Actualmente tales ejecicios comunitarios no son vinculantes, pero en una resolución emitida, la Corte de Constitucionalidad exhorta que se legisle al respecto.

La Comisión Legislativa de Pueblos Indígenas ha iniciado el camino para que sea vinculante  la opinión de los pobladores respecto a si se aprueban o rechazan proyectos relacionados con la explotación de recursos naturales, minerales, hídricos o de otro tipo.

También se incluirían aquellos proyectos como la introducción de transgénicos o la utilización de sus tierras para actividades militares, y otros que  puedan ser objeto de consulta. 

Efraín Asij, integrante de esta sala de trabajo, explica que la propuesta va más allá de que los vecinos digan sí o no. “Implica participar y tener empoderamiento del proyecto… y de estar bien informados para que no decidan sólo por cuestiones ideológicas”, afirmó. 

La iniciativa apenas está dando los primeros pasos para convertirse en ley, pues aún debe ser estudiada por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, aunque en parte del texto  señala que se harán reformas a las Leyes de Minería, de Hidrocarburos, y General de Electricidad, para establecer como obligatorias las consultas.

Además contempla la creación de un concejo, el cual estaría integrado por representantes de todas las comunidades lingüísticas del país.

En la historia reciente del país se han realizado varias consultas comunitarias, especialmente por las actividades de explotación de recursos naturales. Sin embargo, ninguna de estas resoluciones ha tenido injerencia. Hace un par de años, la Corte de Constitucionalidad (CC) exhortó al Congreso a que realice la reforma legal al Código Municipal, para “determinar con precisión, cuándo una consulta popular municipal tendría efectos vinculantes”.

Falta voluntad para aprobar la ley
Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social, (CALAS) señala que con esta ley se cumpliría con el desarrollo de consultas, como las establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Sin embargo, duda de su aprobación, “hay muchas presiones… y habrá confrontación porque son temas delicados” afirmó. En tanto, Gilberto Monroy, quien se opone al desarrollo de la hidroeléctrica El Sisimite, en Chuarrancho, Guatemala, considera que “las consultas son el único amparo de la población”.

Fuente: dca.gob.gt