Vestidos y alborotados se quedaron ayer los directivos del Congreso, pues los ejecutivos de la empresa Mercados del Futuro, S.A. (MDF) no devolvieron los Q82.8 millones que en febrero pasado, sin autorización de la Junta Directiva del Congreso de la República, fueron invertidos en dicha financiera.
Raúl Girón, representante de MDF se presentó al Congreso, pero no para entregar la cantidad millonaria, sino para solicitar a los directivos y funcionarios, un plazo de 90 días para hacer efectivo el pago, pues actualmente MDF no posee los fondos .
La respuesta en torno a si se acepta o no el plazo depende del Ministerio Público y del Pleno del Congreso, dijo Arístides Crespo, presidente en funciones del Legislativo.
Edgar Barquín, superintendente de Bancos, al llegar al Legislativo aseguró que la transacción bancaria no se pudo hacer debido a problemas de tipo bursátil, “se esperaba verificar el vencimiento de posiciones bursátiles
que generarían los recursos para devolver el dinero al Congreso”, afirmó, aunque esto no se logró.
Durante la reunión sostenida anoche entre los jefes de bancadas, integrantes de la Junta Directiva y Raúl Girón, representante de MDF, también estuvieron presentes el fiscal General, el contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, y Eduardo Meyer presidente del Legislativo, quien afronta una solicitud de antejuicio por la triangulación de los Q82.8 millones.
En el caso están involucrados José Conde y Byron Sánchez, ex director financiero del Congreso y ex secretario privado del presidente del Congreso, respectivamente.
La información señala que Sánchez habría recibido instrucciones de Conde para efectuar la transacción a la casa de bolsa, por lo que ambos son investigados.
El fiscal del Ministerio Público, Omar Contreras, aseguró que son las autoridades de la Policía Nacional Civil las encargadas de evitar que los personeros de la empresa MDF evadan la justicia.
Actualmente, Raúl Girón y otro de los representantes de la
empresa financiera, están ligados a proceso penal y sujetos a un arraigo y arresto domiciliario, pero esto no garantiza que se mantengan en el país, pues pueden evadir los controles migratorios.
