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Ochenta y siete gobiernos habían suscrito hasta anoche en esta ciudad mexicana la Convención de la ONU contra la Corrupción en un encuentro en el que se destacó la importancia de que el documento se aplique "cuanto antes".
El presidente de México, Vicente Fox, ha sido el primero en instar a que este primer convenio global contra prácticas delictivas como el cohecho, el enriquecimiento ilícito, el lavado de dinero o la malversación de fondos públicos entre en vigor antes del próximo 9 de diciembre, el Día Internacional contra la Corrupción.
Para que el documento sea efectivo es necesario que lo ratifiquen al menos 30 parlamentos de países firmantes, algo que hasta ahora sólo ha hecho Kenia.
Los países de la región que lo han suscrito son Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, la República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Entre los Gobiernos europeos firmantes están los de Alemania, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, el Reino Unido y Suiza, país que se ha caracterizado por atraer gran cantidad de activos del exterior debido a la opacidad de su sistema bancario, lo que es motivo de discusión tanto dentro como fuera del país.
Algunos representantes de los 123 países participantes en la reunión de Mérida destacaron que la restitución a un Estado de los activos que le fueron robados y depositados en otro es lo más novedoso y "fundamental" del documento, aunque algunos puntualizaron que será algo "difícil" de lograr.
Otro de los puntos destacables de la Convención, que establece un marco consensuado para combatir internacionalmente la corrupción, es que el secreto bancario no debe ser un "obstáculo" para investigar.
Algunos asistentes al encuentro ministerial, entre ellos expertos de la ONU, advirtieron de que es necesario dar un "seguimiento" a la aplicación del acuerdo durante 2004.
El ministro de Justicia de Chile, Luis Bates, resumió el parecer de otros ponentes al afirmar anoche que para "abordar" adecuadamente el problema se requiere la "implementación y aplicación efectiva de las leyes que se dictan".
En América Latina hay "una debilidad extrema en la eficacia de las leyes" y es "central identificar las barreras" que generan este fenómeno, sostuvo.
También dijo que "la forma de entrada (de los funcionarios) a la administración pública es importante" para evitar los llamados "goteos políticos" o "tarjetas de recomendación política".
Políticos y diplomáticos de América Latina coincidieron en señalar a EFE que uno de los nichos de corrupción en sus países es el de las "compras gubernamentales", e indicaron que la clase política necesita un cambio de mentalidad que incluya el abandono de prácticas cuestionables.
Señalaron que las dictaduras que han sufrido generaron un marco de aceptación de ciertos delitos que llevará tiempo erradicar.
Según el chileno Daniel Kaufmann, representante del Banco Mundial, México "ha mejorado" en la lucha contra la corrupción, aunque no de forma destacada.
En todo el mundo existe un "estancamiento" al respecto, es decir los países no avanzan ni retroceden.
Entre los invitados estuvo Eva Joly, jueza instructora del caso de corrupción que salpicó a la petrolera francesa Elf, quien alertó de que uno de los obstáculos más difíciles de salvar es la "inmunidad" política, sobre todo entre los parlamentarios.
Se quejó de que cuando funcionarios de alto nivel y "jefes de Estado" incurren en el lavado de dinero "ahí se detienen las investigaciones".
"Con esta nueva convención tenemos la idea de exponer públicamente a las personas y de esa manera no permitirles que tengan cuentas" sin haber explicado su procedencia, afirmó.

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