"Impiden construir la institucinalidad de manera integral, sostienen expertos.
Una investigación de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), concluye que dentro de la estructura de la Policía Nacional Civil (PNC), persiste la presencia de grupos dedicados a las ejecuciones extrajudiciales.
Claudia Samayoa, quien tuvo a su cargo dicha investigación, afirma que eso queda demostrado en dos casos emblemáticos: el asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (Parlacen), así como el del secuestro y posterior asesinato de un grupo de jóvenes, entre ellos un menor de edad, del Barrio El Gallito.
En ambos casos, según la investigadora, quedó en evidencia la participación de agentes de las fuerzas civiles de seguridad.
“Por ello, no ha sido posible construir una institucionalidad policial que se adecue de manera integral a las demandas del modelo de seguridad democrática o integral, que consecuentemente adopte los principios y valores de este modelo”, destacó Samayoa.
Influencia militar Entre las conclusiones de la investigación, este tipo de situaciones ocurren por la influencia que aún tienen las fuerzas armadas en aspectos de seguridad ciudadana, como en el tiempo de la guerra interna que desangró al país durante 36 años.
Samayoa sostiene que en el país coexisten dos modelos de seguridad: el contrainsurgente, contenido en la Doctrina de Seguridad Nacional, y el de Seguridad Democrática o Seguridad Humana, el cual es reconocido por el sistema de la Organización de las Naciones Unidas.
En el primero, de acuerdo con la autora del trabajo investigativo, se estigmatiza a las personas como enemigos de un sistema, mientras que en el segundo, se coloca a la sociedad como objeto y sujeto de la seguridad.
La presencia de grupos paralelos de poder dentro del aparato gubernamental, es uno de los aspectos a investigar por parte de la Cicig.
QUE INFORMEN AL MP
El vocero del Ministerio de Gobernación, Nery Morales, se limitó a decir que si cuentan con información específica sobre la existencia de esos grupos deberían cursarla al Ministerio Público o bien la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
