Por: Erika González y Jesús Carrión

Algunas organizaciones y redes sociales han aludido a la necesidad de unas normas de obligado cumplimiento para las multinacionales en materia de derechos humanos.

Aunque en la década de los setenta se intentara aprobar un código vinculante de normas para las multinacionales en la ONU, el debate desapareció durante la década de los ochenta y noventa cuando las propias Naciones Unidas decidieron impulsar códigos de conducta voluntarios como el Global Compact.

Las voces que reclaman hoy volver a incorporar en el debate la regulación obligatoria para las transnacionales fundamentan su propuesta en que las quejas de afectados y afectadas por los impactos sociales, económicos, culturales y ambientales de estas compañías no ha parado de crecer.

John G. Ruggie, representante especial del secretario general para derechos humanos y multinacionales, reconoce que no se puede dejar en manos del mercado y de la voluntariedad de las empresas el respeto de los derechos humanos, pero a su vez respalda el Global Compact.

El marco propuesto promueve el deber estatal de proteger a las víctimas, la obligación empresarial de respetar los derechos humanos y la mejora del acceso efectivo a mecanismos de reparación de las víctimas. Ruggie puso la mayor parte de la responsabilidad en los gobiernos nacionales.

Varias organizaciones ven con buenos ojos que esta postura recoja de las demandas de movimientos sociales que denuncian la falta de coherencia de gobiernos que promocionan los derechos humanos pero luego, en sus políticas económicas, firman acuerdos bilaterales y comerciales cuyas condiciones favorecen a las multinacionales españolas y vulneran derechos de las poblaciones receptoras.

El relator también encomió a los gobiernos a la aplicación del principio de la extraterritorialidad para hacer que dichas corporaciones respeten los derechos humanos en terceros países donde actúan.

Detrás de estos planteamientos se encuentran múltiples interrogantes. El primero tiene que ver con la crisis de representatividad que tiene hoy la ONU para resolver cualquier conflicto.

Por otra parte, es cuestionable dejar el control sobre las multinacionales en manos de gobiernos que comparten intereses con estas corporaciones y cuyas políticas están subordinadas a acuerdos internacionales de libre comercio.

¿Es real que los gobiernos de Nigeria, Sudán, Colombia o Filipinas prioricen los derechos humanos frente a los derechos de las transnacionales? Si hasta ahora las iniciativas de crear normas obligatorias sobre derechos humanos para las transnacionales en la ONU no han prosperado es porque han contado con la oposición frontal de los gobiernos de origen, que protegen de forma incondicional los intereses de sus transnacionales.

Enlazando Alternativas y el Tribunal Permanente de los Pueblos, que llevan años en el seguimiento y denuncia de los impactos de las multinacionales, proponen la creación de un código normativo internacional que delimite las responsabilidades legales de las compañías multinacionales.

Además, proponen la creación de un centro independiente para el seguimiento de las denuncias de sus impactos e insisten en la necesidad de una Corte Internacional que pueda juzgar a las empresas transnacionales por sus delitos.

La idoneidad de una Corte Internacional sobre derechos humanos que pueda juzgar a las multinacionales también fue planteada recientemente por dos relatores de Naciones Unidas, si bien la propuesta estaba enmarcada en un proyecto que no pertenece a la ONU, llamado Iniciativa de Suiza.

En cualquier caso, las tres medidas citadas han sido desechadas por Ruggie, que argumenta que la falta de recursos económicos y la aprobación de un Tratado por una mayoría de naciones retrasarían décadas su realización.

Dicho argumento contrasta enormemente con la rapidez con la que el G-20 se puso de acuerdo y aprobó un presupuesto de más de un billón de dólares para salir al rescate de la banca en plena crisis financiera.

El marco “Proteger, respetar, remediar” presentado por Ruggie traspasa la responsabilidad sobre el control de las transnacionales a los Estados sin concretar códigos, organismos, ni cortes internacionales en las que se puedan denunciar dichos delitos. Parece que, como en otras muchas ocasiones, las palabras se las llevará el viento.

Las víctimas, las organizaciones sociales, sindicales, ambientales, etc. van a seguir trabajando para poner en la agenda social estos debates. Y fortalecer así la presión social que obligue a los gobiernos de origen de las compañías y a Naciones Unidas a tener la voluntad política necesaria para hacer respetar los derechos humanos a las transnacionales en cualquier parte del mundo.

Fuente: Centro de Colaboraciones Solidarias