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Política criminal en Guatemala

Ante este vacío, la reacción del Estado frente al delito se ha basado en la expansión del derecho penal, mediante la creación de leyes que amplían o modifican y agregan nuevas figuras delictivas al tenor de la teoría del derecho penal del enemigo, que es restrictiva de las garantías y derechos humanos de las personas...

 

 




Política criminal en Guatemala

Publicado el 17 Nov, 2017 - 15:42:46 - Ultima actualización: 20 Nov, 2017 - 09:36:33

En el presente año, y por recomendación de ASIES, el Ministerio Público lidera el proceso de formulación de una Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala. La grave situación de criminalidad en que vive el país demanda que esta sea abordada como un fenómeno social complejo, y que, con el concurso de todos los sectores sociales, se construya una herramienta efectiva para su tratamiento.

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Generalidades sobre la Política Criminal

¿Qué es la Política Criminal?

De manera general, la política criminal comprende todas aquellas acciones que un Estado realiza para la prevención, combate y tratamiento del crimen en todas sus manifestaciones. Para algunos autores como Santiago Mir Puig, citado por José Luis Velásquez Bolívar (2010), la política criminal

… responde a muy variadas situaciones que obligan a conceptualizarla de forma multidisciplinaria e interdisciplinaria, visto que en torno a ella confluyen diferentes aspectos y ramas del saber, de los cuales sólo algunos de ellos están vinculados a lo jurídico, entre ellos, las denominadas instancias de control penal (normas penales, policía, sistema de justicia, cárceles).

En este mismo sentido, Bricola y la denominada Escuela de Bologna, diferenciaron entre la política criminal que utiliza dichas instancias de control penal, y la política penal en la que interviene la política social del Estado a través de las políticas educativas y laborales, entre otras.



Laura Zúñiga Rodríguez (2001) indica, que la política criminal es una disciplina que se relaciona con diversas ciencias y conocimientos como el Derecho Penal, la Criminología, la Sociología, la Ciencia Política, entre otros. Constituye una disciplina que en la actualidad carece de método científico, “de racionalidad, de claridad en el objeto y en el método”.

Siguiendo a dicha autora, el objeto de la política criminal se desplaza entre el fenómeno criminal-social y el sistema valorativo social expresado por la normativa jurídica. En otras palabras, puede enmarcarse en el ámbito social así como en el jurídico. Es por ello, que puede definirse desde ambos espectros. Para Délmas-Marty (1986), quien es partidario del fundamento sociológico de la política criminal, esta es el conjunto de acciones que realiza la sociedad frente al delito. En cambio, Zipf, citado por Reyes Calderón (1997) se adhiere a la corriente que propugna una visión jurídica del tema, al establecer que la política criminal constituye la respuesta penal, el poder punitivo del Estado. Feuerbach y Stooss van mucho más allá y la consideran como sinónimo de legislación penal; la sabiduría legisladora del Estado para reformar la ley penal en provecho del bien común (Reyes Calderón, 1997, pp. 4-5).

La política criminal del Estado es aquella que busca hacer efectivos los fines sociales más elevados de la convivencia social: la paz, la seguridad y la justicia. Se debe basar, para ser efectiva, en la realidad social donde el delito y el delincuente nacen, se desarrollan y se transforman, y se fundamenta en el derecho penal, que es la ciencia jurídica de la norma penal y del delito. Para alcanzar su legitimidad, que se deriva de sus resultados, debe apoyarse en el conocimiento que aportan otras ramas del saber como la criminología, la sociología, entre otras.

El fundamento de una política criminal democrática debe ser el respeto y la plena vigencia de los Derechos Humanos consagrados en la Constitución. Dichas garantías constituyen su limitación más importante, y se erigen como el control de legalidad de sus actuaciones, confiriéndole legitimidad. El irrespeto a los derechos y garantías de las personas por parte del Estado, significaría que este ejerce una política criminal de corte autoritario.

Al hablar de los fines de la reacción del Estado frente al crimen, la política criminal ha pasado de tener como fin la represión del delito, a considerar la prevención como su objetivo concreto. En la actualidad, sus fines consideran también las consecuencias del delito, y se analizan sus efectos sobre las víctimas, el delincuente y la sociedad en general. Dependiendo del modelo de Estado y de sociedad que se quiera alcanzar, así serán también los fines de la política criminal. Sin embargo, en los Estados que se denominan Democráticos de Derecho, el fin último no podrá ser otro que la realización y positivización efectiva de los Derechos Humanos reconocidos por las constituciones nacionales y por instrumentos de carácter internacional (Zúñiga, 2001, p. 38).

Breve repaso al desarrollo histórico de la Política Criminal

La conceptualización del delito y cómo la sociedad debe reaccionar frente a este ha ido modificándose a través de la historia, encontrándose la política criminal íntimamente ligada al desarrollo y evolución del Estado como organización social. En los sistemas sociales primitivos se realizaba la venganza privada, la justicia por mano propia. Posteriormente, surgieron otros modelos como el sistema talionar de “ojo por ojo y diente por diente”. A partir del asentamiento de la religión judeo-cristiana, el delito era visto como una ofensa a Dios, por lo que el delincuente debía expiar su delito (Zúñiga, 2001, p.69). Este último sistema tuvo cabida durante la época feudal con el absolutismo monárquico.

a. El delito en la concepción liberal

El liberalismo, apoyado en la Ilustración como fundamento filosófico, enarboló la bandera de la dignidad de la persona en detrimento de la supremacía del Estado frente al individuo. Se crearon entonces, principios que limitaron su poder punitivo, tales como el de legalidad, proporcionalidad e igualdad. El desarrollo conceptual del constitucionalismo también perfiló la nueva visión del mundo y del derecho penal con postulados como los de libertad, limitación al poder del Estado, separación de poderes, entre otros. La escuela clásica del derecho penal, fundamentada en el Derecho Natural, utilizó el método deductivo para establecer un concepto formal del delito, de carácter casi inmutable que la alejó del conocimiento pleno del delito y del delincuente. Sus postulados determinaron el desarrollo normativo del derecho penal de finales del siglo XIX, iniciándose con ellos, la codificación del derecho penal.

b. El delito en la concepción positivista

El positivismo jurídico desarrolló los conceptos de delito y de delincuente como fenómenos reales de la naturaleza, y no como un ente jurídico como lo había establecido la escuela clásica. Los postulados de esta escuela llevaron al planteamiento de la prevención especial del derecho penal y al tratamiento del delincuente mediante medidas de seguridad y corrección. Esta corriente alcanzó su mejor desarrollo con el denominado positivismo naturalista, cuyo mayor exponente fue Franz Von Liszt, a quien se considera como el fundador de la ciencia penal moderna. Para estudiar esta corriente se debe partir de la realidad social del delito como fenómeno complejo (método inductivo), ya que dicha realidad debe fundamentar la creación de las normas jurídicas. De la misma manera, se deben deducir de las leyes los principios generales que fundamentan su aplicación (método deductivo). Dicha dualidad metodológica en la construcción normativa del derecho penal, constituye su aspecto más relevante. Para la política criminal, significó considerar al delito como producto social que debe ser atendido de forma integral a través de la política social del Estado y no únicamente por el derecho penal.

c. El delito en la concepción funcional

Se caracteriza por el tratamiento interdisciplinario del fenómeno delictivo, y la orientación del derecho penal a cumplir con los fines de la sociedad en la cual se aplica. Se considera que dicha conceptualización marca un avance importante, porque le confiere al derecho penal y a la política criminal un fundamento teleológico. No basta con que se estudie al delito ni al delincuente como un fenómeno social, y se establezcan restricciones al poder punitivo del Estado. Tampoco, que se establezcan principios generales que protejan los derechos de los delincuentes y de las víctimas. Resulta indispensable también, tomar en cuenta que el derecho penal debe orientarse a cumplir con los fines sociales. Es decir, los de la colectividad, principalmente, el bien común y la convivencia pacífica.

d. El delito en las concepciones actuales

El rasgo característico más importante en la actualidad es la prevención del delito. Pero, no una prevención basada en la intimidación de un sistema de justicia basado en la dureza de la pena, sino en la intervención estatal que se legitima desde la concreción de los fines últimos que la configuran.

Instancias de control social

Se entiende por control social, aquel mecanismo integrador formalmente establecido o no, que busca incorporar a la persona al conglomerado social, con el objeto de que internalice, acepte y cumpla con las normas sociales que rigen la convivencia de una sociedad determinada. En suma, de lo que se trata es que el individuo ponga en práctica los valores sociales aprehendidos para minimizar las conductas catalogadas como antisociales.

Se reconocen dos sistemas de control social: el informal, compuesto por instituciones como la familia, la escuela, la religión, el trabajo, los gremios profesionales, por citar los más importantes. Es necesario resaltar la importancia de la familia, que en Guatemala lamentablemente está amenazada por la desintegración y la violencia. El segundo, el formal, integrado por el sistema penal, está catalogado como formal, porque tanto la conducta antisocial como la sanción, están establecidas previamente; al igual que el proceso por el cual la pena será impuesta, y la competencia de los órganos encargados de aplicarla.

Para Bergalli (2005), el derecho penal no es un medio de control social, sino un medio de control punitivo, en tanto a través de este se impone un castigo por la contravención a una norma preestablecida.

La prevención de la delincuencia

Entendida esta, no únicamente como la disuasión que se deriva de la pena, sino como la intervención del Estado que se anticipa al delito y ataca sus causas. Para el primer propósito intervienen los instrumentos penales, mientras que para el segundo interviene la política social del Estado. Siguiendo a Antonio García-Pablos De Molina (2010), la prevención del delito se clasifica en tres etapas: prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. La primera, atiende las causas primarias del delito para anticiparse a su manifestación; esta es la etapa más importante y coincide con el fin último del Estado: el bien común.

La prevención secundaria se presenta con posterioridad a la comisión del delito, y en la misma interviene el sistema penal. En Guatemala, este se caracteriza por su ineficacia y lentitud, por lo que tampoco asegura un mínimo de prevención del delito.

Finalmente, la prevención terciaria consiste en el tratamiento penitenciario que debe estar dirigido a la resocialización del delincuente.

Situación de la Política Criminal en Guatemala

¿Política Criminal o expansión del Derecho Penal en Guatemala?

El código penal guatemalteco data del año 1973, y a la presente fecha ha sido modificado mediante 57 decretos. Dicho código tuvo originalmente 357 disposiciones normativas, de las cuales 77 han sido modificadas, 34 derogadas y 246 que no han sufrido cambios de ninguna clase. En total, el código penal al ser aprobado contemplaba 322 delitos y, al año 2014, establece 144 delitos más, como muestra la tabla siguiente.

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Como se observa en la tabla anterior, el número de delitos en Guatemala aumentó en 45% desde la aprobación del código penal en 1973. La expansión del derecho penal guatemalteco se ha manifestado, por una parte, mediante la reforma al Código Penal, creando nuevos delitos o modificando los ya existentes a través de la ampliación de los supuestos de hecho (tipo penal) o la modificación de las penas. Y, por la otra, creando leyes penales especiales que incorporan nuevos delitos y otras leyes penales, catalogadas como tal porque se refieren a la materia penal, pero que no establecen figuras delictivas.

Del análisis de las modificaciones al Código Penal, se establece que el Estado guatemalteco ha reaccionado ante los hechos criminales, principalmente, mediante el endurecimiento de las penas.

El problema de la inseguridad en Guatemala

La violencia y la inseguridad no son exclusivos de Guatemala, son problemas mundiales que en cada región presentan características propias. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013, p. 11), el 36% de todos los homicidios que se cometen en el mundo se producen en el continente americano (16.3 homicidios por cada 100,000 habitantes) lo que casi triplica la tasa mundial que es de 6.2 (CIEN, 2014).

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El conflicto armado interno que duró más de 30 años y finalizó con la firma de los acuerdos de paz en 1996, constituyó un enfrentamiento ideológico violento. El fin de la guerra abrió las puertas a un fenómeno nuevo y complejo de violencia. Son muchas y diversas las amenazas, como las “maras”, el narcotráfico internacional y la corrupción. Según Naciones Unidas (2010),

existe un visible crecimiento de los hechos criminales en el país; aumenta el número de delitos, los cuales se extienden a todo el ámbito geográfico nacional y profundizan los rasgos de excesiva crueldad. (…) El crimen –que es violencia interpersonal- ha venido erosionando las relaciones sociales privadas y públicas, hasta convertirse, junto a la pobreza, en la mayor amenaza para el devenir cotidiano de la gente y, con ello, para el funcionamiento previsible de toda la sociedad.

Según el Índice de Paz Global (Vision Of Humanity, 2014), Guatemala se encuentra ubicada en el lugar número 115 de 162 países estudiados a nivel mundial, es decir, entre el 20% de los Estados con menores condiciones de paz en el mundo. En relación con los países latinoamericanos, se encuentra en el puesto 12 de 18 países. Aspectos tales como la criminalidad percibida por la población, los homicidios, los crímenes violentos y el desempleo, constituyen las calificaciones más altas según los indicadores medidos. A continuación se analizarán los principales delitos que afectan a la sociedad guatemalteca y la reacción del Estado.

Principales delitos que se cometen en Guatemala y la reacción del Estado

a. Criminalidad homicida en Guatemala

Durante la última década, más de 56,000 personas han muerto de forma violenta en Guatemala, la mayoría de ellas por arma de fuego (Baires Quezada, 2014). El perfil de la mayoría de víctimas corresponde a personas jóvenes y de sexo masculino, residentes en áreas urbanas.

A continuación, se presenta el mapa de incidencia homicida en Guatemala en el último año 2013.

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Como se observa en la figura anterior, 18 de 22 departamentos del país superan los 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. Los departamentos de Izabal, Zacapa y Chiquimula situados en el área fronteriza con los países denominados como del triángulo-norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), presentan tasas altas de homicidios. Debe resaltarse que las tasas más bajas de incidencia de este delito se presentan en los departamentos donde existe mayoría de población indígena.

Una de las principales acciones del Estado frente a esta realidad fue la de aumentar las penas señaladas por el Código Penal para los siguientes delitos (obsérvese el aumento de casi el doble en las penas establecidas en su regulación original).

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Otras reacciones

En el año 2002 se modificó la sanción para el delito de homicidio culposo (art. 127), estableciéndose una pena específica para los pilotos de transporte colectivo de entre 10 a 15 años de prisión. Lo anterior, como consecuencia del alto índice de accidentes de tránsito ocasionados por buses urbanos y extraurbanos que han cobrado la vida de muchas personas en los últimos años.

También destacaron los asesinatos que se comenten utilizando motocicletas. Esta modalidad que realizan sicarios, en especial, en las áreas urbanas, ha cobrado la vida de más de mil doscientas personas en el período 2011 a 2013 (Grupo de Apoyo Mutuo, GAM, 2014). En 2013 hubo un aumento de 45% en esta modalidad delictiva, en comparación con el 2012, a pesar de que se emitió una nueva normativa para regular la circulación de motocicletas.

Delitos contra la vida

Según la evaluación llevada a cabo a la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público en 2009 y 2012 (Fundación Myrna Mack, 2012), el número de casos no resueltos es enorme, como lo muestra la tabla siguiente.

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Como se aprecia en la tabla anterior, la efectividad de la Fiscalía del Ministerio Público apenas supera el 10% del total de casos ingresados. El número de casos resueltos por vías alternas se ha duplicado, principalmente, en los casos de homicidios culposos. Ha habido un significativo aumento en el número de acusaciones y, el litigio penal estratégico es hoy una herramienta que permite a la Fiscalía unificar varios casos que están relacionados entre sí. En este último punto, si bien el informe contempla un total de 882 casos conectados, los mismos se contabilizaron como casos resueltos individualmente. Lo anterior contradice la definición de conexión establecida en el informe, como un mecanismo procesal que no implica la finalización de un caso, sino que el mismo fue unido a otro que está siendo investigado y con el cual tiene relación. Se considera por tanto, que no se deben considerar los casos conectados como casos resueltos para evitar reflejar un resultado incierto de investigación y resolución.

b. Delitos contra el patrimonio

Dentro de esta tipología de delitos destaca el robo, mostrándose tres particularidades:
  1. En los países donde se ha extendido este delito, también ha aumentado la violencia.

  2. La gran mayoría de robos son de valores relativamente pequeños y no se denuncian.

  3. Paralelamente a dicha actividad delictiva se ha desarrollado un amplio mercado de productos robados que involucra una enorme cadena de comercialización (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013, p. 61).
En Guatemala, los robos más frecuentes son de vehículos, motocicletas, armas, celulares; van dirigidos tanto a peatones como a residencias. De acuerdo al Grupo de Apoyo Mutuo, GAM (2014), el departamento de Guatemala reporta la mayor cantidad de robos a nivel nacional con 8,016 casos en el 2013 (46.4%), le sigue Escuintla con 2,307 (13.3%), Quetzaltenango con 890 (5.1%), Huehuetenango con 608 (3.5%) y Suchitepéquez con 560 (3.2%). En el año 2011 se cometieron 17.188 robos; en 2012, 17.767; y en 2013, 17.274, manteniéndose constante la incidencia de dicho delito.

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (2013, pp 64-75), el país presenta una elevada tasa de robo, que está directamente relacionada con lo que se denomina como “delito callejero”, y que se define así:

…los actos motivados por afán de lucro, como hurtos y robos de pequeña cuantía, que suelen ocurrir en lugares públicos y pueden involucrar, en algunos casos, amenazas de violencia, golpes o lesiones contra las víctimas. Transcurren con mayor intensidad en entornos urbanos y generalmente no se denuncian. Aunque parezcan menores, estos delitos son los que atentan con más frecuencia contra la seguridad de los ciudadanos. Por esta razón, cuando se habla de una ciudad segura o de un barrio seguro, generalmente se alude a la poca ocurrencia de delitos callejeros. (…) En casi todos los países de América Latina, las personas identifican este tipo de delito como la principal amenaza a su seguridad. De manera agregada, el 48% de los latinoamericanos identifica a la delincuencia común como su principal amenaza.

Este tipo de delito se asocia a condiciones de marginalidad, exclusión y desigualdad social; “en el contexto de un crecimiento económico fundado en el consumo, surgen individuos o grupos dispuestos a desafiar al orden legítimo y optan por la vía delictiva como forma de vida”, y es lo que el PNUD (2013, pp. 64-75) define como “delito aspiracional”.

Frente a las condiciones económicas y sociales que han predominado en Latinoamérica, es importante remarcar lo que el doctor F. Caballero (2009, p. 72) establece como el tránsito del Estado de derecho al Estado-mercado. “De esta manera, el derecho del Estado se ve condicionado por las leyes del mercado o, mejor dicho, aquel, se pone al servicio de estas”.

Las personas y los ciudadanos son ahora consumidores. El único medio para poder ejercer los derechos ciudadanos (salud, educación y justicia, entre otros) es a través de un alto nivel de ingresos y de consumo. En este escenario, el modelo de Estado neoliberal que actualmente predomina en la mayoría de países del mundo, incluyendo Guatemala, impide un desarrollo económico con igualdad y mantiene a la mayoría de la población en condiciones laborales precarias que limitan la posibilidad de movilidad social. Lo anterior podría explicar, en parte, el porqué del aumento en los delitos contra el patrimonio. El nivel de consumo se presenta entonces, como una manifestación de la condición social del sujeto, especialmente de aquellos bienes denominados como “bienes de consumo”. … “Su adquisición suele considerarse como la principal vía de integración social, mientras que no poseerlos se interpreta como una forma de exclusión” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013, p. 22).

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El Estado de Guatemala ha endurecido las sanciones en los delitos contra el patrimonio, estableciendo penas que han aumentado de 50 a 100%.

La Ley de Equipos Terminales Móviles, Decreto 8-2013 del Congreso de la República (2013), es una ley que fue creada para sancionar el robo de celulares y tiene como fin combatir el mercado negro de este tipo de bienes que se ha establecido en el país. Dicha normativa es considerada como una de las más estrictas, y es reflejo de un derecho penal de autor y no del acto. La siguiente tabla muestra los delitos creados y su penalización.

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Como se observa, la dureza de las penas no es proporcional al delito cometido. El delito de conspiración mediante equipos terminales móviles establece una doble penalización. Se sanciona con la pena el delito conspirado y con la pena señalada para el delito cometido, si este llegare a ejecutarse. Si el delito conspirado no se ejecuta, al autor de la conspiración se le deberá castigar en la misma forma que al autor de la tentativa. Es decir, que una persona procesada por conspiración mediante equipos terminales móviles, podría ser sancionada dos veces y castigada con una pena igual o más severa que, por ejemplo, si cometiera el delito de terrorismo.

c. Violencia de género

Las luchas sociales que han llevado a cabo las mujeres a lo largo de la historia, han producido avances significativos para erradicar la desigualdad y la violencia de género. A pesar de dichos avances, aún persisten acciones y actitudes de violencia que impiden el desarrollo integral de la mujer.

Para el PNUD (2013, pp. 82-83), la violencia de género se basa en “… relaciones desiguales de poder que persisten entre hombres y mujeres, así como en el conjunto de normas sociales y culturales en torno al género y a la identidad sexual”. Algunos

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autores como Ana Pérez del Campo Noriega, citada por M. Trujillo (2013), sostienen que “la violencia masculina contra las mujeres es un crimen, un delito histórico y universal. Comienza en los albores de la civilización, y subsiste hasta nuestros días”. Las principales manifestaciones de este tipo de violencia son, la violencia doméstica, la violencia por parte de la pareja íntima, la violencia sexual (incluido el abuso y el acoso sexuales dentro del ámbito laboral), los feminicidios, la trata de personas, el tráfico de personas, la explotación sexual y la violencia institucional (PNUD, 2013, pp. 82-83).

En cuanto a la incidencia de muerte de mujeres, Guatemala ocupa el segundo lugar en femicidios a nivel mundial según Naciones Unidas (Prensa Libre, 2012). El número de feminicidios que se produjo en el período comprendido de 2008 a 2013 supera las 4,000 víctimas, a pesar que desde el 2008 se aprobó la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer. La siguiente tabla muestra las cifras desagregadas por cada año.

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En cuanto a los delitos sexuales, estos superan a la incidencia de los homicidios, como puede apreciarse en la siguiente tabla.

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La violencia sexual en contra de las mujeres ha aumentado en años recientes. En las últimas dos décadas, la reacción del Estado se ha enfocado en aprobar nueva normativa, en total, tres nuevas leyes que han establecido nuevos delitos y han endurecido las penas para otros ya existentes, como se ve continuación.

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El Estado de Guatemala es parte de las principales declaraciones y convenciones internacionales en materia de prevención de la violencia de género, como se observa en la siguiente tabla.

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d. Extorsión

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013, p.81),

la expansión de este delito responde, en parte, a los cambios en la financiación de las estructuras criminales que, en vista de que el Estado persigue a determinadas economías ilegales- especialmente al narcotráfico-, han optado por diversificar sus fuentes de ingresos. En este contexto, no sólo las grandes empresas son sujetos de extorsión, sino también otros sectores sociales que se ven amenazados aun por montos menores.

La regulación del delito de extorsión fue modificada y actualizada a la realidad actual. Por una parte, se cambió totalmente el sentido de la redacción original del código penal de 1973 y por la otra, se amplió su naturaleza de delito común a delito de delincuencia organizada. Asimismo, se endurecieron las penas, como lo muestra la siguiente tabla.

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El Estado de Guatemala continuó la expansión del derecho penal. Sin embargo, los datos revelan que la incidencia de este delito se mantiene con leves variaciones.

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Durante el período de observación correspondiente al primer semestre de cada año, en el 2013 hubo una reducción de menos del 1% en el número de denuncias en relación al 2012. En este último año se registró un promedio de 15.21 casos de extorsión diarios en el país, y 14.87 en 2013.

Políticas públicas implementadas en la última década

a. ¿Hacia la militarización de la criminalidad?

El concepto de militarización que se emplea en este apartado es la definición acuñada por Alfred Vagts, citado por Carlos Barrachina Lisón (2002, pp. 30-31) para quien esta constituye la influencia que tienen los militares sobre el gobierno, en una sociedad donde predominan los valores militares sobre los comportamientos internos de la misma.

En varios países de Latinoamérica, el rol de las fuerzas armadas en el tema de seguridad ha aumentado en importancia. La debilidad institucional de las policías es uno de los factores que han beneficiado esta estrategia en la lucha contra el crimen. En México, el ejército tomó a su cargo la guerra contra los cárteles del narcotráfico ocasionando unas 50,000 muertes (Mendoza, E. y Navarro, A., 2011).

Para el PNUD (2013),

… el surgimiento de nuevas amenazas internas y externas ha limitado la evolución democrática de las fuerzas armadas y su supeditación a las instituciones civiles. Los siguientes cuatro elementos explican, en buena medida, este proceso. El primero es interno: la debilidad de las instituciones públicas democráticas para hacer frente a las amenazas a la seguridad. El segundo tiene relación con la delincuencia organizada, la cual posee el potencial para desestabilizar los sistemas políticos y para corromper las instituciones de seguridad… El tercero es geoestratégico: el surgimiento del terrorismo como una amenaza que varios países han asumido como prioritaria en consonancia con lo planteado por Estados Unidos a raíz de los ataques del 11 de septiembre de 2001. El cuarto es el aumento en la percepción de la inseguridad y en los niveles de violencia, los cuales han provocado que, en algunos contextos, las policías se vean rebasadas y se recurra a las fuerzas armadas para contener distintas formas de delito y violencia.

En Guatemala, el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática suscrito el 19 de septiembre de 1996 en la Ciudad de México, estableció que la función principal de los militares es la defensa de la soberanía y la integridad del territorio, y que su participación en otros campos se circunscribe a actividades de cooperación (Gobierno de Guatemala y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, 1996). La Ley de Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil, Decreto 40- 2000 del Congreso de la República (2000), autoriza a las fuerzas armadas a apoyar a las fuerzas de seguridad civil en la prevención y el combate al crimen organizado y la delincuencia común. Dicho apoyo puede consistir en la participación de unidades militares “… cuando las circunstancias de seguridad del país demanden la asistencia, o los medios ordinarios de que dispongan las fuerzas de seguridad civil se estimaren insuficientes”.

Sobre los factores antes relacionados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2003) estableció que, siete años después de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera en 1996, aspectos tales como la debilidad institucional de la policía de Guatemala se utilizaron como pretexto para el reforzamiento de la presencia militar en actividades de seguridad interior. En la actualidad, la militarización de la seguridad en Guatemala sigue siendo una política central, aunque, con resultados negativos según algunos informes de entidades independientes (Centro de Estudios de Guatemala, s.f., p.15). La participación del ejército en tareas de seguridad interior se ha ampliado, ya que durante el actual gobierno se crearon las denominadas “fuerzas de tarea”, en las cuales participan unidades militares y de la policía nacional civil para el combate de diversos delitos y asignadas a territorios específicos.

b. Política de la “mano dura”, ¿más de lo mismo?

En Guatemala como en otros países de Latinoamérica, la opinión pública es muy favorable a adoptar políticas basadas en una alta represión para el combate a la delincuencia que, como en el caso guatemalteco, ha rebasado los límites de tolerancia. Está presente también un aspecto cultural: los problemas no se abordan de raíz, no se estudian las causas ni se planifican soluciones que se ajusten a la realidad nacional. La sociedad se deja influenciar solo por la coyuntura, por el momento, y existe una costumbre arraigada de vivir de la improvisación. Las políticas implementadas en los últimos años son accidentales, son acciones copiadas de otras realidades, modelos extranjeros que no necesariamente se adecúan a la realidad de un país con tanta diversidad como Guatemala.

En este marco, las políticas represivas encuentran muchos adeptos, en especial, entre los políticos para quienes, ofrecer soluciones “rápidas” y “efectivas”, genera muchas posibilidades de éxito electoral. Lo anterior explica el triunfo de la “mano dura” en las elecciones de 2012, sin que hasta el momento se demuestren resultados positivos. Para el PNUD (2013, p.182), este tipo de políticas ha fracasado en disminuir la inseguridad y el delito, y por el contrario, ha tenido un efecto negativo y profundo en los procesos democráticos y en el respeto a los Derechos Humanos.

c. Políticas de prevención del delito

La prevención del delito es el eje fundamental de la articulación de una política criminal moderna. En Guatemala, sin embargo, como se ha evidenciado en las páginas anteriores, las acciones llevadas a cabo por el Estado en los últimos años se han centrado en la represión y en la amenaza de la sanción como disuasivo hacia las personas para que se abstengan de cometer delitos. Las leyes para el combate al crimen organizado han fortalecido la visión de una “política criminal” represiva y autoritaria, produciendo efectos negativos en el respeto de los derechos y garantías fundamentales. Como resultado, el Estado está aplicando el denominado “terror penal”, el “utilitarismo” o “eficientismo” a que alude Laura Zúñiga Rodríguez (2001, p. 39). No obstante, sí existen, al menos en el papel, políticas públicas de prevención del delito en Guatemala. En la siguiente tabla se resume algunas de estas formuladas en los últimos años.

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La única política pública que unifica las expresiones de violencia más importantes, es la Política de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana Convivencia Pacífica 2014 2034, publicada el 20 de mayo de 2014. Su relevancia radica en que se trata de una política integral que contempla los siguientes ejes prioritarios: a. violencia contra la niñez; b. violencia contra la adolescencia y la juventud; c. violencia contra la mujer; d. violencia armada; y e. violencia vial y accidentes de tránsito. Los objetivos de la política se basan en dos ejes fundamentales: la organización comunitaria y la participación ciudadana, y la orientación de todas las acciones de prevención en aspectos sociales, tales como la familia, la educación, la cultura y el entorno social. Al menos en el papel, se entendería un cambio de visión en cuanto a la atención del crimen, pasando de una estrategia estrictamente represiva a otra más integral y que atiende las causas de la violencia. Lo anteriormente expuesto se ve reforzado por los distintos enfoques y principios establecidos en la política. En primer lugar, un enfoque amplio que permita abordar las condiciones sociales y económicas que fomentan la violencia y, en segundo lugar, la previsión de otros factores que le son inherentes a la sociedad guatemalteca como el tema de la multiculturalidad. Contrario a lo anterior, en Guatemala la inversión social está apenas por encima del 20% del total del presupuesto nacional, como reflejo de que el desarrollo social no es una prioridad (Ministerio de Finanzas Públicas, 2013).

El resto, constituyen políticas sectoriales elaboradas por las instituciones a las que, por el ámbito de sus funciones, les compete intervenir en cada una de las problemáticas sociales abordadas. Se caracterizan por carecer de estudios científicos sobre la problemática delictiva a la cual van dirigidas. Esta es una deficiencia fundamental que las convierte en simples documentos formales que contienen objetivos y principios, en las cuales se conceptualiza de manera teórica el delito y se asignan responsabilidades institucionales para su tratamiento. En algunos casos, se hace una descripción de la incidencia delictiva, pero la mayoría carece de indicadores para la evaluación de sus resultados.

CONCLUSIONES

En Guatemala no ha existido ni existe una política criminal integral y completa, pero sí reacciones estatales frente a la delincuencia. En la actualidad, prevalece una falacia positivista en la que la realidad social fundamenta el ordenamiento jurídico. Esto ha supuesto el aniquilamiento del derecho penal y de la Constitución, por lo que no puede hablarse ya de un Estado de Derecho.

La reacción del Estado frente al delito es una reacción autoritaria, basada fundamentalmente, en la expansión del derecho penal y la amenaza de la sanción.

Los delitos que se cometen en Guatemala pueden explicarse como producto de una sociedad desigual. Al mismo tiempo, se aprecia la concurrencia de determinados patrones sociales de índole cultural, como el racismo y el machismo, este último presente en la violencia en contra de las mujeres. Pero, además de ello, se considera que la población guatemalteca está influenciada por los anti-valores de la sociedad del consumo, que impregnan todos los estratos sociales.

La prevención del delito es inefectiva, dado que se ha basado en la formulación de documentos de políticas públicas, carentes de una adecuada orientación científico-criminal enfocada hacia las causas que originan la comisión de delitos.

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Publicado por: Juan Lopreto

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