Guatemala firma
un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional.
Análisis Mensual de ASIES - MARZO
2002
El pasado 1º de abril cobró
vigencia un Acuerdo de Derecho de Giro (o Stand-By Arrangement
en inglés) entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el
Gobierno de Guatemala. El mismo fue aprobado posterior a la
entrega de la Carta de Intención del Gobierno el pasado 15 de
marzo.
Este tipo de acuerdos tienen por
objeto ayudar a los países a sobrellevar problemas de balanza de
pagos de corto plazo y constituyen el servicio financiero del FMI
más utilizado. En general, los acuerdos de derecho de giro tienen
una duración de
12 a 18 meses y el plazo máximo de reembolso es de 5 años,
aunque se espera que los países efectúen el reembolso dentro de
un período de 2 a 4 años.
En el caso de Guatemala, el acuerdo
tiene como objeto apoyar el programa económico del Gobierno para
el año 2002. De acuerdo al Memorándum de Políticas Económicas
y Financieras entregado al FMI, el acuerdo será de tipo
precautorio, es decir que no existe intención anticipada de hacer
retiros monetarios. El préstamo de contingencia es por US$105
millones y estará vigente por un período de 12 meses.
Para acceder al crédito, el
Gobierno de Guatemala se ha comprometido a dar cumplimiento a una
serie de metas trimestrales en las áreas fiscal, monetaria,
bancaria y externa, así como implementar una serie de medidas de
carácter estructural. Varios de los elementos contenidos
coinciden con los planteamientos que constan en iniciativas como
la del Pacto Fiscal y en las propuestas presentadas al gabinete
económico por el Foro Guatemala.
El Gobierno cuenta con un programa
económico, pero llama la atención que a pesar de los constantes
señalamientos en relación a su poca capacidad para dictar políticas
públicas, no lo haya dado a conocer en detalle a los sectores
interesados o públicamente. Ello permitiría trasladar la discusión
del plano propiamente confrontativo a uno propositivo, en el cual
se discutan las acciones y actividades previstas en el año 2002.
Esta falta de discusión de la temática
económica se atribuye a la inexistencia de condiciones que
permitan el diálogo entre los distintos grupos de la sociedad y
el Gobierno. Permanece el ambiente de desconfianza y
enfrentamiento, por lo que cualquier iniciativa es descalificada o
vista con suspicacia.
No obstante, el Memorándum Técnico
de Entendimiento entre Guatemala y el Fondo Monetario contiene
aspectos importantes, que a la vez de imponer ciertas condiciones
de carácter económico, conllevan otros temas que es importante
conocer. A continuación se presenta un resumen de los compromisos
adquiridos con el FMI y los comentarios que se consideran
pertinentes.
El documento se inicia señalando
las acciones que de acuerdo al Gobierno de Guatemala fueron
llevadas a cabo con éxito previo la firma del acuerdo y que
sirven como un tipo de fundamento a la solicitud del mismo. Se
mencionan entre otras, la aprobación de un Acuerdo Gubernativo
que emite ciertas restricciones al gasto público en el año 2002
y la capitalización del Banco del Ejército por Q150 millones,
con el objetivo de sanear el mismo previo a la venta de acciones
de éste. Al respecto cabe hacer dos comentarios, el primero,
sobre el Acuerdo Gubernativo (AG) en mención, que si bien limita
la gestión de gasto en el año 2002, no atiende uno de los
principales problemas señalados ya en el año 2001: las
transferencias interinstitucionales. En el AG se reitera la
disposición de que sean aprobadas por el Ministerio de Finanzas Públicas,
sin embargo esto no garantiza que sean del conocimiento público.
Es decir que el presupuesto aprobado por el Congreso puede ser
objeto de cambios que alteran su distribución sin el conocimiento
de éste organismo de Estado.
Segundo, la capitalización del
Banco del Ejército se hizo con recursos públicos. Las
transferencias al Ministerio de la Defensa en el año 2001, así
como la venta de activos de este banco a las instituciones del
Estado, sirvieron para el fortalecimiento de esta institución.
Desafortunadamente, siguen sin estar disponibles los detalles de
estas transacciones financieras, lo que da lugar a que las mismas
sean fuertemente criticadas. Se espera que a partir del acuerdo
con el FMI, efectivamente sean adoptadas las medidas necesaria
para solucionar los problemas de ineficiencia de esta institución
y que el Estado no se vea forzado a intervenir de nuevo para su
capitalización.
Como parte del Programa Económico
2002, se establece que el déficit fiscal consolidado del sector público
no debe superar 1.5% en relación al PIB, lo cual impone fuertes
restricciones al gobierno central y al Banco de Guatemala. Por un
lado, el Gobierno debe controlar e incluso reducir su nivel de
gasto público, para alcanzar la meta prevista. Por otro, el déficit
cuasifiscal, que en el 2001 superó el 0.5% del PIB, deberá
reducirse a 0.25%, lo que restringir la colocación de operaciones
de mercado abierto por el banco central.
En cuanto a la política monetaria,
el programa es consistente y reitera en parte lo ya establecido
por la Junta Monetaria en su Política Monetaria, Cambiaria y
Crediticia para el año 2002 acerca de controlar el nivel general
de precios, lo que continua siendo el eje fundamental de esta política.
En materia externa, el programa
tiene previsto limitar la contratación o garantía de deuda
externa no concesional, estableciendo techos trimestrales a la
deuda externa bruta (sin considerar amortizaciones). Este elemento
se torna importante ante la creciente colocación de deuda pública
en los últimos 6 años.
En referencia al sistema bancario,
el acuerdo con el Fondo tiene como objetivo continuar el proceso
de saneamiento y consolidación ya iniciado. Entre las medidas
importantes se prevé que una vez finalizada la inspección in
situ de las instituciones bancarias, aquellas que presenten
problemas de capital puedan elaborar en conjunto con las
autoridades correspondientes un plan de capitalización. El mismo
permitirá que en un futuro las instituciones puedan fusionarse o
venderse sin afectar la sanidad del sistema financiero.
Por último, entre las reformas
estructurales convenidas, se considera como altamente positiva la
ampliación del Sistema Integrado de Administración Financiera a
otras entidades públicas, ya que es un instrumento esencial en el
proceso de evaluación y fiscalización de los recursos públicos.
Asimismo el apoyo que será requerido a organismos internacionales
para elaborar la legislación destinada a combatir la corrupción
y fortalecer la transparencia.
De las medidas que deben ser
sujetas a discusión y dar a conocer públicamente sus resultados,
es la evaluación de costos y beneficios de las diferentes
opciones para reformar el sistema de seguridad social. Debido a la
sensibilidad de este tema, que puede llegar a tener trascendencia
inconstitucional, lo acordado por el gobierno debe ser tan solo el
inicio de un proceso integralmente estructurado y consensuado por
los sectores interesados.
Principales metas
del Programa Económico 2002 acordado con el FMI
Abril de 2002
| |
Meta 2002 |
| Inflación |
4.0 - 6.0% |
| Reservas
monetarias internacionales |
US$2,100
millones |
| Déficit del
gobierno central / PIB |
1.25% |
| Déficit
combinado del sector público / PIB |
1.5 % |
| Carga
tributaria |
10.75% |
| Gasto público
total / PIB |
12.75 % |
| Techo mínimo
para el gasto social / PIB |
5.0 % |
Otras medidas a las cuales se
comprometió el Gobierno de Guatemala:
- Vender sus acciones de la EEGSA,
de las compañías distribuidoras de energía y de la línea
área nacional.
- Limitar el subsidio a servicios
de electricidad. Se propondrán reformas a la Ley General de
Electricidad para limitar el subsidio residencial a un máximo
de 300 KW al mes.
- Apoyar, con la ayuda del BM y el
BID, las acciones de diversificación del cultivo del café
hacia productos no tradicionales y turismo.
- Fortalecer y ampliar el SIAF a
otras entidades públicas: el IGGS antes del 31 de agosto de
2002, FONATIERRA, Fondo de Solidaridad y Desarrollo
Comunitario y las municipalidades más grandes para finales de
2002.
- Elaborar, con asistencia el BM
anteproyectos de ley para fortalecer la Ley de Probidad y la
actuación del Contralor General de la Nación.
- Establecer, con apoyo financiero
del BID, una estrategia anticorrupción, iniciando con la
redacción de una nueva Ley de Compras y Contrataciones.
- Preparar, junto con AID, un
proyecto de ley para que junto al Presupuesto del Estados se
presente una estimación de los ingresos dejados de percibir
debido a privilegios tributarios, exenciones o exoneraciones.
Fuente: Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES)
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