El Congreso de la República se ha ganado a pulso el desprestigio de que goza; pareciera que sus integrantes ya se acostumbraron a esta deslegitimación. Los diputados (as) tienen una gran deuda con el país, pero también hay que ser justo y reconocerles sus méritos.

Por: Ileana Alamilla

Aunque hay otras normativas muy beneficiosas, quiero referirme a la aprobación de una ley que terminó con un negocio abominable de un grupo de notarias(os), hoy dueños de jugosas fortunas, que se aprovecharon del sufrimiento de madres acongojadas por la pobreza o por los prejuicios y de familias nobles, necesitadas de un pequeñito(a) en donde depositar su amor de padres.

En su abominable y desmedida ambición, hicieron gala de cinismo y grosería, reflejo de la inmoralidad con la que algunos han desempeñado la función notarial. Reivindicaron su derecho de actuar de esa manera y provocaron la mercantilización de seres inocentes, la creación de mafias en complicidad con otros profesionales y empleados del Organismo Judicial y la constitución de negocios de casas cuna clandestinas. Ese jugoso negocio generaba unos US$200 millones anuales, según estimaciones de organizaciones de derechos humanos.

Guatemala, en relación con su población, fue considerado el mayor exportador de menores en el mundo. Tanto la Interpol como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) concordaron con este dato; le seguían Rusia, China y Corea del Sur. Desde el 2005 se informó que casi cada dos horas y media un chapincito(a) era dado en adopción; los principales destinos fueron Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña.

Fue un secreto a voces. Compraron niños, engañaron o persuadieron a las madres a firmar o marcar con su huella documentos en blanco, amenazaron a las progenitoras con cobrarles enormes cantidades si se arrepentían, robaron a infantes de las maternidades de hospitales públicos, suplantaron partos, alquilaron vientres, entre otras estrategias utilizadas para consumar sus perversos fines.

No debemos olvidar esta afrenta a nuestra sociedad y a la humanidad, pues esto nos hace valorar mucho más la Ley de Adopciones aprobada en el 2007, que tiene como prioridad el interés superior del niño frente a cualquier otro. Quedaron así eliminadas las prácticas inmorales y los negocios millonarios. Esos diputados(as) tienen ese mérito.

La institución recupera con la normativa su nobleza y su objetivo primordial, que es restituirle su derecho a la familia al niño que no la tiene. En la regulación hay una prohibición expresa para que las personas o instituciones involucradas en el proceso obtengan beneficios indebidos, materiales o de otra clase.

El Consejo Nacional de Adopciones, creado por la norma, es la autoridad central y ente rector en la materia, regula el bienestar de quienes pueden ser declarados en estado de adoptabilidad, entre ellos, los huérfanos o los que se encuentren en situación de desamparo, entre otros.
Más de 260 familias nacionales han acudido para brindar amor y regazo a un menor, que es una gran muestra de nobleza. Retomamos así la ruta descarriada por la ambición y se rompió el mito de que los y las guatemaltecas no quieren adoptar.