El respeto a los uniforme de los militares que transitan por las zonas rojas del país se ha incrementado entre los guatemaltecos durante los últimos meses.
En poder del Ministro de la Defensa hay casi un centenar de solicitudes para que se instalen nuevos destacamentos militares en las áreas donde se registran los mayores índices de violencia en el país.
Solo procedentes de la ciudad capital existen 50 peticiones para que los uniformados de verde olivo presten servicios de patrullaje en las colonias de Mixco, Villa Nueva y zona 18, entre otras. Y mientras continúa la afluencia de cartas de alcaldes o pobladores, las autoridades militares no pueden comprometerse porque, según explica el vocero de la institución, Byron Gutiérrez, “no hay recursos”.
Este año, para el Cuerpo de Seguridad Ciudadana se destinó un estimado de Q174 millones, mientras que dentro del proyecto de presupuesto para 2010 la cifra es apenas de Q87 millones.
Gutiérrez no ahonda en detalles, pero recuerda que para cumplir con el aumento de efectivos y la modernización de las fuerzas armadas, se programó una asignación presupuestaria que el Ministerio no ha recibido. De hecho, en el Congreso hay una discusión para asignarle Q100 millones a la institución castrense, toda vez que se logren los votos para avalar un préstamo de US$350 millones.
Diversas opiniones
Pero el boom que se ha desatado por la presencia militar tiene una explicación que nada tiene que ver con la solución al problema integral de la inseguridad en el país, afirman expertos.
Enrique Álvarez, director de la organización Incidencia Democrática, resalta que ante el sentimiento de indefensión que genera la violencia, la población se respalda en una percepción de seguridad que se concibe al ver la imagen de los militares en las calles. “Pero la realidad es distinta porque los soldados no tienen capacidad técnica para brindar seguridad ciudadana, porque están entrenados para enfrentar guerras y eliminar enemigos”, explica Álvarez.
De igual manera opina Mario Mérida, analista en temas militares, al decir que “el Ejército se entrena para tomar un objetivo o defenderlo por medio del fuego y la maniobra” y que, aunque reciben una inducción sobre seguridad civil, no es suficiente para atender las necesidades de la población.
Ambos expertos consideran que la labor militar debe enfocarse en el resguardo de la soberanía y de los nuevos retos que enfrenta, como el trasiego de armas, personas y estupefacientes, y que la protección del individuo debe ser una tarea específica para la Policía Nacional Civil (PNC).
Sin embargo, la solución es más compleja de lo que parece, ya que los agentes policiales se enfrentan a problemas de credibilidad que, según Álvarez, se solucionan mejorando sus capacidades y estrechando la relación de las fuerzas de seguridad con los gobiernos locales y las organizaciones sociales.
El costo de la seguridad personalizada
Una repercusión ante la carencia de cobertura de las fuerzas de seguridad del Estado es la proliferación de las empresas privadas de seguridad. Álvarez resalta que esto se convierte en una distorsión porque “se paga por protección, no por seguridad” y porque el servicio es adquirido por personas con capacidades económicas elevadas.
Mérida pone como ejemplo la colonia Lourdes, donde habitan unos 800 oficiales del Ejército y sus familias. En el lugar trabajan cuatro empresas de seguridad, con un valor de Q150 mensuales por familia, costo que vale la pena para “resguardar los bienes mientras salimos a trabajar”, manifiesta. El precio lo justifica, aunque en las cercanías se encuentra la brigada Mariscal Zavala y, a pocos metros, una estación de policía en la colonia Santa Rosita.
En las áreas rurales, la situación de protección personalizada es distinta. Los patrullajes comunitarios han proliferado al grado que se han conformado en grupos de limpieza social que toman la justicia en sus manos.
Fuente: dca.gob.gt
