Quienes promueven las movilizaciones sociales públicas las ven como única alternativa para hacer escuchar sus demandas al Estado.
El 20 de enero de 2003, cuando debía iniciar el ciclo lectivo, los maestros de todo el país, aglutinados en la Asamblea Nacional del Magisterio (ANM), comienzan un paro indefinido con el fin de reclamar al Estado mejoras para el gremio y el sector educativo en general. Los días subsiguientes estuvieron marcados por manifestaciones diversas.
Nueve días después, desde temprano, decenas de buses provenientes de todas partes del país se dirigieron a la capital. Alrededor de 65,000 maestros y maestras se concentraron en la Plaza de la Constitución en lo que constituyó la primera concentración prolongada de protesta social desde la década de los 90 en el país, que duró 51 días.
Durante la huelga, el movimiento ocupó calles, realizó protestas, cerró carreteras, hizo concentraciones y marchas masivas, e invadió edificios públicos, fronteras y aeropuertos. Impuso una ruptura con la manera en que los movimientos sociales habían planteado sus demandas después de la Firma de la Paz en 1996.
El despliegue organizativo, así como la fuerza y a la vez flexibilidad en las negociaciones con el Estado, no solo produjeron la respuesta gubernamental hacia las más importantes demandas del magisterio, sino que también despertaron el apoyo y simpatía de sectores de la población. Además inquietaron a círculos políticos, económicos y sociales.
¿Una nueva época de protesta social?
Diversos investigadores latinoamericanos coinciden en que las demandas sociales, como una de las formas de la movilización popular, nacen como consecuencia del desborde social causado por el cambio de las estructuras en las que se basa su sociedad y que actúan como mecanismos de presión frente a tales transformaciones.
Autoras como Daniela Velazco y Laura Contreras, al analizar el fenómeno en Latinoamérica, asociado a casos de Argentina, apuntan que la “crisis de representatividad ha dado lugar al surgimiento de movimientos sociales, que a través de protestas intentan dar respuesta a sus demandas, lo que generó una nueva forma de hacer política”.
En Guatemala, según anota en sus estudios Simona Yagenova, coordinadora del Área de Movimientos Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), la Firma de la Paz es un referente de la premisa de que mediante la negociación y la búsqueda de acuerdos políticos se podría avanzar en la transformación del Estado y el cumplimiento de sus demandas históricas.
“Tras siete años de enormes esfuerzos, el desbalance entre las energías invertidas y los resultados concretos obtenidos comenzaron a saltar a la vista y desencadenaron un cuestionamiento más a fondo de las estrategias implementadas durante este período por parte de los movimientos sociales”, agrega.
Para Yagenova, la huelga magisterial de 2003 constituye un parteaguas para la lucha social en la Guatemala de posguerra, pues en los años subsiguientes se vivió un “intenso ciclo de protesta” referente a demandas históricas derivadas de la agenda de paz, tanto las recientes y con contenido crítico frente al capital transnacional como las de corte coyuntural.
¿Única alterntiva?
Tanto el desvanecimiento de las esperanzas creadas por la Firma de la Paz como el estancamiento de espacios de diálogo y negociación condujeron al aumento de las jornadas de luchas en 2004, que se agudizaron en 2005 y continuaron en 2006 a la fecha, asociadas a demandas de tierra, oposición a la minería y políticas neoliberales.
Ajb´ee Jiménez, investigador del Winaq Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad Rafael Landívar (URL), considera que las movilizaciones responden a la falta de respuesta efectiva del Estado a las demandas sociales, pero también al ejercicio del legítimo derecho de manifestación contra esa indiferencia estatal.
Juana Batzibal, integrante del Consejo Político de la Convergencia Maya Waqib´ Kej, una de las principales organizaciones movilizadoras de los últimos dos años, define estas jornadas como la alternativa frente a la falta de acceso real a la toma de decisiones. “El Estado no nos da más alternativas que salir a las calles”, argumenta.
Sin embargo, a diferencia de la manifestación magisterial de 2003, las últimas jornadas sociales, lejos de generar simpatía y apoyo a las causas que la motivan o a los fines que persigue, son vistas en términos de la opinión pública y grupos de la población como “algo que solo les afecta”.
Es que según Yagenova, “si bien el Estado se ha democratizado en su dimensión política, abriendo espacios para el diálogo, la incidencia, el cabildeo,esta apertura tiene límites reales que se condicionan a partir de quienes tienen el poder de decisión, y sobre todo la voluntad política para responder a las demandas coyunturales y estructurales”.
Marchas, bloqueos, huelgas...
Según monitoreo del Observatorio de Movimientos Sociales, Demandas y Acción Colectiva, de Flacso Guatemala, desde mediados de octubre de 2004 hasta la primera quincena de diciembre de 2005 se realizó un total de 367 protestas en 22 departamentos y 153 municipios que incluyeron 182 manifestaciones, 97 bloqueos de carretera, 31 plantones y 20 huelgas o ceses.
Otro cuaderno de trabajo de la misma instancia da cuenta de que durante el período que comprende del 15 octubre de 2004 al 30 de septiembre de 2006 se registraron 373 manifestaciones, 155 bloqueos de carretera, 50 plantones, 62 huelgas y 38 tomas de edificios.
Otro estudio de la misma entidad señala que durante el período 2005-2008, se realizaron un total de 1,482 protestas sociales, que se desglosan en 312, 417, 364 y 389 por año, respectivamente.
Fuente: dca.gob.gt
Quienes promueven las movilizaciones sociales públicas las ven como única alternativa para hacer escuchar sus demandas al Estado
