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La previsión social requiere una reforma
Análisis Mensual de ASIES - ENERO 2001

El ciclo de vida natural de los seres humanos tiene implicaciones automáticas sobre la fluctuaciones en la actividad laboral y por tanto en la productividad de las personas: "Envejecer sin un seguro adecuado aumenta drásticamente el riesgo de caer en la pobreza" (BID, 2000).

De lo anterior se deriva una pregunta básica: ¿Porqué es necesaria la obligatoriedad de un seguro para la vejez?, algunas de las razones pueden ser:

  • La existencia de miopía por parte de algunas personas, quienes no visualizan el ahorro como una forma de evitar convertirse en una carga para la sociedad en la vejez.

  • La inexistencia de instrumentos de ahorro adecuados, esto se debe al escaso desarrollo del mercado de capitales que caracteriza a los países subdesarrollados.

  • La existencia de fallas en el mercado de seguros, por lo general no existe cobertura privada voluntaria para muchos riesgos.

  • Las deficiencias de información: Las personas no poseen acceso, en igualdad de oportunidades, a la información para tomar las decisiones óptimas de inversión.

  • El escaso nivel de ingreso de las personas pobres no es suficiente para ahorrar para la vejez.

Al identificar porqué la implementación de un seguro para la vejez debe ser obligatorio, se está planteando un rol implícito para el Estado. Sin embargo, este rol debe estar enmarcado dentro de las capacidades que este posea y en función del sistema de financiamiento que se implemente.

De acuerdo a lo anterior la formulación de programas de seguro para la vejez debe atender a la importancia

relativa de las funciones de redistribución, seguro y ahorro. Se recomienda diferenciar entre ellos y establecer estructuras de financiamiento y administración separados, para lo cual se plantea un sistema conformado por 3 pilares, de donde se puede delimitar la intervención estatal de acuerdo a su papel subsidiario:

  • PRIMER PILAR: El objetivo del primer pilar es la solidaridad y la redistribución y por tanto debería ser administrado por el sector público. Las modalidades de seguro entre otras son: la pensión asistencial, la pensión mínima y las pensiones universales que pueden ser financiadas con impuestos al trabajo o generales, que para el país son las llamadas cotizaciones tripartitas.

  • SEGUNDO PILAR: El fin de este pilar es el ahorro para la vejez o el alivio a la imprevisión, por tanto podría ser administrado por el sector privado pero regulado por el sector público. Y dentro de las modalidades de financiamiento están el plan de reparto o de capitalización individual. En Guatemala el beneficio es consecuencia de la contribución tripartita que en la práctica es solo de patronos y trabajadores porque el Estado adeuda su cotización.

  • TERCER PILAR: Este suele llamarse de ahorro voluntario y esta diseñado para que las personas puedan incrementar sus beneficios de acuerdo a sus niveles de ingreso. Dado que es voluntario puede ser administrado y financiado bajo los mismo parámetros que el segundo pilar. En muchos países son los empleadores los que otorgan este beneficio a sus empleados directamente. En otros países son utilizados como compensadores a distorsiones al ahorro mediante el sistema tributario.

En Guatemala el sistema actual de seguro para la vejez es de un solo pilar administrado por el sector público cuyo plan de financiamiento es uno de reparto, siendo las principales características de este las siguientes:

  • La cobertura es limitada, aproximadamente solo el 30% de la población económicamente activa es cubierta por una pensión.

  • Los beneficios reales obtenidos no corresponden a los aportes por cotización durante la vida útil, por lo que tiene un impacto directo en el ingreso principalmente de las familias pobres. Para 1999 el 71% de los asegurados estaban recibiendo aproximadamente una pensión mensual correspondiente a Q.300.00 en términos nominales.

  • Relacionado con lo anterior, los beneficios de las personas inactivas dependen de la incorporación de un mayor número de personas jóvenes al mercado laboral y dada la proyección de la caída de este grupo etario, estos sistemas son insostenibles en el largo plazo

  • El sistema de reparto se basa en lo que podría llamarse "impuestos sobre nómina" que consecuentemente tienden a reducir la demanda laboral y por tanto el crecimiento económico, principalmente en países en donde la mano de obra es abundante

  • En Guatemala, si bien los fondos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para pensiones no han sufrido un deterioro por inflación, la colocación de los mismos en bancos que presentan malas prácticas, implican un alto riesgo en caso de inestabilidad del sistema financiero.

  • Un solo sistema reúne al seguro médico (y dentro de este la atención preventiva, curativa, etc.) y al seguro para la vejez. El sistema tiene su respaldo en la Constitución Política de la República (Art. 100. Seguridad Social) en donde se establece: "Su régimen se instituye como función pública, en forma nacional, unitaria y obligatoria." Por lo que una reforma integral necesita de una reforma constitucional.

  • Por último, es necesario plantear, dentro del marco de una reforma integral, formas adecuadas y no discriminatorias de seguridad para la vejez, ya que actualmente el sistema paralelo de pensiones del Estado (montepío) representa por un lado una violación a lo que la Constitución establece y un trato discriminatorio en contra del asalariado privado en relación con el público.

Los argumentos anteriores en contra del sistema de reparto, reflejan la necesidad de una reforma en el sistema. Generalmente se arguye que los sistemas de capitalización apoyan de una forma más directa el crecimiento, y sobre todo existe una correspondencia entre los aportes y los beneficios de los cotizantes.

Otra de las razones por las que la implementación de una reforma es necesaria es que Guatemala enfrenta características que en el largo plazo estarían impactando negativamente en la población en edad de jubilarse, entre ellas: Adolece de una baja tasa de ahorro y debido a la caída natural en la tasa de fertilidad se proyecta que la población en edad de trabajar disminuirá drásticamente a partir del año 2010.

La reforma ante la problemática descrita es impostergable y debe tomar en cuenta dados los pilares descritos el rol del gobierno en cada uno de ellos, la forma de financiamiento de los pilares, el marco regulatorio adecuado, la forma en que se debe dar la transición y sobre todo tomar en cuenta lo que le conviene a la población anciana y al conjunto de la economía.

Fuente: Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES)

 

 
 



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