En el dictamen  se señala como responsable de las referidas transgresiones al Estado de Guatemala a través de sus entidades.

Violación al derecho humano a la vida,  la salud, a la seguridad y a la integridad de los vecinos  del Barrio San Antonio de la zona seis de la ciudad de Guatemala,  declaró el Procurador de los Derechos Humanos, doctor Sergio Fernando Morales Alvarado, en una resolución emitida este día.

En el dictamen  se señala como responsable de las referidas transgresiones al Estado de Guatemala a través de sus entidades, centralizadas, descentralizadas y autónomas implicadas, en virtud de la pasividad con que afrontaron la situación, toda vez que existían indicios que obligaban a tomar medidas urgentes para prevenir las consecuencias que se dieron el 22 de febrero del presente año y que fueron denunciadas hace más de 18 años, sin que se diera un adecuado seguimiento a la problemática planteada por los vecinos.

Durante la investigación el Magistrado de Conciencia  estableció que los vecinos del Barrio San Antonio denunciaron a las autoridades competentes anormalidades que se estaban suscitando en el lugar. Destacando que el 28 de septiembre de 1989 se avisó al INSIVUMEH, la percepción de temblores y retumbos que en esa época, se venían experimentando, así como la existencia de colectores en mal estado que provocaron socavamiento de suelo y desplazamientos de tierra a la orilla de los barrancos aledaños.

El 28 de agosto de 1997 nuevamente los vecinos trasladaron a la Dirección de obras de EMPAGUA, un escrito mediante el cual vuelven a denunciar la presencia de temblores y retumbos en la zona y plantean como solución práctica el relleno sanitario del barranco aledaño al condominio las Alondras.

Los afectados del referido barrio manifestaron que en noviembre de 2006 diferentes personas reportaron a CONRED y al INSIVUMEH que  estaban percibiendo temblores y retumbos, sin embargo no se recibió respuesta alguna por parte de las autoridades,  mismas que argumentan que tuvieron conocimiento del fenómeno, hasta el domingo 18 de febrero del presente año, cuando los vecinos convocaron a un medio de comunicación televisivo y denunciaron el problema.

El hundimiento y colapso del área afectada, según el INSIVUMEH, se debió a un proceso de tubificación, sin que se hayan determinado a la fecha las causas que le dieron origen, sin embargo, se estima que se debió a filtración de agua en un suelo fácilmente erosionable, lo cual produjo cavernas, sin descartar vibraciones de origen natural o inducidas. Asegurando que el suelo del área afectada no está constituido por relleno sanitario de ningún tipo y recomienda la readecuación y normalización del barrio afectado.

La postura de EMPAGUA, según indica la resolución,  ha sido en todo momento de justificación, desligándose completamente de responsabilidad por el hecho acaecido, toda vez que su juicio la red de drenajes estaba en perfecto estado y su personal no detectó en ningún momento anormalidades en el flujo de las aguas servidas.

Concluye el dictamen de mérito del PDH recomendando  a la Municipalidad de la ciudad, a EMPAGUA y CONRED se dé cumplimiento inmediato a lo que establece el Decreto Gubernativo 1-2007 de la Presidencia de la República y a CONRED se continúen los esfuerzos encaminados. Al Señor Presidente Constitucional de la República, se realicen las gestiones administrativas que sean necesarias a efecto de crear un fondo específico para la evaluación de riesgos en otras zonas propensas a desastres de esta naturaleza y que otorguen los fondos que se requieran.