La comisión internacional pidió autorización para que sus investigadores tengan acceso a los expedientes de 15 de los 38 abogados que se postularon al cargo.

Por: Elsa Coronado

Para “cumplir con las funciones que determina su mandato”, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) pidió autorización para que sus investigadores tengan acceso y fotocopia de los archivos administrativos, de recursos humanos y disciplinarios de 15 candidatos a fiscal general.

La nota, recibida el pasado 5 de marzo, fue incluida como punto de agenda en la sesión de la postuladora y, según el secretario designado, Óscar Cruz,  apegándose a los principios de “publicidad” que demanda la Ley de Comisiones de Postulación, hoy atenderán el requerimiento.

Entre los 15 nombres destacan los expedientes del actual jefe del Ministerio Público (MP), José Amílcar Velásquez Zárate, y de la secretaria general de la institución, Gloria Porras. También el de Ángel Conte, que tiene un historial de cargos ocupados en el Ministerio de Gobernación en diferentes administraciones de Gobierno y que en la actualidad funge como consejero del MP.

En la lista de la Cicig aparecen cuatro abogados que quedaron fuera del proceso por incumplir con varios requisitos de la convocatoria. Ellos son José Fernando Castellanos Arreola, Sergio Roberto Lima Morales, Henry Francisco Monroy Andrino y Édgar Alberto Argueta Moreno.

Por otra parte, los abogados José Martí y Alfonso Carrillo Marroquín pidieron a los comisionados una copia de la documentación que presentaron para participar en el proceso.

Después de analizar las pruebas de descargo de los 10 abogados excluidos por incumplir con los requisitos básicos de participación, solo Joel García fue admitido nuevamente. En su defensa dijo que en 2001, cuando dirigía la fiscalía de Mixco, fue sancionado, pero por tratar de mantener su “independencia”. En la fase de ponderación se determinará si corresponde restarle puntos.

El turno de la auditorÍa social
A partir del 12 de marzo queda abierta la puerta para presentar señalamientos en contra de los 29 aspirantes al puesto. No se aceptarán anónimos o documentos sin pruebas fehacientes.

La recepción terminará el próximo 23 de marzo y se otorgarán cinco días posteriores para que los aludidos argumenten en su defensa. Posteriormente corresponde la fase de entrevistas, para lo cual el Movimiento Pro Justicia ha solicitado que se incluyan otras 10 interrogantes, las cuales profundizan en el grado de conocimiento que los aspirantes tienen sobre el Ministerio Público. Se sugiere que el día de la entrevista escojan una muestra aleatoria de cinco preguntas, para que se estimule el factor sorpresa entre los candidatos.

Fuente: dca.gob.gt