El traslado de una capital en el último cuarto del siglo XVIII...
fue un hecho de gran importancia en la historia hispanoamericana. Su interés aumenta por el clima polémico en el que se fraguó y ejecutó. En el proceso del traslado quedó plasmado el sistema colonial y la actuación de los personajes y grupos sociales que constituían la población de un centro de poder social y político, como lo era Santiago de Guatemala.
La historia de la capital de Guatemala estuvo siempre estrechamente vinculada y marcada por
los movimientos sísmicos. En los siglos XVI y XVII se registraron numerosos temblores y erupciones volcánicas que, causaban serios daños en la ciudad. Pero ésta, a pesar
de todos los contratiempos, siguió creciendo y surgieron nuevos barrios en su periferia.
En el siglo XVIII, el primer terremoto de importancia en Santiago se registró en 1717. Además de la ruina de los edificios, los habitantes huyeron como resultado de una serie de rumores y patrañas que corrieron entre la población, y que hicieron creer a los vecinos que la ciudad se hundiría y se convertiría en una laguna.
Existe cierto paralelismo entre el terremoto de 1717 y el de 1773. En ambos la población se dividió entre quienes deseaban que la capital permaneciera en el mismo lugar y los que querían su traslado. Unos alegaban que la destrucción había sido tan grande que
no quedaba piedra sobre piedra y que resultaría muy caro reconstruir la ciudad. Además, se decía que la proximidad de los volcanes hacía insegura la situación de la capital. Los otros respondían que muchos templos habían quedado en buen estado, que los vecinos estaban reparando sus casas y vivían en ellas y que volcanes y temblores `son plaza común en toda América'.
La primera polémica puede considerarse como un prólogo a la que se suscitó 56 años después. La discusión se prolongó por unos años, pero la decisión del Rey fue negar la autorización para el traslado, que era la postura del Presidente Francisco Rodríguez de Rivas.
El Terremoto de Santa Marta
Martín de Mayorga hizo su entrada en la ciudad de Santiago precedido por malos presagios: esa tarde se sintieron fuertes temblores y el Real Palacio sufrió algunos daños. Desde días antes de su llegada un fuerte temporal azotaba la ciudad y pueblos del valle, y el Río Pensativo se había desbordado e inundado el oriente y el centro de la capital.
El 29 de julio a las tres de la tarde se sintió un temblor que hizo salir de sus casas a los vecinos, circunstancia providencial porque a los pocos minutos sobrevino el gran terremoto, seguido por continuos temblores y fuertes lluvias que duraron toda la noche.
Los primeros problemas fueron la falta de agua, por la rotura de los acueductos, y la escasez de alimentos porque los indios de los pueblos vecinos que abastecían la capital habían huido a los montes cercanos, donde se sentían más seguros. Las autoridades dictaron las órdenes consiguientes para reparar los caminos, arreglar los hornos de las panaderías y componer las cañerías. También se estableció una carnicería provisional en la plaza mayor, por haber quedado inutilizables las que venían funcionando anteriormente. En los primeros días, para suplir la falta de pan y tortillas, se repartieron entre los vecinos, por cuenta del real erario, unas 200 petacas de bizcocho que estaban destinadas al abasto del Castillo de Omoa.
Pero fue hasta el gobierno de Matías de Gálvez, de 1779 a 1783, fecha en que se dio por trasladada definitivamente la capital. Matías de Gálvez dictó órdenes severas de abandonar la antigua capital y de arrasar todos los edificios, conventos, fuentes y cuanto había quedado en pie después del terremoto. Felizmente, no se cumplieron tales órdenes.
Las Juntas de Agosto
El 2 y el 4 de agosto se celebraron unas `juntas generales' presididas por Martín de Mayorga y compuestas por los oidores, miembros del Ayuntamiento, oficiales reales, el Arzobispo, algunos miembros del Cabildo Eclesiástico y los prelados de las órdenes religiosas.
En ellas se acordó informar al Rey de la destrucción de la ciudad y de la urgente necesidad de trasladarla a otro paraje que no estuviera tan inmediato a los volcanes, con los cuales se vinculaban los repetidos temblores. La mayoría de los presentes se inclinó por el traslado provisional a La Ermita, a la espera de la decisión del Rey y del Consejo de Indias, aunque hubo ya algunos que se opusieron a la mencionada traslación por considerarla muy costosa.
El maestro mayor de obras, Bernardo Ramírez, a quien se había encargado revisar los edificios de la ciudad, participó también en las juntas citadas. En su dictamen expuso que todos los templos, conventos, casas de comunidades y de particulares se hallaban inhabitables y que los fragmentos de las ruinas amenazaban a cuantos transitaban por las calles. Su opinión era que la ciudad no se debía volver a edificar en el mismo lugar, por la proximidad de los volcanes y porque sería muy costoso derribar lo que aún quedaba en pie y quitar los escombros.
También Fray Francisco Gutiérrez, OFM, diestro en materias de arquitectura, después de reconocer los edificios de la ciudad, informó que para volverla a edificar en el mismo lugar era necesario desmontarlo todo, y calculó el costo de este trabajo en unos seis o siete mil pesos por cuadra. Su recomendación era que la ciudad se trasladara a otro lugar. Hay que tener en cuenta que ambos dictámenes se emitieron a los seis días del terremoto, cuando aún continuaban los temblores y los ánimos no se habían tranquilizado.
En otra junta general, celebrada el dia 9 de agosto, se acordó nombrar comisiones que estudiaran los valles de Jalapa y de La Ermita, para decidir cuál podría resultar más conveniente como posible asiento de la nueva ciudad. A los miembros de estas comisiones se les entregaron instrucciones sobre la forma de llevar a cabo los reconocimientos y los diversos aspectos que debían considerar. Estas instrucciones reflejaban lo estipulado en la Recopilación de las Leyes de Indias sobre fundación de ciudades, que a su vez se recogían las Ordenanzas de Población de 1573 dictadas por Felipe II.
El 12 de agosto marcharon al establecimiento provisional de La Ermita los miembros de la junta de la Real Hacienda, custodiando parte del dinero de las Cajas Reales.
El paso de los días fue calmando los ánimos y a fines de agosto muchos de los que al principio estuvieron de acuerdo en abandonar la ciudad cambiaron de parecer ante las dificultades e incomodidades que ello implicaba. El encarecimiento del transporte y de la mano de obra, la escasez de madera y de otros materiales de construcción, así como de operarios, disuadió a algunos de los partidarios del traslado. Los vecinos que en los días inmediatos al terremoto se habían marchado a Villa Nueva, Petapa, Mixco y otros lugares, para ponerse a salvo de los continuos temblores, regresaron poco a poco a la capital y comenzaron a reparar sus casas. Sin el empecinamiento del Presidente Mayorga, es posible que la idea del traslado hubiera quedado olvidada como en ocasiones anteriores. Pero dicho
alto funcionario salió de Santiago el día 6 de septiembre para establecerse en La Ermita. Dejó en la ciudad a 130 hombres de milicia.
El 13 de diciembre se sintieron en Santiago dos nuevos temblores, que cortaron el camino hacia La Ermita, arruinaron varios de los hornos construidos desde julio y dislocaron nuevamente los conductos de agua. Los sismos continuaron en los días sucesivos, con lo cual se fortalecieron los argumentos del grupo partidario del traslado.
A fines de enero de 1774, el Consejo de Indias, después de recibir los informes de lo acontecido en la capital de Guatemala, aprobó el traslado interino a La Ermita resuelto por Mayorga y advirtió a dicho funcionario que no permitiera que se hicieran obras formales en el nuevo sitio, y tampoco en la capital arruinada, hasta que el Rey no determinara lo más conveniente.
En un informe del 30 de abril de 1774, el Ayuntamiento de Guatemala expuso que, si bien en el primer momento todos habían votado por el traslado, pasados los meses ya no se veía la conveniencia de éste, porque los temblores también se sentían en el establecimiento provisional de La Ermita y que si no hacían estragos era porque no había edificios.
El Arzobispo y las órdenes religiosas también expresaron su renuencia al traslado aunque aún no se oponían abiertamente al mismo. Pero cuando se recibió la real cédula del 21 de septiembre de 1775 en que se ordenaba expresamente `...que ninguna clase de censo impuesto en las casas de la Antigua Guatemala pueda recaer ni subrogarse en parte alguna sobre los solares ni edificios de la nueva ciudad', la postura de los religiosos sobre el traslado se hizo más radical y se opusieron tenazmente al proyecto.
Terronistas y Traslacionistas
Poco a poco se perfilaron dos grupos entre la población de Santiago: los `terronistas', que no querían abandonar la ciudad, y los `traslacionistas', partidarios de cambiar el lugar de la capital.
Los del primer grupo pertenecían el Arzobispo, el Cabildo Eclesiástico y las órdenes religiosas, que perdían sus iglesias, conventos y propiedades y con ellas los censos, capellanías y obras pías, de las cuales dependía buena parte de su poder económico. También eran parte de este grupo las familias criollas adineradas, algunos de cuyos miembros conformaban el Ayuntamiento, que se veían obligados a alejarse del solar de sus mayores, y a perder casas y rentas y negocios. La misma posición adoptaron los artesanos, que debían
abandonar sus talleres, y los indios, forzados a dejar sus pueblos, tierras y siembras. Todos ellos se opusieron tenazmente al traslado y expusieron al Rey y al Consejo de Indias sus razones sentimentales, económicas y jurídicas.
Los principales representantes del lado de los traslacionistas fueron el Presidente Mayorga, los oidores de la Audiencia y otros funcionarios menores llegados de España, además de los vecinos que tenían comprometidos sus haberes en censos y otros gravámenes y que con la mudanza esperaban liquidar sus deudas.
Ambos bandos utilizaron abundantes argumentos para defender y promover sus posiciones. La mayoría de la población no permaneció al margen de la polémica, pero no se comprometió por lo menos abiertamente con los bandos en pugna. Los sectores populares no educados ni organizados en grupos de interés o de presión, no estaban en capacidad de expresar claramente sus puntos de vista.
Indudablemente el sector terronista fue el que contó con mayores simpatías, pero la tradición de obediencia a la autoridad hizo que los vecinos aceptaran, aunque a regañadientes, las disposiciones del gobierno, sobre todo después de la llegada de la real cédula que ordenaba el traslado definitivo.
