La medida incluye multas que van desde los 5.000 euros, permite el establecimiento de patrullas civiles y amplía el período de retención de los indocumentados.

Por primera vez en la historia de Italia, la inmigración indocumentada será considerada un delito penado con multas de entre 5.000 y 10.000 euros (14.000 dólares), según el proyecto de ley aprobado el jueves por el Senado de manera definitiva.

El proyecto de ley original incluía penas de cárcel, pero fueron eliminadas por el escándalo que provocó en el país y en Europa en general.

Se trata de "una iniciativa fuerte para contrarrestar la emigración clandestina y para proteger a los ciudadanos en las grandes ciudades", sostuvo el ministro del Interior, Roberto Maroni.

La nueva ley permite la "ronda" de civiles para que vigilen las ciudades las noches, lo cual estaba en manos exclusivamente de la policía, y prevé medidas más rígidas para los llamados "matrimonios de conveniencia" para una obtención más rápida de la ciudadanía italiana. Los dos aspirantes a esposos deberán convivir antes por dos años.

Además, obliga a los funcionarios públicos a denunciar a los inmigrantes sin papeles que se encuentren en Italia. Se eximió de ello sólo a los médicos que atiendan a los inmigrantes y los directores de centros educativos, como también lo establecía la propuesta original al ser presentada ante el Parlamento.

Críticas
 La iniciativa sobre seguridad presentada por el gobierno conservador de Silvio Berlusconi, rechazada por la oposición de centroizquierda y criticada también por el Vaticano, fue aprobada por 157 votos a favor, 124 en contra y tres abstenciones

Se trata de "una ley que traerá mucho dolor y dificultad", dijo el Vaticano a través del arzobispo Agostino Marchetto, secretario del dicasterio para los Emigrantes.

"No tiene en cuenta uno de los derechos humanos fundamentales, el derecho a la emigración", manifestó.

El Partido Democrático, el más importante de la oposición, consideró que la ley atenta contra las normas establecidas en la constitución.

Otros puntos
Con la nueva ley se amplía hasta seis meses el tiempo de retención de los indocumentados, que hasta ahora era de 60 días.

Fija además una cuota de entre 80 y 200 euros (110 a 280 dólares) para aquellos que soliciten el permiso de trabajo, así como el pago de 200 euros en el caso de los inmigrantes que obtengan la nacionalidad italiana.

Prevé también penas de entre seis meses y tres años de cárcel a quienes alquilen una vivienda a inmigrantes sin documentos de residencia legal.

El proyecto establece además una serie de medidas contra la mafia, como el endurecimiento de penas y la introducción de la obligación de denunciar el pago del "pizzo", el impuesto mafioso.

Los últimos informes oficiales de fines de 2007 señalan que los extranjeros residentes en Italia eran casi tres millones, el 5% de la población, abajo en comparación con Alemania (8,8%), España (6,2%), Francia (5,9%) e Inglaterra (5,2%).

Italia fue un país que registró una emigración gigantesca tras la Segunda Guerra Mundial.

Fuente: adnmundo.com