Por: Paola Herrera

José Roberto Reyes Reyes, quien se dedica a la compra y venta de vehículos, reconoció ayer ante el Tribunal de Alto Riesgo su voz en una escucha telefónica que el Ministerio Público (MP) presentó en la continuación del debate en contra de 10 personas acusadas del asesinato del el venezolano Víctor Rivera, exasesor en materia de secuestros del Ministerio de Gobernación.

En la comunicación el testigo habla con Nery Obdulio Betancourt, quien es procesado por este crimen. Durante la conversación hacen referencia a la supuesta amistad que existía entre el exfiscal de Delitos contra la Vida, Álvaro Matus, y Juan Antonio Vásquez, alias Maco, quien es señalado por la Fiscalía Especial para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de ser quien disparó contra Rivera.

“Qué gran clavo en el que se metió este Maco, pero el chavo del MP es gran cuate de Maco (…) El que lo está involucrando en este caso no recuerdo cómo se llama, pero es pesado. Este, como se llama (…), Matus es su apellido”, se escucha en la interceptación telefónica.

Reyes reconoció ante el tribunal que conocía de esta situación debido que vivía a cinco casas de Vásquez, que tenía negocios con Betancourt y que conocía a César Paiz, todos acusados de este hecho ocurrido el 7 de abril del 2008 en el bulevar Vista Hermosa, zona 15.

Mediante esta comunicación el MP también logró establecer que existían planes para asesinar a Byron Herrera, la persona que compró el arma de fuego con la que se cometió el crimen y la cual llevó a las autoridades ha resolver el caso y vincular a los hoy procesados.

A una semana de haberse iniciado el juicio, el tribunal ha recibido 50 testimonios de investigadores del MP y de la Policía Nacional Civil (PNC), así como de personas vinculadas personal o laboralmente con la familia del supuesto narcotraficante Jorge Mario Paredes, alias el Gordo Paredes, preso en Estados Unidos.

Procesado por no investigar

Alvaro Matus, exjefe de la Fiscalía de Delitos contra la Vida del MP, se entregó a la Justicia el 3 de febrero del 2009 tras girarse una orden de captura en su contra, señalado por la Cicig de obstruir las investigaciones del asesinato del exasesor en materia de secuestros del Ministerio de Gobernación Víctor Rivera. Actualmente, una serie de recursos interpuestos por su abogado defensor  mantienen detenido el inicio de juicio en su contra, ordenado por la jueza octava de Instancia Penal, Marta Sierra, quien lo sindica de los delitos de conspiración, obstrucción de la Justicia, incumplimiento de deberes y abuso de poder.

Fuente: dca.gob.gt