Por: Jesús Vicioso Hoyo

La décima parte de las bajas en conflictos bélicos en los primeros años del Siglo XX fueron víctimas civiles. En la I Guerra Mundial, los no combatientes supusieron un 5% del total de muertes, porcentaje que alcanzaría el 66% en la II Guerra Mundial. En apenas un siglo, las cifras se han invertido. Actualmente, entre el 80 y 90% de los fallecidos en conflictos bélicos son personas desarmadas.

En la guerra, no todas las muertes valen lo mismo. Las bajas de civiles no tienen para un país occidental la misma repercusión que cuando su ejército pierde militares durante una ofensiva. A pesar de que el sufrimiento de las vidas humanas en  conflictos armados no entiende de ocupaciones profesionales, los individuos sin rango militar son los primeros olvidados.

Más de 1.500 civiles han muerto en Afganistán en lo que va de año, según un informe de Naciones Unidas. Este documento responsabilizó a las fuerzas de la OTAN de una cuarta parte de las pérdidas humanas. Recientemente, la organización de derechos humanos BTselem afirmó que más de la mitad de los fallecidos en la última ofensiva israelí en la Franja de Gaza –800 de un total de 1.400– eran civiles. El contador Iraq Body Count contabiliza la pérdida de civiles iraquíes en 100.000 desde la invasión.

En las guerras olvidadas del continente africano, los fallecimientos de civiles son mucho más numerosos que de soldados, a pesar de que la mayoría los ejércitos no pasan de ser milicias de jóvenes reclutados, incluso niños. A todo esto hay que sumarle los cientos de miles de refugiados que dejan las armas y que, según la organización de derechos humanos Human Rights Watch, “son las víctimas de guerra más invisibles”. 

Los periódicos, revistas y televisiones dan gran espacio cuando un soldado fallece en acto de guerra. Le ponen nombre y apellidos, rostro y biografía, al tiempo que se aprovecha para hacer propaganda bélica. Todo lo contrario ocurre cuando se informa de un incidente en el que hay cadáveres civiles. Se dan cifras asépticas, datos anónimos. Pero las muertes de personas indefensas no pueden ser tratadas como meros efectos colaterales.

“El problema es que los países democráticos de hoy son menos reticentes a aceptar el número de bajas civiles”, asevera en una entrevista el historiador británico Antony Beevor, quien, en un nuevo trabajo, sostiene que fenecieron más franceses civiles por las bombas de las tropas aliadas en la II Guerra Mundial que británicos por los proyectiles de la Luftwaffe, la fuerza aérea nazi. “Lo que me parece más terrible y paradójico es que los ejércitos en democracia, que se supone que son los que menos van a matar, son los que ahora matan a más civiles”, añade Beevor.

Los datos sobre las bajas de no combatientes apenas llegan a los ciudadanos porque a los gobiernos les avergüenza reconocer unas cifras cada vez más escandalosas.

Organizaciones como Amnistía Internacional (AI) exigen publicar las cifras de fallecimiento de desarmados de las guerras activas, como en el caso de Afganistán.

“La población afgana cada vez está más resentida por las víctimas civiles que causan las fuerzas internacionales en incursiones nocturnas y otras acciones de esa índole”, afirmó Sam Zarifi, director de AI en Asia y Oceanía, cuando se publicó el último balance anual del organismo.

En la misma línea se manifestó con anterioridad Pilar Orenes, de Intermón Oxfam: “La seguridad de los civiles tiene que ser la máxima prioridad. Tras las matanzas de Bosnia y Ruanda, la comunidad internacional dijo ‘nunca más’ y se acordó proteger a los civiles. Sin embargo, a la hora de la verdad, las decisiones se toman en función de intereses políticos individuales y no pensando en proteger a los atrapados”.

El sentido de las guerras actuales queda más que nunca en entredicho dado el constante aumento de víctimas inocentes. La supuesta seguridad que se pretende establecer no crea más que inestabilidad en la mayoría de los casos. La prioridad hoy es la garantía de la vida de los desarmados que viven en situaciones de peligro creadas por intereses que desprecian el derecho a la vida de los ciudadanos anónimos.

Fuente: Centro de Colaboraciones Solidarias