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La primavera laboral de la revolución de octubre

En junio de 1944 las protestas iniciadas por estudiantes universitarios y maestros condujeron a la renuncia de Jorge Ubico y al posterior derrocamiento de Federico Ponce Vaides, su efímero sucesor. Llegaba al final la etapa del caudillismo autoritario...

 

 




La primavera laboral de la revolución de octubre

Publicado el 21 Dic, 2017 - 12:30:18 - Ultima actualización: 21 Dic, 2017 - 15:20:27

En junio de 1944 las protestas iniciadas por estudiantes universitarios y maestros condujeron a la renuncia de Jorge Ubico y al posterior derrocamiento de Federico Ponce Vaides, su efímero sucesor. Llegaba al final la etapa del caudillismo autoritario. En los restantes países de Centroamérica, especialmente en El Salvador, hubo movimientos similares que no llegaron a tener el éxito del guatemalteco (Bulmer-Thomas, 2011: 179).

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Con la instalación de la Junta Revolucionaria de Gobierno, el 20 de octubre de 1944, se inició en Guatemala una etapa de grandes cambios en lo político, social y económico. Algunos objetan que se le denomine “primavera democrática”, argumentando que tuvo muchas luces pero también grandes sombras. Sin embargo es evidente, después de este breve repaso de la historia del trabajo en Guatemala que, desde el punto de vista de las relaciones laborales, la Revolución de Octubre fue una verdadera primavera.

La Junta Revolucionaria mediante el Decreto Número 7 del 31 de octubre de 1944, suprimió el servicio personal de vialidad del Decreto Legislativo Número 1474. Con el Decreto Número 9 derogó el Decreto Legislativo Número 2795, que declaraba exentos de responsabilidad criminal a los propietarios de fincas rústicas cercadas y a sus legítimos representantes, por los delitos que cometieran contra los individuos que habiendo penetrado sin autorización, fueran hallados infragant llevándose animales, frutos o productos de la siembra que pertenecieran a las mismas.


La Junta Revolucionaria también emitió, con el Decreto Número 76 del 10 de marzo de 1945, el reglamento para el control de jornales de los trabajadores del campo, que conservaba la libreta de jornaleros (Piedra-Santa 1981: 165).

A partir de la caída de Ubico se dio un intenso proceso de organización de partidos políticos. La mayoría de partidos, en sus planteamientos, aparte de los temas relativos a la democracia, separación de los poderes del Estado, la no reelección, autonomía universitaria, se expresaron en muchas ocasiones en favor de mejorar la situación de los trabajadores, de su derecho a organizarse y ser protegidos por la seguridad social, entre otros asuntos de política social. El diario El Mercurio, vinculado a la Cámara de Comercio, planteó que los bajos salarios constituían uno de los principales problemas de país. “El peón en las fincas ganaba 0.15 centavos de quetzal por diez horas diarias y los muchachos de 16 a 18 años la mitad por las mismas horas”. Criticando a las hacendados señalaban que estos debían “dar salarios decorosos a los indios y trabajadores en general de sus fincas” (Tischler, 2001: 216-228).

La AGA, nuevamente constituida, se opuso a la abolición de la libreta de jornaleros. En enero de 1945, refiriéndose a la Ley contra la Vagancia afirmó, que por el beneficio que generaba al desarrollo de la sociedad “no puede ser tildada de esclavista” y, por lo tanto, la libreta no era “un motivo de esclavitud para el jornalero”, pues solamente era una constancia fehaciente para demostrar ante las autoridades que no se había caído en la condición de vago.

Respecto a la obligación de trabajar un determinado número de jornales se trataba, en su opinión, de “un mínimum de trabajo y a lo que están obligados todos los habitantes de la república, por ser un principio universalmente aceptado, que todos los miembros que componen una comunidad, deben, como un deber ineludible, trabajar entre sus posibilidades y aptitudes para proveer a su subsistencia y no ser una carga para la misma”. Concluía la AGA que “si no se aplica la Ley de Vagancia, la nación experimentaría una baja tan apreciable en la producción que se tendrían que tomar medidas drásticas que estarían en contra de los principios democráticos que todos sustentamos” (Tischler, 2001: 234-236)

El resurgimiento del movimiento sindical

Los primeros trabajadores en organizarse, luego de la renuncia de Ubico (1 de julio de 1944) fueron los maestros, quienes el 3 de julio establecieron la Asociación Nacional de Maestros (ANM). Al hacerlo denunciaron la prohibición que había emitido Ubico de ejercer la docencia a mujeres casadas y los “sueldos míseros”, a pesar de que días antes de su renuncia había otorgado un aumento del 15% a todos los empleados públicos, así como otros abusos (Witzel, s.f.a: 17). Posteriormente la ANM se convirtió en el Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guatemala (STEG), que fue la organización con mayor influencia política del período revolucionario (López, 79: 27).

Entre los trabajadores privados, las primeras organizaciones fueron la Asociación General de Empleados de Guatemala (15 de julio de 1944) que agrupaba a trabajadores del comercio, industria y banca, quienes solicitaron el respeto del sueldo mínimo de Q 0.50 diarios, la jornada de ocho horas y el descanso sabatino, conocido como sábado inglés; y, al día siguiente es fundada la Unión Central de Electricistas (UCE), de los trabajadores de la Empresa Eléctrica de Guatemala, subsidiaria de la Bond & Share Company de Estados Unidos, quienes ya se habían organizado en 1928.

El 17 de julio los trabajadores de la IRCA establecieron la Sociedad de Auxilio Mutuo Ferrocarrilera (SAMF), que en 1947 cambió su nombre por el de Sindicato de Acción y Mejoramiento Ferrocarrilero.

También en julio fue fundada la Unión de Trabajadores de Tiquisate (UTT) que agrupaba a los trabajadores de la subsidiaria de la UFCO en la costa sur, denominada Compañía Agrícola de Guatemala, quienes promovieron la primera huelga en demanda de aumento salarial. Se les unieron los trabajadores del muelle de Puerto Barrios, reclamando el respeto de la jornada de ocho horas, mejor trato de los jefes, la reducción de número de extranjeros empleados por la UFCO y la mejora de la asistencia médica y de los servicios sociales (Witzels.f.a: 13-15).

El 1 de octubre de 1944 surgió la Confederación de Trabajadores de Guatemala (CTG), conformada por sindicatos gremiales como los de barberos, albañiles, de la hechura y confección de ropa, artes gráficas, calzado, hoteles, cantinas y restaurantes, con el SAMF y la Unión Central de Pilotos Automovilistas (UCPA) como organizaciones fraternas. Desde los primeros pasos de la CGT se incubó un conflicto entre la mayoría de sus miembros, sin filiación política, y el grupo denominado los “claristas”, antiguos dirigentes de la FROG, como Antonio Obando Sánchez quienes, con el apoyo de sindicalistas salvadoreños exiliados, sobrevivientes del levantamiento campesino de 1932, formaron la Escuela Claridad de orientación comunista (Witzel,s.f.a: 52).

Ante la profundización de las diferencias entre los directivos influenciados por la Escuela Claridad y quienes tenían posiciones básicamente reivindicativas, el 27 de enero de 1946 14 organizaciones, entre estas el SAMF (con alrededor de 4,000 afiliados) y los sindicatos de las industrias más importantes, como Cementos Novella, Cervecería Centroamericana, Mishaan y Nortropic, y la UCPA se separaron de la CGT y formaron la Federación Sindical de Guatemala (FSG) (Witzel, s.f.a: 139).

En diciembre de 1946, ante la prohibición de un movimiento de huelga de los ferrocarrileros, la CGT, FSG, la Federación Regional Central de Trabajadores (FRCT) y la Asociación General de Empleados (AGE) integraron el Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS), que buscó frenar los movimientos espontáneos de huelga, al tiempo que exigía la promulgación del Código de Trabajo (Witzel, s.f.a: 156-158).

En marzo de 1951 había 93 sindicatos legalmente reconocidos, de los cuales 58 eran gremiales y 35 de empresa. De los 93 sindicatos, 10 estaban integrados por trabajadores del sector público, y 24 tenían sede fuera de la ciudad capital. De los sindicatos de empresa 16 pertenecían al sector industrial, siete correspondían a la rama textil (Witzel, s.f.a: 238 y 239).

En mayo de 1950, considerando que no estaban suficientemente representados por las centrales existentes, 25 sindicatos campesinos establecieron la Confederación Nacional Campesina de Guatemala (CNCG), que para 1954 contaba con unas 2,500 uniones campesinas y 300 sindicatos agrarios, con una membresía de entre 200,000 y 240,000 personas (Witzel, s.f.a: 244).

A mediados de 1951 nace la Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), con 10 federaciones que agrupaban 280 sindicatos. Pese a varias escisiones, de las cuales la más importante fue la separación del SAMF, a finales de ese año contaba con más de 100,000 afiliados (Witzel, s.f.a: 293 y 309-310; y Schneider, 1959: 155).

El movimiento sindical a lo largo de los 10 años del período revolucionario se convirtió “en uno de los más importantes actores sociales, asumiendo un papel activo en la iniciada transformación de la sociedad” (Witzel, s.f.a: XIV). La participación política directa se dio primero a través del Comité de Acción Política (CAP), creado el 19 de julio de 1948, que fue el vocero político del CNUS (Witzel, s.f.a: 175-181). Posteriormente, en enero de 1950 la FSG y la CTG integraron el Comité Político Nacional de los Trabajadores (CNPT), que tuvo mayor influencia y apoyó la candidatura presidencial de Jacobo Arbenz (Witzel, s.f.a: 219-229).

En los dos primeros años del gobierno de Arbenz (1951 y 1952) hubo numerosos conflictos laborales, tanto en el sector público (aduanas, tribunales y fincas nacionales, entre otros) como en empresas privadas (IRCA, Pan American, TACA, UFCO y Empresa Eléctrica). En agosto de 1951 el Sindicato de Artes Gráficas (SAG) intentó, sin éxito, formalizar un pacto colectivo con 15 industrias del sector. La Federación Textil, por su parte, alcanzó en 1953 un pacto, primero en la historia del país, con las empresas textiles. Los empresarios aceptaron el salario mínimo y los trabajadores apoyaron las solicitudes que los empresarios planteaban al gobierno (Witzel, s.f.a: 275: 326).

La Constitución de 1945 y las garantías sociales

Con la promulgación de la Constitución de 1945 se introdujo en Guatemala el constitucionalismo social, cuyos antecedentes se encuentran en la Constitución Mexicana de 1910 y en la Constitución de la República de Weimar de 1919. La Constitución contenía un capítulo relacionado al trabajo, en el cual se enunciaban las principales instituciones del derecho laboral, que serían desarrolladas en el posterior Código de Trabajo.

El artículo 55 declaraba que el trabajo es un derecho del individuo y una obligación moral. Mantenía el enunciado de que la vagancia era punible, propio de la legislación liberal decimonónica.

También se señalaba la protección que el Estado debía dar al capital y al trabajo (Artículo 56); el objetivo del pleno empleo y de asegurar a toda persona las condiciones necesarias para una existencia digna (Artículo 57); que las leyes reguladoras de las relaciones entre el capital y el trabajo atenderían las circunstancias económicas y sociales del país, las condiciones y costumbres de cada región y las características y posibilidades de las diversas actividades; y que en cuanto a los trabajadores agrícolas se tomarían en cuenta sus condiciones y necesidades, las zonas en que trabajan y las demás circunstancias peculiares de dicha clase de trabajo (Artículo 58).

El artículo 58 también enunciaba los principios fundamentales de la organización del trabajo, que deberían ser reglamentados por las leyes:
  • Contratos individuales y colectivos de trabajo, siendo nulas las estipulaciones que implicaran renuncia, disminución o tergiversación de algún derecho reconocido al trabajador.

  • La fijación periódica del salario mínimo.

  • Un día de descanso remunerado por cada seis de trabajo, y remuneración de los asuetos reconocidos por la ley.

  • En los trabajos a destajo, por ajuste o tarea sería obligatorio calcular racionalmente el salario mínimo por jornal de trabajo.

  • La obligación de pagar al trabajador en moneda de curso legal y no en vales, fichas, mercancías, ni especie alguna.

  • Jornadas máximas para trabajo diurno y nocturno.

  • Vacaciones anuales pagadas.

  • Igualdad de salario por igual trabajo.

  • Derecho de sindicalización para fines exclusivos de defensa económica social de los patronos, empleados privados, magisterio y empleados del Estado.

  • Reglamentación del derecho de huelga y paro.

  • Protección a la mujer y al menor trabajador.

  • Pago de indemnización por despido sin causa justificada, por un mes de sueldo por año de trabajo.

  • Reglamentación de los contratos de aprendizaje y de enganche, así como del trabajo a domicilio y del doméstico.

  • Medidas de asistencia y previsión social.
Las deudas por contrato de trabajo no podrían exceder del equivalente al salario del número de días que estipularía la ley (Artículo 59);responsabilidad de los empresarios por accidentes y enfermedades profesionales, salvo ciertas causas específicas (Artículo 60); prohibición de extranjeros de intervenir en asuntos relacionados con las organizaciones de trabajadores (Artículo 61); vigilancia e inspección por parte del Estado para hacer efectivos los preceptos en materia social (Artículo 62); seguro social obligatorio, al que contribuirían los patronos, los obreros y el Estado (Artículo 63); creación de la jurisdicción privativa de trabajo (Artículo 64); y promoción de la preparación técnica de los trabajadores (Artículo 65). En el artículo 70 se ordenaba la emisión del Estatuto del Empleado Público y en el 80, de la Sección Cultura, se establecía que correspondía al Estado dignificar económica, social y culturalmente al maestro.

El Triángulo de Escuintla

Un evento importante en la historia laboral del país, e incluso latinoamericana, fue la realización del Primer Congreso Regional de Economía, realizado en la ciudad de Escuintla en junio de 1946, por lo que fue conocido como el Triángulo de Escuintla. Participaron representantes de empleadores, trabajadores y gobierno, por lo que se le considera la primera experiencia de diálogo laboral tripartito. Se adoptaron resoluciones que incluso representantes de los finqueros reconocieron como justas, relacionadas con el aumento de salarios, construcción de caminos, acceso al crédito y exoneración del impuesto a la producción agrícola, asimismo hubo coincidencia con la Cámara de Comercio e Industria sobre la necesidad de concretar las garantías sociales plasmadas en la Constitución. Los trabajadores pidieron que en tanto era adoptado el Código de Trabajo se emitieran “leyes parciales que regulen la materia relacionada con salario mínimo, contratos colectivos, organizaciones sindicales y la creación de cuerpos de inspectores respectivos”. La solicitud sobre la organización sindical fue atendida con la Ley Provisional de Sindicalización (Decreto del Congreso Número 223), del 26 de marzo de 1946, pero fueron dejadas al margen las organizaciones sindicales de patronos y trabajadores agrícolas.

A pesar de ser anunciado como el primer congreso, el de Escuintla fue el único que se realizó. Según Raúl Sierra Franco, miembro del equipo organizador, los restantes ya no se efectuaron por “la negativa patronal” de seguir participando en dichos eventos (Witzel, s.f.a: 97-114).

El Presidente Arévalo afirmó que se trató de “un capítulo de la Planificación General acordada por mi Gobierno: era aquello que páginas atrás denominé auscultación”, que puso al Gobierno “en contacto con el material humano que tiene a su cargo la producción de alimentos y otros rubros en grado agrícola, industrial y comercial”. El propósito era “convocar a los portavoces de los diversos sectores y escucharlos, estando todos reunidos, para que el dicho de los unos pudiera ser rebatido por la opinión de los otros. Pero los resultados fueron infinitamente mayores de los que esperábamos. En Escuintla, como al abrirse un pozo, afloró tal cantidad de problemas que el país entero parecía haberse dado cita allí y ya no fue necesario reunir más Congresos Regionales” (Arévalo, 1998: 57).

El duro camino hacia el Código de Trabajo

Dados los antecedentes de las relaciones laborales no es extraño que Juan José Arévalo titulara nueve capítulos de las memorias sobre su período presidencial como “El duro camino hacia el Código de Trabajo”. Menciona que el 1 de mayo de 1946, con motivo de la marcha del Día del Trabajo, el presidente del Congreso Gerardo Gordillo Barrios anunció que el proyecto de Código de Trabajo estaba siendo terminado en el Congreso (Arévalo, 1998: 156). El 8 de septiembre de 1946, días después de una manifestación de los opositores al régimen, los partidos y sindicatos favorables al gobierno realizaron una marcha de apoyo al código. El presidente Arévalo, en su mensaje a los manifestantes dijo que los opositores eran “los enemigos del Código del Trabajo, cuya emisión los espanta” (Arévalo, 1998: 184). Arévalo asevera que, en enero de 1947, la UFCO, que controlaba el tráfico marítimo de Guatemala, retuvo en puertos de Estados Unidos de América la mercadería destinada al país. Considera que esto era parte de “las visibles y sensibles presiones contra el anunciado del Código del Trabajo, cuyas revolucionarias estipulaciones habrán de afectar el orgullo y ganancias de la empresa imperial” (Arévalo, 1998: 215).

En febrero de 1947 los señalamientos sobre la emisión de un código comunista llegaron a los círculos militares. La situación fue considerada de tal gravedad que Arévalo, junto con Gordillo Barrios, convocaron a una reunión ampliada de Gabinete para tratar sobre los dos grandes proyectos del gobierno (la seguridad social y el Código de Trabajo) con la presencia de cuatro o cinco jefes militares. También asistieron tres o cuatro líderes parlamentarios, el presidente de la Comisión de Seguros Sociales, José Rölz Bennet y los asesores costarricenses Oscar Barahona Streber y Walter Dittel. Al término de la exposición de Gordillo Barrios, Arévalo pidió al Jefe de las Fuerzas Armadas, coronel Francisco Javier Arana, que opinara sobre la conveniencia de las dos leyes, y este compartió la posición de Gordillo Barrios. “Dos horas después de haber empezado la reunión (comenta Arévalo) el tema estaba cerrado. Llegamos a la conclusión de que el país necesitaba ambas Leyes y que lo patriótico era emitirlas: entre más pronto mejor” (Arévalo, 1998: 228-229).

El 14 de febrero de 1947 una comisión del Congreso encabezada por su presidente Oscar Barrios Castillo y el secretario Ricardo Asturias Valenzuela, entregó a Arévalo el proyecto de Código de Trabajo. Informaron que la comisión fue dirigida por Barrios Castillo e integrada por los diputados José Manuel Fortuny, Rafael Zea Ruano, Julio Valladares Castillo, Ponciano España Rodas, Francisco Guerra Morales, Constantino Duarte Villela y Víctor Manuel Gutiérrez, contando con la asesoría de Oscar Barahona Streber (Arévalo, 1998: 230).

Entre manifestaciones a favor y en contra, conspiraciones y cambios de gabinete, se llegó a la aprobación del Código de Trabajo (Decreto del Congreso Número 330), que fue entregado a los trabajadores el 1 de mayo de 1947.

“Ya hemos dicho (afirmó el presidente Arévalo en su discurso) lo suficiente acerca de los orígenes de esta Ley y acerca de la trayectoria de su elaboración en el Congreso, con las asesorías pagadas desde el Ejecutivo, gracias también al entusiasmo de técnicos extranjeros que volcaron su saber en esta empresa. Quedó trazada la abrupta ruta que tuvimos que recorrer para llegar al Código, combatido, calumniado, rechazado, saboteado por las diversas células de la reacción nacional e internacional. No se conoce en la historia social, política y legislativa de Guatemala una batalla más reñida, una más prolongada. Una mejor sostenida por ambos bandos. Las fuerzas retardatarias pusieron en juego todos sus recursos para desacreditar al gobierno popular, y sus últimos empeños fueron puestos en las tareas de asustar al Ejército con las sombras del ‘comunismo’, del desorden, de la anarquía, del caos, de la inseguridad en general. La lucha por el Código de Trabajo en esas condiciones, si no fue cómoda para el Gobierno tampoco lo fue para sus adversarios. Emitida la Ley, faltaba ahora el bautismo popular. Y eso fue la concentración masiva de trabajadores de todo el país que vinieron hasta el Palacio Nacional a recibir de las manos del Presidente la Ley que significaba el comienzo de su liberación económica y social”.

 Agregó que gracias al código “esos numerosos habitantes dejan de ser cosa productiva para convertirse en personas jurídicas con derechos y obligaciones, con sentido social y un patrimonio moral. Y esta liberación de los explotados económicamente, es el suceso transformador de nuestra vida que califico sin vacilaciones como un Renacimiento”. Hizo también referencia al papel que desempeñó el Partido Acción Revolucionaria (que permanecía como fusión del Frente Popular Libertador y Renovación Nacional), calificando al código de obra cumbre de lo que era “un partido juvenil partido sin compromisos con las generaciones feudales”, sin el cual no habría sido posible emitirlo (Arévalo, 1998: 243-246).

Se dice que el Código de Trabajo no era algo novedoso, pues incluso el emitido por Anastasio Somoza, el dictador de Nicaragua, fue anterior y más garantista que el guatemalteco. Sobre los códigos de trabajo emitidos en Centroamérica en la década de los 40 (Costa Rica en 1943, Nicaragua, en 1945 y Guatemala en 1947) Bulmer-Thomas (2011: 223) opina que se trató de los ejemplos más espectaculares de cambio de actitud hacia los trabajadores organizados y que el de Nicaragua, en su momento el más avanzado de Latinoamérica “fue un ejemplo del somozismo en su mayor cinismo”. Cabe señalar que el código guatemalteco tuvo fuerte influencia del Código de Trabajo de Costa Rica, pues Barahona Streber había participado en la elaboración del código de su país natal.

La creación del seguro social

Simultáneamente con el proyecto de Código de Trabajo, el gobierno inició en 1945 el proceso de creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), para cumplir con el correspondiente mandato institucional. A finales de 1945 estableció la Comisión de Seguros Sociales, adscrita al Ministerio de Economía y Trabajo, encabezada por José Rölz Benett e integrada por Jorge Arias de Blois, Salvador Saravia y César Meza (IGSS, 1947: 5 y 191). Dos expertos costarricenses, ya citados, que llegaron inicialmente con empresas de seguros que ofrecieron presentar una propuesta, Barahona Streber y Walter Dittel, y habían participado en la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, trabajaron con la comisión en la elaboración del informe que sirvió de base para establecer el seguro social.

En ese año, aparte del régimen de previsión social para los empleados públicos civiles y militares que existía desde 1881 y que tenía carácter contributivo, con el 2% del monto del salario, el estudio hace referencia a los planes de protección existentes, como el de la Empresa Guatemalteca de Electricidad para sus 370 trabajadores permanentes, mediante un seguro de vida; de la West India Oil Company, para sus 34 trabajadores permanentes, contra riesgos profesionales y comunes, incluyendo el pago de salarios por suspensión de labores; de los Ferrocarriles Internacionales de Centro America (IRCA por sus siglas en inglés) con pensiones para algunos trabajadores incapacitados, así como servicios médicos, farmacéuticos y de hospital, al que contribuían los trabajadores con el 1% de sus salarios; y de la UFCO, cuyo plan de pensiones de vejez, con contribuciones a partes iguales de empresa y trabajadores, protegía 1,264 trabajadores intelectuales (empleados) que ganaban más de Q30 y menos de Q100 mensuales; el resto del personal (trabajadores de campo) era cubierto con servicios médicos y de hospital.

Varias empresas de capital nacional, agrega el estudio, habían establecido sistemas voluntarios de previsión social, pero solo ofrecen datos de C.F. Novela & Co., que contaba con 500 trabajadores, a quienes ofrecía servicios médicos y hospitalarios, que se extendía a la esposa, hijos y otros familiares, y pensiones por incapacidad y vejez (IGSS, 1947: 30 a 33).

El 1 de junio de 1946 la comisión recibió el estudio elaborado por los dos expertos y emitió dictamen favorable el 15 de septiembre de 1946. El 23 de septiembre el proyecto de ley fue enviado al Congreso por el Ministro de Economía y Trabajo, acompañado de una nota del presidente Arévalo, quien indicaba que se trataba de “hacer realidad una de las máximas obras (si no la más trascendental) del programa revolucionario de Gobierno” (IGSS, 1947: 191, 247 – 249).

La comisión elaboró un decálogo de principios fundamentales de la seguridad social, entre los que incluyó el respeto a las exigencias técnicas del sistema, adecuación al medio, autonomía de gestión, ajeno a la política partidaria, aporte indispensable del Estado, solidaridad social y la calidad del elemento humano que lo dirija (IGSS, 1947: 197-199).

El 7 de octubre de 1946 la Comisión de Economía y Trabajo rindió dictamen favorable y se inició el proceso de discusión (IGSS, 1947: 262) que culminó el 28 de octubre de 1946, cuando fue aprobada, mediante Decreto del Congreso Número 295, la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, no sin antes ser objetada por el gremio médico y sectores conservadores, afirmando que con dicho instituto se iniciaba la socialización de la medicina.

En el estudio técnico se estimó que en el primer año de actividad el número de asegurados sería de 75,000 (55,000 en actividades comerciales, industriales y otras de carácter urbano y 20,000 en agrícolas o ganaderas) (IGSS, 1947: 183 y 184). El Primer Censo Industrial, realizado en 1946, reportó 673 empresas, con 19,361 trabajadores. El mayor número, tanto de empresas como de trabajadores, correspondía a las textiles y de vestuario, con 251 y 7,291 respectivamente (Dosal, 2005: 157).

El instituto inició actividades en 1948 con el programa de accidentes, cubriendo los departamentos de Guatemala, Chimaltenango, Escuintla, Izabal, Quetzaltenango, Retalhuleu, Sacatepéquez y Suchitepéquez. En 1953 principió el programa Materno Infantil y fue fundado el centro correspondiente, en las instalaciones de un antiguo hotel de la zona 9, donde actualmente funciona el Hospital General de IGSS.

Un informe de la embajada de Estados Unidos señaló que el instituto era “sin duda la mejor administrada y más efectiva de las reformas sociales de la administración Arévalo”. Gleijeses (2005: 49) quien hace referencia a ese informe, afirma que con “personal competente y bien remunerado, y protegido de interferencias externas, el IGSS fue una excepción notable en la marisma de corrupción, nepotismo e incompetencia en la que se sumió la administración de Arévalo”. Su primer gerente fue Oscar Barahona Streber.

La evolución de los salarios

En el estudio para la creación del seguro social, al analizar el nivel de salarios y la política de salarios mínimos existentes en el país, los autores indican que el gobierno de Juan José Arévalo no había adoptado medidas en materia de salario mínimo.

Respecto a los salarios vigentes indican que el promedio anual de salarios por trabajador ocupado en actividades agrícolas o ganaderas era de alrededor de Q 100 equivalentes a Q 8.33 al mes; en tanto que en la industria, comercio y actividades urbanas era de aproximadamente de Q 400 anuales, equivalentes a Q 33.33 mensuales. Una encuesta realizada en diciembre de 1945 en 57 establecimientos industriales, reportó 4,041 trabajadores manuales (26% mujeres) y un salario promedio por semana de Q6.08, equivalente a poco más de Q 300 al año. Resaltan la considerable diferencia entre los salarios promedio de hombres y mujeres, pues para los primeros era de Q 6.58 por semana y para las mujeres deQ4.59 (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, 1947: 82).

Al reducir la reserva de mano de obra que constituían los campesinos sin tierra, la reforma agraria implementada a partir de enero 1953, junto con la afiliación sindical de los trabajadores agrícolas y los esfuerzos del gobierno por hacerla respetar, provocaron el incremento de los salarios en la actividad agrícola. El examen de los contratos de trabajo indica un promedio diario de Q 0.35 a Q 0.50 en 1950, que ascendió a Q 0.80 en 1953 (Gleijeses, 2005: 222). En el ámbito urbano, en agosto de 1953 la Federación Textil planteaba la defensa del salario mínimo de Q 1.25 por día (Witzel, s.f.a: 327).

Entre 1950 y 1954 los departamentos que tenían los salarios diarios promedio más elevados eran Izabal con Q 3.67; Retalhuleu Q 3.44; Chiquimula Q 3.30; Escuintla, Q 3.24 y Guatemala Q 3.11. Los más bajos correspondían a San Marcos con Q 1.27; Jutiapa, Q 1.21; Baja Verapaz Q 1.18; y Sololá, Q 1.14 (Piel, 1995: 64).

La política agraria de los gobiernos revolucionarios

Entre las acciones del gobierno de Juan José Arévalo relacionadas con la producción y el trabajo agrícola se pueden citar la abolición de la libreta de jornaleros, mediante la Ley de Vagancia, Decreto del Congreso Número 118, del 23 de mayo de 1945; la Ley de Titulación Supletoria, Decreto del Congreso Número 232, del 3 de mayo de 1946, atendiendo una de las recomendaciones del Triángulo de Escuintla; la creación, mediante Decreto del Congreso Número 533, del 29 de julio de 1948, del Instituto de Fomento de Producción (INFOP) que, entre otros temas, promovió el cultivo del algodón que se convirtió, en los años siguientes, en el segundo producto de exportación, aun cuando no afectó la concentración de la riqueza y de la tierra, pues el apoyo favoreció a medianos y grandes terratenientes (Bulmer-Thomas, 2011: 256 y 257; y Guerra-Borges, 2006: 95-105).

El 12 de diciembre 1949, con la Ley de Arrendamiento Forzoso (Decreto del Congreso Número 712), se obligó a los propietarios rurales a continuar el arrendamiento de tierras a campesinos que las hubieran tenido durante los cuatro años anteriores y el derecho de los campesinos que carecieran de tierras a solicitarlas en arrendamiento a los propietarios que las tuvieran disponibles, pagando una renta en especie que no excediera del 10% de la producción.

El presidente Juan José Arévalo consideraba que en Guatemala no había un problema agrario. En abril de 1945 afirmó: “El problema es que los campesinos han perdido las ganas de labrar la tierra por las actitudes y políticas del pasado. Mi gobierno los motivará, pero sin recurrir a medida alguna que lesione a otras clases” (Gleijeses, 2005: 57). El primer planteamiento de una reforma agraria fue adoptado por el Segundo Congreso de la CTG en octubre de 1946 (Guerra-Borges, 2006: 58).

A diferencia de Arévalo, la reforma agraria fue el proyecto preferido de su sucesor, Jacobo Arbenz Guzmán. Al tomar posesión declaró que los objetivos de su programa económico eran la transformación de Guatemala en un país capitalista moderno “y proceder de manera que esto asegure la mejoría posible del nivel de vida de las grandes masas del pueblo” (Gleijeses, 2005: 207).

El censo agropecuario de 1950 puso en evidencia la elevada concentración de la tierra ocupada por fincas, y los datos que aportó, según indica Guerra-Borges (2006: 61) fueron tomados en cuenta para elaborar el proyecto de reforma agraria. Las fincas menores de cinco manzanas ocupaban únicamente el 13% de la superficie, mientras las fincas mayores de 50 caballerías, 168 en total, ocupaban el 28% de la superficie censada. En Escuintla, el departamento más productivo desde el punto de vista agrícola, 34 fincas de un total de 10,662 ocupaban el 62% de las tierras censadas (Piedra-Santa, 1981: 52b y 54a) A finales de 1951 Arbenz encargó a tres dirigentes del partido comunista (el Partido Guatemalteco del Trabajo) la elaboración de un proyecto de ley. En abril de 1952 lo presentó al Gabinete y el 10 de mayo fue remitido al Congreso. La AGA presionó para el retiro del proyecto y preparó uno alternativo, “que ponía énfasis en generosos créditos del gobierno para sus propios miembros” (Gleijeses, 2005: 193). Proponía que los campesinos con menos de cinco hectáreas o sin tierra podían solicitar usufructo vitalicio o arrendamiento de parcelas hasta de 20 hectáreas y por un lapso de 20 años (Guerra-Borges, 2006: 62).

La AGA encabezó la oposición del empresariado a la reforma agraria. Pronosticó que llevaría a la desaparición del régimen constitucional y a la quiebra de la economía. En un folleto titulado “Centinela de los intereses de Guatemala”, la calificó de socialista con tendencias totalitarias e inclinaciones marxistas (Witzel, s.f.a: 343).

La Ley de Reforma Agraria (Decreto del Congreso Número 900) fue promulgada el 17 de junio de 1952 y en el lapso de 18 meses entre el 5 de enero de 1952 y el 16 de junio de 1954 se emitieron 1,002 decretos de expropiación. Afectó propiedades privadas que ocupaban una superficie de 1.1 millones de hectáreas (19% de la superficie registrada por el censo agropecuario de 1950), a las que fueron expropiadas 603,615 hectáreas. Sumadas 280,000 hectáreas de tierras de las fincas nacionales, entregadas en usufructo, resulta un total de 883,615 hectáreas, beneficiando a más de 100,000 familias (Guerra-Borges, 2005: 66 y 67).

Las fincas nacionales provenían, en su mayoría, de las expropiadas a los alemanes por Jorge Ubico, con ocasión de la II Guerra Mundial y ocupaban alrededor de 100,000 trabajadores. El mayor impacto de la reforma agraria lo sufrió la UFCO, que en los departamentos de Izabal y Escuintla poseía alrededor de 229,000 hectáreas (Sabino, 2007: 167).

La rápida aplicación del Decreto 900 fue acompañada de abusos cometidos por Comités Agrarios Locales, que denunciaron tierras de pequeños y medianos propietarios, lo que provocó la radicalización de los agricultores del oriente del país. En su informe al Congreso de marzo de 1954, Arbenz reconoció ocupaciones ilegales o la invasión de tierras por unos campesinos en perjuicio de otros (Gleijeses, 2005: 214).

La dotación de tierras fue acompañada del otorgamiento de créditos, para lo que se estableció, en julio de 1953, el Banco Nacional Agrario. Previo a este banco, cuya dirección fue confiada a Alfonso Bauer Paiz, “excepcional entre los políticos revolucionarios por su pericia y honestidad”, la entrega de financiamiento estuvo a cargo del Crédito Hipotecario Nacional (CHN). Entre marzo y noviembre de 1953 el CHN otorgó Q 3.3 millones en préstamos, de los cuales Q 3 millones (90%) habían sido pagados en junio de 1954. En total el CHN y el Banco Nacional Agrario aprobaron préstamos por Q 11.9 millones, desembolsando el 76% antes de la renuncia de Arbenz. El promedio recibido por cada uno de los 53,829 beneficiarios era de Q 225, que representaba casi el doble del ingreso anual per cápita en 1950 (Gleijeses, 2005: 217-218).

Dos hechos reconocidos por la mayoría de quienes han abordado el tema, tuvieron un carácter decisivo en la confrontación ideológica y en el futuro de la reforma agraria. El primero, la expropiación de las tierras de la UFCO, que aumentó las tensiones con el gobierno de Estados Unidos; y el segundo, la destitución de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia que admitieron un recurso de amparo en contra del Decreto 900 (Sabino, 2007: 181, y Witzel, s.f.a: 343-346).

Sobre los efectos de la reforma agraria hay opiniones encontradas. Sabino (2007: 178) afirma que la reforma agraria no fue producto de un clamor por la tierra surgido de la población campesina, ni la respuesta a un malestar extendido entre estos. Citando a un autor estadounidense agrega que “Si la división de la tierra hubiese sido un tema realmente candente, la revolución no hubiera podido esperar ocho largos años hasta 1952 para decidirse a resolverlo”.

Bulmer-Thomas (2011: 217) anota que el programa “fue mal concebido y desastrosamente ejecutado. De hecho la forma caótica en que se administró, casi con seguridad hizo que la causa de la reforma agraria retrocediera muchos años en el resto de Centroamérica, y fue, desde luego, una importante razón para que Castillo Armas la suprimiera”. Citando a otro autor, Sabino (2007: 179) señala que “la reforma agraria abrió una Caja de Pandora en la Guatemala rural”. Por su parte comenta que se trató de una solución simple a problemas complejos y que su aplicación se vio limitada por el burocratismo y la corrupción.

Gleijeses (2005: 216-218), apoyándose en documentos del gobierno de Estados Unidos, refuta las anteriores afirmaciones. Cita, entre estos, un informe de la Oficina de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado, donde se indicó que “el impacto sobre los terratenientes particularmente lo sufriría una minoría”, a la par que expresa preocupación porque su exitosa aplicación fortaleciera la influencia del gobierno de Arbenz y de los comunistas entre la población rural. También un reporte de la embajada de Estados Unidos, de marzo de 1954, donde señalan que los afectados poseían cantidades extremadamente grandes de tierra y que en muchos casos eran terratenientes absentistas. Con respecto a sus efectos en la producción agrícola, la embajada de Estados Unidos informó en agosto de 1953 que la producción de maíz había aumentado en un 15%. La cosecha de café de 1953-1954, según un informe de la FAO, había sido la segunda más grande en la historia de Guatemala. En octubre de 1954, la citada embajada reconoció que “el impacto de la reforma agrafia durante el régimen de Arbenz fue principalmente político y no afectó mucho la producción agrícola” (Gleijeses, 2005: 220).

La Revolución del 20 de Octubre, con sus aciertos y errores, avances en muchas áreas y descuido de otras, “tuvo el mérito indudable (de acuerdo con historiador suizo) de abrir el país, de unas condiciones propias del siglo XIX a las modernidad del siglo XX” (Karlen, 1996: 75). En materia laboral y agraria es también inobjetable que trató de corregir las consecuencias de más de 450 años de explotación, despojo, pobreza y marginación a la que fue condenada gran parte de la población guatemalteca, particularmente los indígenas.

Publicado por: Pablo Ordoñez

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