El saneamiento del sistema bancario guatemalteco
Análisis Mensual de ASIES - MERZO
2001
En materia económica,
en marzo el tema de mayor relevancia fue la intervención de tres
instituciones del sistema bancario nacional, dejando al margen
temas tales como los resultados del nuevo índice de precios al
consumidor, la entrada en vigencia del tratado de libre comercio
con México y la reducción arancelaria de determinados productos
de consumo interno.
En relación a
dichas intervenciones, se han dado a conocer diversas opiniones,
tanto a favor como en contra de las mismas. Y si bien existen
argumentos valederos en ambas vías, es conveniente su análisis
en un esfuerzo por determinar su validez, bajo un enfoque de costo
– beneficio, considerando la situación actual del país.
Las medidas
adoptadas no son del todo inesperadas. Desde el año 1998 el
sistema financiero nacional venía manifestando serios
desequilibrios como consecuencia de una serie de factores externos
– tal como la crisis financiera internacional-, e internos
-entre éstos, dificultades de empresas exportadoras de café y
restricciones de liquidez creadas a raíz de la acumulación de
fondos para la adquisición de acciones de Telgua y la
implementación de una política monetaria poco disciplinada-, que
evidenciaron la fragilidad del sistema.
Con el afán de
palear los problemas afrontados, en el año 1999 las autoridades
monetarias otorgaron adelantos por más de mil millones de
quetzales a diversas entidades financieras. No obstante, entre
1999 y 2000, aquellas que habían enfrentado problemas de liquidez
logran un manejo adecuado de su situación, en algunos casos
incluso solventando su deuda con el banco central. Son aquellos
con problemas de solvencia los que en enero del 2000 son de nuevo
auxiliados a través de adelantos de emergencia.
Lo anterior sacó a
luz pública los problemas estructurales de estas instituciones
financieras. Al entrar en vigencia la nueva política monetaria,
cambiaria y crediticia del año 2000, y como una medida que podría
interpretarse como necesaria para impulsar una mayor disciplina,
se establece que no se otorgarán adelantos de emergencia a
bancos, salvo para atender problemas de liquidez de muy corto
plazo. Los préstamos otorgados a los bancos en cuestión fueron
posteriormente transformados en préstamos de reestructuración.
Es así como, a
pesar de que existían indicios de malas prácticas financieras en
algunos bancos del sistema, es hasta el año 2000 que estas se
hacen manifiestas a nivel público. Ante tal situación, cabe
preguntarse, ¿por qué, conociéndose los problemas de algunas
entidades, éstas no fueron intervenidas con anterioridad? Se podría
especular sobre varias razones. Entre ellas, las políticas, no
solo por la presión de grupos de interés, sino por las
implicaciones de una intervención en un período eleccionario.
Por otro lado, no es posible obviar una actuación poco
consistente de las anteriores autoridades monetarias, aunado a un
vacío en la legislación vigente, que no permitía que éstas
actuaran de manera ágil y transparente.
Así, el año 2000
da inicio con una evidente fragilidad del sistema bancario. No
obstante, la ausencia de legislación y mecanismos de supervisión
adecuados, aunada a lo que se presume fueron presiones políticas,
no se propusieron acciones concretas para lograr el saneamiento
del sistema.
En mayo de ese año
se presentó al Congreso de la República, la iniciativa de Ley
General de Restitución de Depósitos Bancarios, proyecto que,
en un análisis retrospectivo, buscaba dar confianza a los agentes
económicos de una prevista intervención bancaria. La ley
propuesta, cuya vigencia debía ser de un año, garantizaba la
totalidad de los depósitos de los cuenta habientes. La ley fue
considerada por varios integrantes del Congreso como un mecanismo
proteccionista y no como una medida que permitiría un proceso de
intervención ágil y transparente. Por tanto, la ley fue
modificada por el Legislativo y posteriormente vetada por el
Presidente de la República.
Posteriormente y
como una medida que apuntaba a fomentar mayor disciplina monetaria
y financiera, en el mes de agosto del año 2000, la Junta
Monetaria establece que aquellos bancos que no cumplieran con su
posición de encaje en más de dos ocasiones durante un período
de doce meses, les serían rechazados sus cheques en la cámara de
compensación. Esta acción sería considerada como una grave
irregularidad administrativa, debiéndose informar al
Superintendente de Bancos para que éste procediera de acuerdo a
la ley.
A inicios del año
2001, señalamientos de usos no transparentes de recursos públicos
y la colocación de fondos en los bancos ahora intervenidos,
influye en el retiro de los recursos del Estado depositados en
estas instituciones. Lo anterior hizo que tales entidades se
sobregiraran en sus cuentas de encaje, contraviniendo las
disposiciones de Junta Monetaria, lo que dio lugar a la intervención
administrativa de estos bancos.
Estas
intervenciones han significado el otorgamiento de líneas de crédito
para salvaguardar los depósitos de los cuentahabientes de tales
bancos, por más de Q1,500 millones. Este monto es equivalente a
cerca del 6 % del presupuesto del Estado para el año 2000, y a un
1.3% del producto interno bruto de ese mismo año. Si bien la
medida es cuestionable desde la perspectiva de que se desvían
recursos, ya escasos, para el rescate de instituciones privadas,
es de considerar la función particular de los bancos. La misma
Constitución asigna a la Junta Monetaria el velar por la liquidez
y solvencia del sistema bancario nacional. El que la Junta
Monetaria permitiera la caída de uno de los bancos del sistema
hubiera provocado un clima de desconfianza tal que daría lugar a
una corrida bancaria, con los consecuentes costos para la economía.
A esto se hace necesario adicionar el momento de particular
inestabilidad política, de desconfianza y de incertidumbre económica,
y donde los niveles de insatisfacción continúan creciendo a
pasos agigantados.
Una vez se ha
optado por el menor de los males, ¿qué queda por hacer?
Existen una serie de medidas que deben implementarse, de forma de
recuperar la estabilidad y confianza en el sistema financiero y
sancionar a las entidades que por su conducción irresponsable,
han causado fuertes costos al país. Entre éstas se encuentran:
-
La
contabilización del costo de intervención en el Presupuesto
del Estado y la implementación, tal como lo previsto en el
Pacto Fiscal, de una unidad especializada dedicada a la
cuantificación y por tanto seguimiento, de los pasivos
contingentes del Estado.
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