En plazas y parques de la ciudad capital y diferentes departamentos, es común observar vehículos de “reclutamiento” de empresas privadas de seguridad, ofreciendo a personas desempleadas una oportunidad de trabajo, como agentes policiales encargados de resguardar comercios, bancos, viviendas y otro tipo de inmuebles.

En el Congreso de la República, intentar regular mediante una ley estos negocios, se ha convertido en una “brasa caliente”. Los anteproyectos para tal fin fluyen en la sede del parlamento, sin que hasta el momento uno de ellos concluya en ratificación.

Los integrantes de la Comisión de Gobernación del Organismo Legislativo –en el presente mes–, elaborarán un “borrador” de una nueva iniciativa de ley para tal fin, anunció el diputado Luis Enrique Mendoza, presidente de la referida sala de trabajo.

“Durante la redacción, se invitará a todos los grupos interesados en el asunto, para que participen en mesas técnicas de trabajo”, dijo el parlamentario, quien añadió que comenzar con esta discusión, depende del consenso final con los jefes de bancada sobre el proyecto de Armas y Municiones, proceso que terminará “lo más pronto posible”.

Uno de los aspectos en la regulación, es desarrollar planes de capacitación para los policías particulares, para el uso de las armas de fuego.

Mendoza agregó que pretenden evitar que las empresas, funcionen como entes de inteligencia civil o se dediquen a hechos ilícitos.

Mientras tanto, la diputada de Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, presentó en 1999 una iniciativa referente al tema. La representante señalo que “hay un descontrol terrible” de estos negocios, siendo necesario retomar el tema.

Dispuestos a colaborar
Alberto Alvarado, presidente de la Asociación Integral de Empresas de Seguridad Privada y Bancaria, mencionó que la legislación debe enfocarse a regularizar tres aspectos en particular. Verificar el desempeño de los agentes uniformados, vigilar las compañías de investigación, así como a los distribuidores de armas y municiones en el país. Alvarado mostró anuencia para colaborar en el Congreso, con el diseño de un nuevo proyecto de ley.

Intereses particulares
“El estancamiento de esta iniciativa, puede atribuirse al interés de algunos legisladores que son propietarios de este tipo de negocios, a quienes no les conviene ser regulados”, declaró el analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), Luis Linares. Sumado a ello, está la falta de disposición de los diputados por conocer temas prioritarios para el país, puntualizó.

CONTROL DE LA P NC
En la actualidad, la Policía Nacional Civil es la encargada de supervisar las operaciones de las empresas privadas de seguridad”, refirió Nery Morales, vocero del Ministerio de Gobernación. Para funcionar deben contar con el Acuerdo Ministerial de autorización enfatizó el representante de la cartera del interior.