Los gobiernos de la región abordaráN EL tema en reunión que se inicia hoy en México
El plagio de migrantes centroamericanos a Estados Unidos se ha convertido en una práctica relativamente común, según el Informe Especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México.
Este documento fue entregado a la Comisión del Migrante del Congreso a fin de propiciar espacios de discusión y legislar en forma adecuada.
El informe no es ajeno al ministro de Gobernación Raúl Velásquez, quien dijo estar muy preocupado por la situación de los connacionales que viajan indocumentados a Estados Unidos.
Debido a la gravedad del problema, este será tratado hoy en México en el marco de la Reunión Regional de Ministros de Gobernación y/o Seguridad para tratar el tema del crimen organizado. En ella se conocerá el delito de la trata de personas, entre otros. La delegación de Guatemala la preside Jorge García, director de Inteligencia Civil.
Un gran negocio
La información proporcionada por el sacerdote Mauro Verzaletti, director de la Pastoral de Movilidad Humana, el secuestro de migrantes en el vecino país se ha convertido en un gran negocio para los delincuentes que se dedican a ello.
Según el informe mexicano, que abarca un período de seis meses, de septiembre del 2008 a febrero del 2009, los delincuentes habrían obtenido un beneficio ilícito de unos US$25 millones, ya que piden rescate por las víctimas secuestradas a razón de US$1,500 a US$5,000.
Verzaletti cree, además, que es necesario realizar una investigación nacional porque denunció que, a su retorno, los deportados también son víctimas de parte de autoridades nacionales.
Reveló que se está produciendo el secuestro de mujeres de Centro América y del área del Caribe, quienes más tarde son llevadas a la isla de Cancún, donde son forzadas a ejercer la prostitución.
BUSCAN una nueva Ley
La comisión legislativa de Migrantes formó una alianza con organizaciones sociales, la Iglesia católica, instituciones gubernamentales, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala para consensuar la iniciativa de la Ley Nacional de Migración.
La norma prevé un sistema de controles migratorios desde la perspectiva del orden público, atiende los derechos humanos de las personas que están de paso por el país y sugiere la inclusión de nuevos tipos penales para regular el delito de tráfico ilícito de migrantes. Además deslinda al Ministerio de Gobernación del control migratorio y otorga estas responsabilidades al Instituto Guatemalteco de Migración, una nueva institución que formará parte de la estructura del Estado.
Fuente: dca.gob.gt
