Le corresponde lo relativo a la aplicación al régimen jurídico concerniente a los servicios escolares y extraescolares para la educación de los guatemaltecos y poner en vigor las normas técnicas para la infraestructura del sector. Formular y administrar la política educativa, velando por la calidad y la cobertura de la prestación de los servicios educativos publicos y privados, con base en los principios constitucionales de respeto a la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y la paz, y al carácter multiétnico, pluricultural y multibilingüe de Guatemala.