Le corresponde atender lo relativo al régimen jurídico aplicable a la producción, distribución y comercialización de la energía y de los hidrocarburos, y a la explotación de los recursos mineros, procurando una política nacional que tienda a lograr la autosuficiencia energética del país.

Promueve el desarrollo racional de los recursos energéticos renovables y no renovables, mineros, estableciendo una política orientada a tener mejores resultados en la exploración y explotación de dichos recursos, salvaguardando el medio ambiente y mejorando el nivel de vida de los habitantes.