Por: Elsa Coronado

Para sustituir a Carlos Castresana en la jefatura de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) es necesario cumplir con el perfil requerido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Aunque este organismo internacional aún no ha oficializado a los candidatos, de manera extraoficial se mencionan tres nombres: el peruano José Ugaz Sánchez, el costarricense Francisco Dall’anese y el chileno Sergio Muñoz.

Los tres juristas han estado a cargo de casos de alto impacto, en los que se han incluido investigaciones y condenas a ex jefes de Estado en sus países.

A criterio del ex vicepresidente de la República, Eduardo Stein, quien encabece la Comisión jugará un papel de suma importancia y, en este caso, el reemplazo de Castresana tiene que ser una persona que cuente con experiencia como fiscal.

Son los desertores de la escuela, los que viven en zonas con altos índices de delincuencia y que nacen en una familia desintegrada. Su pobreza y su corta edad los hace influenciables, por lo que fácilmente se adhieren a una pandilla y obedecen a las instrucciones de los jefes de las clicas.

Y lo hacen porque necesitan sentirse aceptados y reconocidos como parte de un grupo, dice Ricardo Garrido, psicólogo del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).

Y cada vez son más los que se involucran. Así lo reflejan las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC). En lo que va de 2010 remitieron a los juzgados a 1,184 menores de edad, el año pasado fueron 1,813 y el anterior 1,597.

Pero aunque cometan un delito grave, el sistema los considera vulnerables. De acuerdo con la Ley de la Niñez y Adolescencia, cuando se trata de delitos graves, como homicidio o violación, la sentencia máxima es de seis años, la cual puede aplicarse solo a jóvenes de entre 15 y 18 años de edad.

Nidia Aguilar, defensora de la Niñez de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), se muestra preocupada porque la percepción social sea que los jóvenes son los culpables de toda la inseguridad.

“Se dice que son los que tienen al país de rodillas y eso no es cierto. Ellos representan el 5 u 8% de todos los delitos cometidos”, opinó.

Carlos Menocal, ministro de Gobernación, reconoce que las acciones judiciales contra los menores son menos drásticas, pero señala que se debe entender la lógica de la sociedad, porque “estos jovencitos han sido víctimas de la inequidad y la marginación y han encontrado en las pandillas el medio para sentirse aceptados”.

En contra de penas más
drásticas contra jóvenes

Hablar de endurecer las penas contra menores en conflicto con la ley no es la solución, según la defensora de la Niñez de la PDH, Nidia Aguilar. En Panamá, por ejemplo, los niños de 12 años pueden ser juzgados como adultos según el delito que cometan.

Agregó que las políticas de prevención implementadas como Escuelas Abiertas, gratuidad y becas deberían ser institucionalizadas para que tengan más impacto.

Fuente: dca.gob.gt