El dinero que sus padres enviaban desde Estados Unidos ha disminuido, y ello reduce sus posiblidades de seguir recibiendo educación
Un informe presentado por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) da cuenta de que los mayores receptores de remesas en el país son los hijos de los migrantes, con un 49.8%. Sin embargo, la merma de envíos como consecuencia de la crisis financiera ha repercutido en que un considerable número de ellos abandone la escuela y otro tanto se sume al trabajo informal, especialmente en el área rural.
Según Sonia Pellecer, coordinadora de programas de gestión migratoria de la OIM, en la encuesta, que abarcó 3,000 hogares guatemaltecos, se determinó que un 8.7% de hijos de migrantes no pudieron seguir asistiendo a un centro escolar, mientras que un 7.4% se han visto obligados a buscar un trabajo para mejorar los ingresos económicos en la familia. Se estima que el decrecimiento de los envíos fue de un 11% en comparación con el año anterior.
El informe revela que el 11.9% de las remesas que ingresan al país son utilizadas para la inversión social. Ello se traduce en un7.2% para salud y 4.7% para educación. En este rubro, la asignación el año pasado fue de 5.6%, de tal forma que se han destinado menos recursos este año.
Además, el 49.0% de los beneficiarios utiliza el dinero para adquirir alimentos, vestuario, calzado, transporte, mobiliario y otros artículos.
Magda Medina, representante en Guatemala del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), señaló que los menores están siendo obligados a la deserción escolar o a un trabajo infantil en faenas agrícolas o como lustradores o vendedores de artículos. Otro de los efectos serían las migraciones tanto internas como externas. “Hay un buen porcentaje que potencialmente quieren obtener ingresos más pronto de lo esperado y eso lo harán emigrando como lo hicieron sus familiares”, expresó.
Según el informe, elaborado con el apoyo de 1,590,832 guatemaltecos que viven en el exterior, se espera que un 7.1% migre en los próximos 12 meses.
Fuente: dca.gob.gt
