La respuesta de los politicólogos es: “Porque se evita que dependan de los intereses de los sectores privados cuando se gobierna, y a responder a los grupos de interés, que si bien tienen pleno derecho a patrocinar estas agrupaciones, no así a exigir prebendas.
Este planteamiento surgió en el seno del Foro II organizado por el Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz (CNAP), donde se abordó el tema “Financiamiento Estatal para los Partidos Políticos, Mecanismos de Regulación, Control y Transparencia”.
Marco Antonio Barahona, consultor de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), destacó que el financiamiento estatal es un tema que aborda el Artículo transitorio de la Constitución emitida en l985.
El mismo es regulado por la Ley Electoral Constitucional (vigente a partir del 14 de enero 1986)”. Diez años después se retoma en los Acuerdos de Paz, y más recientemente por la Comisión de Reforma Electoral por medio de las reformas 10-04 y 35-06. Y para asegurar la transparencia del financiamiento, asegura que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá determinar el techo de gastos en propaganda de cada candidato presidencial en los medios de comunicación; así como la posibilidad de proporcionar y facilitar tiempos/espacios gratuitos en igualdad de condiciones, y por último, que los partidos y candidatos estén obligados a presentar libros de cuentas e informes financieros requeridos por el Registro de Ciudadanos.
También plantea la necesidad de reformar el Código Penal para tipificar el delito de Financiamiento Electoral Ilícito.
Otra versión
Eduardo Nuñez, consultor del National Democratic Institute, puntualiza que no es solo asunto de si hay disponibilidad o no de fondos, sino el sentido de los mismos. Agrega que para hablar de financiamiento público deben tomarse en cuenta tres factores: “la proporcionalidad, la equidad y la diferenciación”.
Los factores anteriores, subraya, deben ir acompañados de la transparencia del origen del financiamiento, así como el control para recoger los aportes, fortalecer los mecanismos de control y cómo establecer los gastos, resalta Eduardo Nuñez.
Los límites
Es preciso mencionar que actualmente el financiamiento del Estado es de US$2.00 por voto, equivalente a Q15.00 de la votación mayor al 5% de los votos válidos. El límite máximo de gastos de campaña es de (US$1.00) por ciudadano empadronado al 31 de diciembre del año anterior.
Y ninguna persona individual o jurídica puede dar aportes mayores al 10% del límite máximo de campaña. El incumplimiento de las normas conlleva sanciones administrativas, penales o cancelación de la personalidad jurídica de la organización.
CAMPAÑAS ONEROSAS
Alejandro Urízar, de Acción Ciudadana, dijo que Guatemala cuenta con uno de los gastos en campaña más onerosos de la región (US$3.33 x voto), sufragados casi en su totalidad con fuentes privadas (99.8%), lo que en la práctica se traduce en mayores oportunidades para los partidos más cercanos a los grupos económicamente poderosos, evidenciando la existencia de un escenario de iniquidades en la competencia electoral.
Y añade que 14 de los 16 partidos políticos que participaron en el proceso electoral del 2007, no respetaron el límite de tiempo y cuatro de los 16 partidos, sobrepasaron el límite de gasto de campaña establecido en la ley, es decir, las normas y las prácticas coercitivas para obligar a los partidos a cumplir son laxas, insuficientes e ineficaces.
OPINIONES
Para el jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), en la medida que se le otorgue mayor independencia a los partidos, se tendrá mayor libertad para actuar.
“No podemos convertir la política en mercantilismo, ¿quién es el que más dinero tiene? y no ¿quién es el que está más preparado para gobernar?; de tal manera que tiene que prevalecer la formación política y no la chequera de un partido; entonces, nosotros, en la Unidad Nacional de la Esperanza, estaríamos totalmente de acuerdo en apoyar una iniciativa de este tipo”.
MARIO TARACENA,
diputado.
El jefe de bancada de la Gran Alianza Nacional (Gana), hace un balance de la nación y del Estado, que no está para más gastos.
“Por la situación económica del país, siento que no es el momento para que el Estado esté erogando más dinero para este tipo de actividades, ahora son quince quetzales por voto, y eso sale de los impuestos de la población.
Yo creo que los partidos políticos deben hacer alianzas estratégicas y tampoco tenemos que renunciar a lo que es el sector privado formal, que apoya al candidato de su simpatía”.
MANUEL BARQUÍN,
diputado.
