La falsificaciòn de documentos es el mecanismo usado despuès de que entrò en vigencia la ley de adopciones

Por: Alejandro Pèrez

La puesta en vigor del decreto 77-2007 en enero de 2008 significó una reducción en prácticas ilegales para negociar la adopción de niños, pero no un final definitivo a estas acciones. La Unidad de Trata de Personas del Ministerio Público (MP) lleva al menos tres casos de niños sustraídos de sus padres y dados en adopción, después de que la normativa cobró vigencia.

El procedimiento no es el mismo. Ante las dificultades legales que plantea el actual sistema, la actividad ilícita se basa en la falsificación de documentos. Mynor Pinto, fiscal de la Unidad, explicó que la alteración de documentos también se realizaba con las leyes anteriores, pero ahora se ha convertido en la única forma de operar.

Sin embargo, Elizabeth de Larios, presidenta del Consejo Nacional de Adopciones (CNA), señaló que en esta institución no se tiene ninguna denuncia formal sobre un caso de este tipo.

De Larios agregó que en la actualidad no tiene sentido la sustracción de niños para una adopción ilegal, ya que el CNA coordina con entidades como el Registro Nacional de las Personas (Renap) y la Dirección General de Migración para ponerles especial atención a parejas extranjeras con niños guatemaltecos que busquen registrarlos o sacarlos del país.

No obstante, Rodman Pérez, del departamento penal de la Fundación Sobrevivientes, mencionó que sí se han registrado unos cuatro casos recientes de falsificación con fines de adopción. La fundación actúa como querellante adhesivo con el MP en estos procesos.

Pérez relató que en uno de los casos se le dio acompañamiento a una madre a quién le habían quitado a su hija. Los responsables de sustraerla empezaron los trámites para la adopción, pero la prueba del ácido desoxirribonucleico (ADN) demostró que la mujer que la había presentado no era la madre.

La menor fue llevada a una casa hogar y, cuando el caso llegó al Juzgado de Escuintla, el juez declaró estado de desatención de forma inmediata. La niña fue adoptada y abandonó el país en noviembre de 2008, 11 meses después de aprobada la ley. Según Pérez, en este caso se evidenció una red armada que incluía a la casa hogar y al juzgado.

Unidad de Trata de Personas
Además de la trata de personas, esta dependencia del Ministerio Público (MP) tiene a su cargo las investigaciones de delitos relacionados con adopciones de menores.

Según Alexander Colop, titular de la Fiscalía, este último tema le representa a la unidad el 75% de los casos investigados. Dentro del 25% restante  Colop resaltó la identificación de una red que operaba en el reclutamiento de mujeres en Nicaragua para explotarlas sexualmente en un burdel de la zona 6.

Fuente: dca.gob.gt