Los gobernadores de las cinco provincias autonomistas de Bolivia anunciaron que no permitirán la celebración en sus regiones del referéndum constitucional que el presidente, Evo Morales, pretende realizar para legitimar su proyecto de carta magna.

Morales se plantea convocarlo por decreto ya que no controla el Senado y la oposición rechaza debatir siquiera el proyecto.

La decisión fue adoptada por el denominado Consejo Nacional Democrático (Conalde) que agrupa a los prefectos autonomistas de Santa Cruz, Rubén Costas; Tarija, Mario Cossío; Pando, Leopoldo Fernández; de Beni, Ernesto Suárez, y de Chuquisaca, Savina Cuéllar. Este último no estuvo presente, pero avala la decisión de sus colegas. "En caso de que el gobierno nacional quiera imponer este ilegal referéndum, los cinco departamentos no admitirán su realización en sus territorios", señaló el gobernador de Tarija.

“La lucha será decidida y abiertamente acompañada por los cinco departamentos. Cada departamento comenzará a mostrar iniciativas abiertas de movilización en las siguientes horas”, anunció el Prefecto.

Los gobernadores han respaldado también los bloqueos de las carreteras que unen al país con Argentina al sur y con Paraguay al este llevados a cabo por opositores. Con esta medida, esperan presionar a Morales para que retire el recorte de los ingresos petrolíferos de las regiones que aprobó en enero pasado. Los ingresos fueron destinados a la creación de una renta mínima para los mayores de 60 años conocida como renta dignidad.

En la misma reunión, el Conalde ha ratificado su "permanente voluntad y convicción de que Bolivia requiere de un proceso de reencuentro", y ha insistido en que la Iglesia Católica y la Organización de Estados Americanos (OEA) pueden contribuir a esa iniciativa.

El gobierno ha pedido que el fin de los bloqueos en la región del Chaco, al sur del país, sea una señal de diálogo. "En las tres oportunidades, la oposición y las fuerzas regionales conservadoras respondieron con la violencia, el bloqueo y la paráliis", dijo a la prensa el vicepresidente, Alvaro García Linera.

No obstante, la oposición ha acusado permanentemente al Gobierno de no flexibilizar su posición sobre el reparto de la renta petrolera, ni sobre la nueva Constitución durante los tres intentos realizados hasta ahora para alcanzar un acuerdo.