Después de 10 años de la firma de la Ley de Ajuste para Nicaragüenses y Alivio para Centroamérica, conocida como la Ley Nacara, ésta podría resolver el estatus migratorio de miles de guatemaltecos que llegaron a Estados Unidos huyendo de la guerra civil y solicitaron asilo político entre el 1 de octubre de 1990 y el 31 de diciembre de 1991.

Gracias a un fallo del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que consideró que aquellos que no fueron elegibles bajo la clase ABC (American Baptist Churches) o que extraviaron sus comprobantes, pero sí pidieron asilo político durante este período, miles podrían obtener los beneficios de la Ley NACARA que les ha dado estatus legal a más de medio millón de inmigrantes.

La resolución surgió del caso presentado por Hugo Leonel Chaly-García contra el secretario de Justicia de Estados Unidos, Michael B. Mukasey y el Departamento de Seguridad Interna, quienes tienen un término de entre 40 y 45 días para apelar ante la Suprema Corte de Justicia o pedir una audiencia con un panel de 11 jueces.

Desde el 29 de noviembre, fecha en que se publicó la resolución con el número 05-35715, permanece como un recurso para buscar el beneficio de la Ley NACARA, explicó el litigante. Sin embargo, la sentencia aún no ha quedado en firme.

Hasta el cierre de edición no hubo respuesta del Departamento de Seguridad Interna, a través de su portavoz Sharon Rummery, pero no respondió a las llamadas de este diario.

Se estima que, de quedar en firme, esta nueva opción beneficiaría a entre 20 mil y 25 mil guatemaltecos que esperan una respuesta que les permita vivir legalmente en este país, les negaron el asilo político, apelaron la decisión o ya fueron deportados.

“El resultado práctico [del fallo] es que todos los guatemaltecos que mandaron su petición de asilo, pero perdieron o no tienen su registro de ABC se consideran beneficiarios de ABC y pueden solicitar el beneficio de NACARA y ganar su residencia“, señaló Robert Foss, abogado experto en temas de inmigración.

Con esta resolución, dijo el jurista, las reglas cambian a favor de los centroamericanos que antes entraron en el estrecho rango de las peticiones de asilo político, donde menos de 1% son aprobadas, para recibir los beneficios de una ley donde la aprobación es de casi 98 por ciento.

La Ley Nacara es la última posibilidad de regularizar la estadía de miles de indocumentados en la Unión Americana, tras la fallida reforma migratoria, dijo Jorge-Mario Cabrera, director de comunicaciones de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (Nalaac). “Ahora no hay otra esperanza real, entonces porqué no aprovechar alguna de estas leyes que realmente fue la última ley generosa hacia nuestra comunidad y todavía queda un buen porcentaje de gente que todavía no ha aplicado“.

La esperanza
 
Para quienes enfrentaron una deportación o se consideró que no presentaron pruebas sustanciales, existe la posibilidad de analizar nuevamente el expediente, señaló Foss, ex asesor legal del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen).

“Unos que ya están deportados pueden pedir una moción para reabrir su caso, otros, cuando ya su caso llega a la corte pueden argumentar que aunque no tienen en mano la carta de ABC, si comprueban que aplicaron al asilo después del 1 de octubre de 1990 se van a considerar elegibles. Es muy difícil poder reabrir un juicio viejo, pero a veces sí pasa“.

Aunque Foss explicó que “los que están en proceso tiene mejor esperanza“.
Daniel Sharp, asesor legal de Carecen, anticipó que esta nueva alternativa también llamará a notarios públicos y abogados sin escrúpulos que buscarán obtener algún beneficio económico a costa de la necesidad e ignorancia de muchas personas.

Por esta razón, pidió a quienes consideren ser elegibles acudir a una organización seria que analice su expediente.

Las oficinas de Carecen están ubicadas en el 2845 al oeste de la calle Séptima, en Los Ángeles, y su horario es de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes. También puede llamar al teléfono (213) 385-7800.

La Ley Nacara dio amnistía a nicaragüenses y cubanos que ingresaron a EU antes del 1 de diciembre de 1995. Mientras que para los guatemaltecos y salvadoreños, el beneficio fue para los que entraron antes de 1990.

El ABC fue una demanda colectiva presentada en 1988, donde reclamaron a la Casa Blanca no administrar leyes de asilo conforme a la ley. El resultado fue un acuerdo donde se establecieron nuevas reglas y la posibilidad de aplicar nuevamente.

Empero, por mala asesoría o falta de evidencia muchos casos fueron desechados. Hubo quienes terminaron en su país de origen con el argumento de que “ya se terminó la guerra en Guatemala“. 

Publicado por: La Opinión Digital