Horas antes de la medianoche, la administración del gobernante de facto Roberto Micheletti renunció en pleno para permitir la conformación del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional previsto para resolver la crisis institucional en Honduras.

Sin embargo, el depuesto presidente, Manuel Zelaya, afirmó que no participaría en dicho gobierno de unidad si antes el Congreso no lo restituía en el cargo.

La incógnita se mantenía, ya que “¿quién es el que juramenta a los ministros? El presidente... y si no hay presidente, ¿quién los va a juramentar?”, manifestó Rasel Tomé, asesor de Zelaya.

El llamado Acuerdo Teguci-galpa-San José Diálogo de Guay-muras contempla la formación del Gobierno de unión y reconciliación nacional, en un plazo que venció a las 12 de la noche de ayer, y deja en manos del Congreso Nacional la restitución del Zelaya, quien fue expulsado del poder el 28 de junio por un golpe de Estado.

Ahora, la responsabilidad es del Congreso Nacional, cuyo presidente, José Ángel Saavedra, aseguró que el parlamento no hará acciones dilatorias ni evadirá la responsabilidad histórica de someter a votación el acuerdo.

Sin embargo se negó a dar fecha para la sesión extraordinaria en la que los 128 diputados tendrán que decidir sobre el futuro político del depuesto jefe de Estado.

En ese contexto, seguidores de Zelaya responsabilizaron a la OEA y a los Estados Unidos “de ser cómplices en este golpe de Estado”.

“Tras 131 días no han hecho nada para resolverlo”, afirmó Juan Barahona, uno de los coordinadores del Frente de Resistencia.

Dicha declaración se produjo después de que Thomas Sha-nnon, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occi-dental, instara a que se respete lo que el Congreso de Honduras decida.

Por su parte, Jim DeMint, senador republicano,  dijo que Estados Unidos reconocerá las elecciones presidenciales del próximo 29 de noviembre aunque Zelaya no haya sido restituido.

Fuente: dca.gob.gt