Nueve de los trece funcionarios municipales fueron traídos a los tribunales de la capital para resolverles su situación jurídica, pues los acusan de incurrir en varios delitos al darle posesión a Manuel de Jesús Castillo.

El representante legal de la comuna de Jutiapa, aseguró que la detención de los funcionarios ediles es ilegal.

Nueve Concejales de la Municipalidad de Jutiapa fueron capturados ayer por las fuerzas de seguridad, en cumplimiento a una orden emanada del Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.

Los integrantes de la corporación municipal jutiapaneca son sindicados de incurrir en delitos como encubrimiento propio y abuso de autoridad, pues faccionaron el acta de posesión del alcalde electo, Manuel de Jesús Castillo, actualmente prófugo de la justicia, por su supuesta vinculación con el asesinato de tres diputados salvadoreños y el piloto de éstos.

Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), del Ejército y fiscales del Ministerio Público (MP) realizaron varios allanamientos, tanto en la Municipalidad de Jutiapa como en las viviendas de los miembros del Concejo Municipal del municipio de Jutiapa.

Según autoridades del Ministerio Público, se emitieron 13 órdenes de captura contra funcionarios ediles, pero solo fueron detenidos, Casimiro Méndez Olivares, concejal I; Mario Roberto González Martínez, concejal II; Adilio de Jesús Ramírez López, concejal IV; Henry Amílcar Flores Duarte, concejal VI; Jorge Mario García Recinos, concejal VIII; Sergio Salguero Ruano, concejal X; Gloria Sánchez Pineda, síndico I; Jaime Estuardo Salguero, síndico III y Pedro Corado Ventura, secretario de la Municipalidad, este último fichado en el Juzgado de Turno, ubicado en el sótano de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

No debieron avalar la toma de posesión
Para Álvaro Matus, fiscal de Delitos Contra la Vida, los funcionarios municipales sabían que Castillo no podía tomar posesión: él (Manolito) ya no goza de inmunidad y pesa sobre él una orden de captura en su contra y los concejales tenían conocimiento por lo que no debieron avalar la toma de posesión , dijo.

Amparados en una orden judicial secuestramos todas las actas flotantes que el MP no tiene en su poder para constatar si hay en ellas sellos o firmas falsas , puntualizó Matus.

Adilio Juárez, defensor de Castillo, indicó que la detención de los concejales fue ilegal porque el Ministerio Público los arrestó en sus viviendas, sin orden de captura y con el pretexto de que debían cumplir con allanamientos, por lo que solicitó la libertad de los detenidos.