El desarrollo rural, el tema minero y la defensa del patrimonio territorial comunitario son aspectos puntuales en el diálogo con el Ejecutivo

Las organizaciones campesinas esperan que los planteamientos formulados ante el Gobierno encuentren una respuesta positiva en el diálogo que se desarrolla a raíz de los acuerdos alcanzados la semana pasada. El dirigente Daniel Pascual considera que aún no ha habido una demostración convincente de que exista voluntad de resolver los problemas expuestos.

¿Existe alguna ruta con el Gobierno para buscar solución a los planteamientos campesinos?
Estamos preocupados por la forma en la que se está rompiendo el proceso de diálogo que existió sobre el tema de desarrollo rural a través del Gobierno y la ADRI. Hasta el momento están dejando en la mesa técnicos de bajo nivel. Ni siquiera Catalina Soberanis y Arnoldo Noriega atienden los diálogos. Daremos un tiempo perentorio y declararemos posteriormente si continúa o no el diálogo. El Presidente debe demostrar que sí tiene interés en resolver los problemas para que no pase a la historia como un mandatario que firma convenios y no cumple.

¿Cómo ven los acuerdos y los puntos que han quedado fuera en el diálogo, como el cierre de las mineras?
Hemos hecho una observación fuerte al Presidente, pues en su calidad de jefe de Estado no puede perder de vista el tema minero, petrolero y todos los megaproyectos, incluso, los tratados de libre comercio, que no llevan ningún desarrollo al país. Acuerdos que no generan el empleo que ofrecen y no invierten en nuestras comunidades y que están generando un rompimiento del tejido social en el área rural. Lo que nos lleva a decir que en pocos años el nivel de conflictividad será más grave. A través de las consultas comunitarias las comunidades están diciendo no.

¿Están de acuerdo en que se haga una reforma a la Ley de Minería?
El Presidente se ha excusado en que se discuta una nueva ley. Las comunidades no están de acuerdo, no van a permitir actividades mineras en sus territorios y las consecuencias serán responsabilidad de ellos (el Gobierno). El pueblo no está pidiendo reglamentar su muerte y la entrega de sus territorios, que es lo único que traen los megaproyectos. Mientras la gente pida eso, será la consigna y la petición de las organizaciones.

¿Considera que ha habido avances en los diálogos?
No nos gustaría que al final de este año comencemos a decir que el diálogo no sirvió, porque ha sido una constante para crear mesas, comisiones, etcétera. Queremos advertirle al Presidente que si sigue utilizando ese concepto de diálogo para tardar y atrasar los procesos, las consecuencias las deberá asumir como jefe de Estado.

¿Ha sido un paso positivo la creación de la Política de Desarrollo Rural Integral?
No pueden saludar con sombrero ajeno. Eso es algo que las organizaciones venimos trabajando desde el 2000. Hemos visto un retroceso en el tema de la Ley de Desarrollo Rural, pues no hay una posición definida de la bancada oficial de asumir un compromiso. También le están quitando muchos planteamientos campesinos que están dentro de la ley y que, si los quitan, pierde su esencia.

¿Hacia dónde va el movimiento campesino?
Las luchas ya han rebasado sus límites. La lucha ya no es solo por un pedazo de tierra y proyectos productivos. Es la defensa del territorio de pueblos indígenas; de mayas, xincas y garífunas que cada vez exigen su plena autoridad y la decisión sobre su territorio, desde su espiritualidad y cosmovisión. Y en ese marco las empresas transnacionales no caben.

¿Qué acciones se pueden esperar en los próximos días?
Las comunidades son las que deciden. Los pueblos indígenas van a evaluar la reunión del 10 de noviembre y sus resultados. Las empresas y el Gobierno son los que dan los argumentos para que se tomen las decisiones.

Fuente: dca.gob.gt