La muerte de 27 personas al incendiarse un centro de rehabilitación en esta capital puso en evidencia la falta de una política gubernamental para abordar el problema de las adicciones en Perú.
Jerome Mangenlinckx, director de la ONG Centro de Investigacion Drogas y Derechos Humanos (CIDDH), dijo que la proliferación de estos centros de rehabilitación informales que no cuentan con licencias de funcionamiento, ocurre por la inexistencia de centros públicos de rehabilitación.
En Perú "existen 230 centros de rehabilitación privados que no son monitoreados, fiscalizados o supervisados por el ministerio de Salud o por Devida", el ente rector de las políticas antidrogas, dijo Mangenlinckx.
Los adictos murieron el sábado asfixiados al no poder abandonar los ambientes del centro de rehabilitación "Cristo es Amor" en el populoso distrito de San Juan de Lurigancho, al este de Lima, cuyas puertas se encontraban cerradas con candados.
El centro no tenía licencia de funcionamiento y su director Raúl García Albornoz, cuyo hijo también falleció en el incidente, se entregó a las autoridades el domingo.
García y el subdirector del centro, Julio Angel Matias Torres, se encuentran detenidos y han sido acusados por homicidio por omisión, exposición de personas al peligro y exposición de personas dependientes en modalidad agravada, dijo Guillermo Gonzales, vocero de la Corte Superior de Justicia de Lima.
"El Ministerio de Salud y DEVIDA se han desvinculado de la fiscalizacion sobre esos centros", afirmó Gonzales.
La CIDDH deploró en un comunicado que los centros de rehabilitación de adictos en Perú no cuentan con personal capacitado y esto propicia violaciones a los derechos humanos de las "personas sometidas a los regímenes, frecuentemente en situaciones peores al (sistema) penitenciario".
El centro de rehabilitación "Cristo es amor" mantenía internos en el hacinamiento y en un cuasi estado de reclusión, según el ministro de Salud Alberto Tejada.
El ministerio de Salud y la municipalidad de San Juan de Lurigancho se han acusado mutuamente de tener responsabilidad en el siniestro.
El fiscal general José Peláez anunció el inicio de una investigación para determinar las responsabilidades que pudieran tener las autoridades municipales y otras dependencias del
Estado.
"No es posible que la municipalidad ignore a qué actividades se dedican las casas (de rehabilitación) que están funcionando... creo que las municipalidades deben tener mayor control", expresó Peláez.
Publicado por: Jonhy Barrios
Fuente: noticias.aollatino.com
