Hace ocho años, en el marco del Pacto Fiscal se promovió una reforma tributaria cuyo escenario tenía semejanzas con la coyuntura actual.

La iniciativa del Gobierno del presidente Álvaro Colom para la implementación de una reforma tributaria es uno de los temas de mayor controversia en estos días. Con ello se repite una situación que con diversos matices se ha dado durante casi todos los períodos gubernamentales. Durante la gestión presidida por Alfonso Portillo (2000-2004), el Organismo Ejecutivo intentó también transformar la estructura fiscal y se generó confrontación entre el partido gobernante, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), y los sectores empresariales. Édgar Gutiérrez, quien estaba al frente del Ministerio de Re­­laciones Exteriores, evoca las circunstancias que prevalecían en aquella época.

¿Qué condiciones de país llevaron al Gobierno del FRG a intentar una reforma fiscal?
Había un compromiso de los Acuerdos de Paz de elevar la carga tributaria a 12%, que ya para 1999 era evidente que no se iba a alcanzar, por lo que el Gobierno de Álvaro Arzú había promovido una Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal, integrada por representantes del Estado, el sector privado y la sociedad civil acompañados por la comunidad internacional. En el 2000, esa comisión presenta una propuesta que lleva a los diferentes sectores del país a negociar y llegar a un acuerdo de Pacto Fiscal, que incluía medidas tributarias y fiscales, pero fracasa.

Si hubo participación de los sectores representativos de la sociedad, ¿qué hizo fracasar el pacto?
La sociedad civil fue más allá y se adentró en la soberanía del Congreso, porque negoció y definió tasas y a quiénes iban dirigidas las medidas impositivas. Aún así, el Congreso intentó un nuevo acercamiento, pero los encuentros se dieron en un contexto de extrema confrontación con el sector privado. El saldo es una débil reforma fiscal. Se logra un aumento relativo de la carga tributaria, pero a costa de una confrontación política. Y como era de esperarse, no fue sostenible, pues lo que se alcanzó, cercano al 12%, se volvió caer en los años subsiguientes. Siguió siendo una reforma de corto plazo, que no resuelve la debilidad financiera del Estado.

Pero en el contexto de país de  entonces, ¿era necesaria una reforma tributaria?

Absolutamente necesaria. Un Estado, para ser digno, en cualquier parte debe tener como mínimo una carga tributaria del 20%. Los Estados que están por debajo de ese nivel son caricaturas de Estados. No están en condiciones materiales de generar los bienes públicos que su sociedad necesita ni las oportunidades para el desarrollo y de seguridad.

Guatemala ostenta la carga tributaria más baja de América Latina. Así, dentro de los parámetros internacionales, somos un medio Estado.

¿Es esa conciencia de la necesidad de dotar al Estado de recursos necesarios para que pueda atender las demandas sociales, políticas y económicas de la población la que no permite una cultura tributaria en el país?

El sector privado es históricamente renuente a pagar impuestos, aquí y en cualquier parte. Claro que en algunos países ya hay una cultura tributaria, y existen mecanismos de control social sobre los evasores y los que eluden el pago de impuestos. Pero el contexto de 2001 era de suma desconfianza y polarización entre el Gobierno y el sector privado.

La acusación era: no hay que pagar impuestos porque hay corrupción extrema. De hecho, en un período de discusión y confrontación en torno a la reforma fiscal, hay un aumento de noticias sobre corrupción y pobreza. O sea, hay un acompañamiento mediático de la oposición a la reforma fiscal, que en el fondo busca restarle legitimidad al Estado para elevar las tasas impositivas y, por lo tanto, autoridad para recaudar impuestos.

¿Qué costos paga el Estado ante el fracaso de una reforma tributaria?

El costo de la debilidad crónica financiera del Estado es lo que estamos viviendo actualmente: un conjunto de amenazas en el campo de la seguridad, donde el Estado no puede enfrentar el narcotráfico, el trasiego de armas y de personas, el contrabando, y tampoco acompañar adecuadamente la serie de necesidades de desarrollo. Esto, por un lado, hace que se salga de control la criminalidad, lo cual es evidente con 17 asesinatos diarios y casi todos impunes, y que la pobreza se extienda y se profundice, que haya focos de hambre o que la conflictividad agraria sea una bomba de tiempo.

Es un costo histórico y una cuestión de viabilidad del Estado, puesto que no sabemos qué va a quedar del país de aquí a diez años.Si un Estado fragmentado, cautivo, o si habrá una conciencia de la sociedad de fortalecer su institucionalidad para recuperar el control, la gobernabilidad de sus calles y las oportunidades de crecimiento económico de la población más desfavorecida.

¿Cuál es el escenario que rodea el nuevo intento del Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de impulsar una reforma tributaria en la actualidad?

Es seguro que el núcleo duro del empresariado se oponga rotundamente. Obviamente no todos los empresarios, pues hay quienes son conscientes de la necesidad de no abandonar al Estado y no dejarlo morir de inanición. También creo que entre la clase política en el Congreso hay conciencia de que el Estado no puede caer en un desfinanciamiento en los próximos dos años, que todavía nos va a acompañar la crisis económica internacional. Finalmente veo a una sociedad civil más madura y que entiende mejor las necesidades del Estado.

Además, el Gobierno actual no está condenado a una confrontación con el sector privado si sabe conducir políticamente una negociación. Lo aconsejable es que se acerque a todos los actores, consciente de que no todos van a estar de acuerdo. Mientras más informe y explique la importancia estratégica que tiene esta reforma tributaria, más apoyo va a ganar. Más es lo que gana el Gobierno acercándose a todos los sectores que lo que pierde si se ausenta y no tiene diálogo.

Con este esfuerzo, ¿qué se puede esperar del sector empresarial que se ha opuesto históricamente a una reforma fiscal?

El discurso va a ser el mismo. Toda cuestión que concierne a reforma tributaria se la condiciona a la transparencia y a que no es el mejor momento para discutir  nuevos regímenes impositivos. El contraargumento es que nunca es el mejor momento, y la transparencia tiene que ser algo que acompañe todo el proceso de una gestión pública. La rendición de cuentas, la auditoría y la transparencia deben ser una tarea permanente que no solo se discuta cuando hay propuesta de reforma fiscal.

Fuente: dca.gob.gt