pagaron 200,000 adultos hombres. Por consiguiente, aproximadamente 300,000 hombres trabajaron en las obras viales para pagar el impuesto en especie (Bulmer-Thomas, 2011:135).

La ampliación de la red vial que logró Ubico es calificada como impresionante por algunos historiadores. Al inicio del régimen, en 1932, el país contaba con 2,500 kilómetros de carreteras, que llegaron a 5,366 en 1936; a 7,640 en 1940 y a 10,200 en 1943. Estas carreteras incluyeron la construcción de más de 500 puentes y cubrieron todo los departamentos, con excepción de Petén (Grieb, 1996: 49).

El autor citado reconoce que la construcción de esas obras se realizó bajo un sistema de trabajo forzoso, al conmutar el pago de “vialidad” por dos semanas de trabajo, que no se proporcionaba alimentación a los trabajadores durante el periodo de trabajo; y que solamente la quinta parte del total de trabajadores que intervinieron en esas obras tenía condición de asalariados (Grieb, 1996: 47 y 48).

Otro autor justifica que no se les entregaran alimentos “pues ellos no eran considerados como asalariados si no como ciudadanos que pagaban, con sus servicios, el impuesto requerido. No se trataba de servidumbre ni de trabajo forzoso, como algunos lo han tratado de calificar, sino de un pago de impuestos en especie, que además duraba apenas dos semanas al año y no desarticulaba por eso la vida del campesino” (Sabino, 2013: 175).

Un historiador suizo no niega la importancia de la obra vial realizada por Ubico, pero señala que “los costos de apertura de las carreteras recayeron mayormente sobre la población indígena, mientras que su uso benefició a la oligarquía cafetalera; no pueden olvidarse tampoco los flagrantes abusos que se cometieron en el reclutamiento de la mano de obra indígena por medio de los Jefes Políticos y Comandantes de Armas” (Karlen, 1996: 66).

Publicado por: Pablo Ordoñez

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