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Traslados de la Ciudad Capital El traslado de una capital en el último cuarto del siglo XVIII...
fue un hecho de gran importancia en la historia hispanoamericana. Su interés aumenta por el clima polémico en el que se fraguó y ejecutó. En el proceso del traslado quedó plasmado el sistema colonial y la actuación de los personajes y grupos sociales que constituÃan la población de un centro de poder social y polÃtico, como lo era Santiago de Guatemala. La historia de la capital de Guatemala estuvo siempre estrechamente vinculada y marcada por En el siglo XVIII, el primer terremoto de importancia en Santiago se registró en 1717. Además de la ruina de los edificios, los habitantes huyeron como resultado de una serie de rumores y patrañas que corrieron entre la población, y que hicieron creer a los vecinos que la ciudad se hundirÃa y se convertirÃa en una laguna. Existe cierto paralelismo entre el terremoto de 1717 y el de 1773. En ambos la población se dividió entre quienes deseaban que la capital permaneciera en el mismo lugar y los que querÃan su traslado. Unos alegaban que la destrucción habÃa sido tan grande que La primera polémica puede considerarse como un prólogo a la que se suscitó 56 años después. La discusión se prolongó por unos años, pero la decisión del Rey fue negar la autorización para el traslado, que era la postura del Presidente Francisco RodrÃguez de Rivas. MartÃn de Mayorga hizo su entrada en la ciudad de Santiago precedido por malos presagios: esa tarde se sintieron fuertes temblores y el Real Palacio sufrió algunos daños. Desde dÃas antes de su llegada un fuerte temporal azotaba la ciudad y pueblos del valle, y el RÃo Pensativo se habÃa desbordado e inundado el oriente y el centro de la capital. El 29 de julio a las tres de la tarde se sintió un temblor que hizo salir de sus casas a los vecinos, circunstancia providencial porque a los pocos minutos sobrevino el gran terremoto, seguido por continuos temblores y fuertes lluvias que duraron toda la noche. Los primeros problemas fueron la falta de agua, por la rotura de los acueductos, y la escasez de alimentos porque los indios de los pueblos vecinos que abastecÃan la capital habÃan huido a los montes cercanos, donde se sentÃan más seguros. Las autoridades dictaron las órdenes consiguientes para reparar los caminos, arreglar los hornos de las panaderÃas y componer las cañerÃas. También se estableció una carnicerÃa provisional en la plaza mayor, por haber quedado inutilizables las que venÃan funcionando anteriormente. En los primeros dÃas, para suplir la falta de pan y tortillas, se repartieron entre los vecinos, por cuenta del real erario, unas 200 petacas de bizcocho que estaban destinadas al abasto del Castillo de Omoa. Pero fue hasta el gobierno de MatÃas de Gálvez, de 1779 a 1783, fecha en que se dio por trasladada definitivamente la capital. MatÃas de Gálvez dictó órdenes severas de abandonar la antigua capital y de arrasar todos los edificios, conventos, fuentes y cuanto habÃa quedado en pie después del terremoto. Felizmente, no se cumplieron tales órdenes. En ellas se acordó informar al Rey de la destrucción de la ciudad y de la urgente necesidad de trasladarla a otro paraje que no estuviera tan inmediato a los volcanes, con los cuales se vinculaban los repetidos temblores. La mayorÃa de los presentes se inclinó por el traslado provisional a La Ermita, a la espera de la decisión del Rey y del Consejo de Indias, aunque hubo ya algunos que se opusieron a la mencionada traslación por considerarla muy costosa. El maestro mayor de obras, Bernardo RamÃrez, a quien se habÃa encargado revisar los edificios de la ciudad, participó también en las juntas citadas. En su dictamen expuso que todos los templos, conventos, casas de comunidades y de particulares se hallaban inhabitables y que los fragmentos de las ruinas amenazaban a cuantos transitaban por las calles. Su opinión era que la ciudad no se debÃa volver a edificar en el mismo lugar, por la proximidad de los volcanes y porque serÃa muy costoso derribar lo que aún quedaba en pie y quitar los escombros. También Fray Francisco Gutiérrez, OFM, diestro en materias de arquitectura, después de reconocer los edificios de la ciudad, informó que para volverla a edificar en el mismo lugar era necesario desmontarlo todo, y calculó el costo de este trabajo en unos seis o siete mil pesos por cuadra. Su recomendación era que la ciudad se trasladara a otro lugar. Hay que tener en cuenta que ambos dictámenes se emitieron a los seis dÃas del terremoto, cuando aún continuaban los temblores y los ánimos no se habÃan tranquilizado. En otra junta general, celebrada el dia 9 de agosto, se acordó nombrar comisiones que estudiaran los valles de Jalapa y de La Ermita, para decidir cuál podrÃa resultar más conveniente como posible asiento de la nueva ciudad. A los miembros de estas comisiones se les entregaron instrucciones sobre la forma de llevar a cabo los reconocimientos y los diversos aspectos que debÃan considerar. Estas instrucciones reflejaban lo estipulado en la Recopilación de las Leyes de Indias sobre fundación de ciudades, que a su vez se recogÃan las Ordenanzas de Población de 1573 dictadas por Felipe II. El 12 de agosto marcharon al establecimiento provisional de La Ermita los miembros de la junta de la Real Hacienda, custodiando parte del dinero de las Cajas Reales. El 13 de diciembre se sintieron en Santiago dos nuevos temblores, que cortaron el camino hacia La Ermita, arruinaron varios de los hornos construidos desde julio y dislocaron nuevamente los conductos de agua. Los sismos continuaron en los dÃas sucesivos, con lo cual se fortalecieron los argumentos del grupo partidario del traslado. A fines de enero de 1774, el Consejo de Indias, después de recibir los informes de lo acontecido en la capital de Guatemala, aprobó el traslado interino a La Ermita resuelto por Mayorga y advirtió a dicho funcionario que no permitiera que se hicieran obras formales en el nuevo sitio, y tampoco en la capital arruinada, hasta que el Rey no determinara lo más conveniente. En un informe del 30 de abril de 1774, el Ayuntamiento de Guatemala expuso que, si bien en el primer momento todos habÃan votado por el traslado, pasados los meses ya no se veÃa la conveniencia de éste, porque los temblores también se sentÃan en el establecimiento provisional de La Ermita y que si no hacÃan estragos era porque no habÃa edificios. El Arzobispo y las órdenes religiosas también expresaron su renuencia al traslado aunque aún no se oponÃan abiertamente al mismo. Pero cuando se recibió la real cédula del 21 de septiembre de 1775 en que se ordenaba expresamente `...que ninguna clase de censo impuesto en las casas de la Antigua Guatemala pueda recaer ni subrogarse en parte alguna sobre los solares ni edificios de la nueva ciudad', la postura de los religiosos sobre el traslado se hizo más radical y se opusieron tenazmente al proyecto. Terronistas y Traslacionistas Poco a poco se perfilaron dos grupos entre la población de Santiago: los `terronistas', que no querÃan abandonar la ciudad, y los `traslacionistas', partidarios de cambiar el lugar de la capital. Los del primer grupo pertenecÃan el Arzobispo, el Cabildo Eclesiástico y las órdenes religiosas, que perdÃan sus iglesias, conventos y propiedades y con ellas los censos, capellanÃas y obras pÃas, de las cuales dependÃa buena parte de su poder económico. También eran parte de este grupo las familias criollas adineradas, algunos de cuyos miembros conformaban el Ayuntamiento, que se veÃan obligados a alejarse del solar de sus mayores, y a perder casas y rentas y negocios. La misma posición adoptaron los artesanos, que debÃan Los principales representantes del lado de los traslacionistas fueron el Presidente Mayorga, los oidores de la Audiencia y otros funcionarios menores llegados de España, además de los vecinos que tenÃan comprometidos sus haberes en censos y otros gravámenes y que con la mudanza esperaban liquidar sus deudas. Ambos bandos utilizaron abundantes argumentos para defender y promover sus posiciones. La mayorÃa de la población no permaneció al margen de la polémica, pero no se comprometió por lo menos abiertamente con los bandos en pugna. Los sectores populares no educados ni organizados en grupos de interés o de presión, no estaban en capacidad de expresar claramente sus puntos de vista. Indudablemente el sector terronista fue el que contó con mayores simpatÃas, pero la tradición de obediencia a la autoridad hizo que los vecinos aceptaran, aunque a regañadientes, las disposiciones del gobierno, sobre todo después de la llegada de la real cédula que ordenaba el traslado definitivo. |
