banco mundial y centro de estudios monetarios latinoamericanos recomiendan reforzar iniciativa de ley.

Por: Elsa Coronado

Desde hace varios años, la comercialización de la información personal de los guatemaltecos se ha convertido en un negocio exitoso no solo para empresas, sino también para delincuentes. ¿Alguna vez ha recibido llamadas o correos electrónicos sin que usted haya facilitado esta información? ¿o no pudo obtener un empleo o comprar al crédito porque apareció tachado por un sistema informático con su historial crediticio?

Si su respuesta es afirmativa a cualquiera de estas opciones, usted ha sido objeto de injerencia en su vida privada a través de la venta de su información personal. Aunque el Código Penal establece prisión y pago de multa, las sanciones son menores y sigue sin regulación la captación de registros personales.

Encontrar una solución a este problema está en manos del Congreso, que debe aprobar la Ley de Protección de Datos Personales. En diciembre pasado, la mayoría de diputados que integran la Comisión de Economía dictaminaron a favor de la iniciativa 4090-2009.

Esta da a cualquier persona el derecho a decidir si revela o no información de su vida o actividad privada. Crea un régimen de protección de información con prohibición a comercializar o transferir datos sin el consentimiento de las personas.

Define como datos sensibles, sin obligación a proporcionar, los que revelen origen racial, opiniones políticas, antecedentes delictivos, operaciones bancarias o registros tributarios y aduaneros.

Se crea una dirección para regular a quienes manejen archivos, y la única excepción para revelar la información será en casos de protección de la seguridad del Estado y persecuciones penales.

Recomendaciones
Ayer la Comisión de Economía del Congreso atendió las sugerencias de personal del Banco Mundial y del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, que hicieron un “llamado de atención” para que se agreguen a la iniciativa el fortalecimiento de los sistemas de información crediticia y que haya coherencia con la Ley de Acceso a la Información. La Unión Europea solicitó que en el Acuerdo de Asociación entre Centro América y Europa se contara con esta legislación.

Fuente: dca.gob.gt