La delicada situación de las finanzas públicas
Análisis Mensual de ASIES - ABRIL
2001
El Ministerio de
Finanzas Públicas dio a conocer en el mes de mayo el resultado
fiscal correspondiente a los primeros cuatro meses del año. El déficit
durante este período ascendió a 0.8% del PIB (Q1,263.4
millones), o sea más de la mitad del estimado de 1.5% en el año
2001. Para fines comparativos, se observa que en el primer
cuatrimestre de los años 1998 y 1999, el balance fiscal tuvo un
superávit de 0.6% (Q692.6 millones) y 0.1% (Q173 millones),
respectivamente. En el año 2000, el déficit se situó en 0.2%
del PIB, es decir en Q297.5 millones.
Lo anterior
evidencia la preocupante situación del manejo de las finanzas públicas
en el país y explica el por qué de las recientes e improvisadas
propuestas tributarias. El gobierno se enfrenta a una seria
restricción presupuestaria que busca solventar a través de la
modificación y creación de un total de seis impuestos. De
acuerdo a declaraciones del jefe de la cartera de finanzas, los
ingresos provenientes de estos tributos permitirían alcanzar la
carga tributaria del 12%.
Es innegable la
necesidad de dotar de recursos al Estado para que éste pueda dar
cumplimiento a los compromisos adquiridos en los acuerdos de paz y
reafirmados en el pacto fiscal. No obstante, las acciones que en
materia fiscal ha adoptado el partido gobernante en sus primeros
15 meses de gobierno, son indefendibles por inconsistentes y
demuestran la ausencia de una visión de largo plazo.
A tan solo seis
meses de inicio de su gestión, el FRG desaprovechó una
oportunidad invaluable e inédita en el país: la suscripción de
un pacto fiscal por más de 100 organizaciones representantes de
la sociedad guatemalteca. Éstas, en un proceso de negociación,
concluyeron en la necesidad de adoptar una serie de medidas
legales y administrativas con el fin de elevar la carga tributaria
del país.
Tal situación fue
utilizada parcialmente tanto por el Organismo Ejecutivo como por
el Organismo Legislativo, quienes amparándose en proteger los intereses
del pueblo, optaron por no incrementar el impuesto al valor
agregado, que en el muy corto plazo hubiera significado no solo
mayores ingresos fiscales - en tanto se implementaban otras
medidas de más largo plazo -, sino también menores distorsiones
a la actividad económica.
El incremento en la
tasa del IVA fue consensuado en el Acuerdo Político para el
Financiamiento de la Paz, el Desarrollo y la Democracia en
Guatemala, firmado por representantes de la sociedad civil y el
sector empresarial nacional. La oposición inicial por parte de
ciertos sectores se logró conciliar a través de medidas
compensatorias, como la postergación del aumento en la tasa (a un
año después de su aprobación) y el otorgamiento de un
incremento en la bonificación - incentivo a los salarios mínimos-.
Resulta paradójico
que una vez desperdiciada esta oportunidad, el gobierno, bajo
circunstancias completamente adversas y con una amplia percepción
de manejos indebidos de los recursos públicos, proponga una serie
de impuestos, que no solamente afectarán a una clase media
trabajadora ya golpeada por el bajo nivel de actividad económica,
sino además creará severas distorsiones en la economía
nacional.
La propuesta del
Ejecutivo pretende reformar los impuestos a las gasolinas, a los
productos financieros y a los vehículos, crear un tributo a las
transacciones financieras y a la telefonía celular. Conforme a
declaraciones del Vicepresidente de la República, estos impuestos
solamente afectarán a la clase de mayores ingresos del país, sin
considerar la posibilidad de que este costo se traslade a mayores
precios de los consumidores y a un menor nivel de actividad económica.
El aumento de estos
impuestos repercutirá en mayores costos para las empresas, y por
racionalidad económica, trasladados al consumidor. Si la demanda
reacciona ante el incremento en los precios, las empresas se verán
afectadas en su capacidad de generar empleo y crecimiento económico.
Al final, es muy probable que este paquete de reformas tributarias
incida en un incremento impositivo mayor al 2% que hubiese
significado el impuesto al valor agregado.
Adicionalmente habrá
que considerar el desincentivo a generarse sobre ciertas
operaciones, por ejemplo en las financieras. Esto implicará una
recaudación menor a la esperada en un período relativamente
corto, así como un proceso de desintermediación financiera (las
personas optarán por utilizar lo menos posible o incluso no
utilizar los servicios financieros). Ante la fragilidad del
sistema bancario, se estiman mayores presiones sobre los balances
de sus instituciones y a la vez incidencia de mayores tasas de
interés, que como bien lo expresa el Ministro de Finanzas Públicas,
es factor clave para la inversión.
Por tanto, estas
medidas de corto plazo, tan solo permitirán hacer frente a una
situación de iliquidez inmediata del Estado, pero no resolverán
el problema estructural de las finanzas públicas del país.
¿Qué hacer ante
un panorama tan sombrío? En un primer momento, analizar las
causas del por qué tal situación del fisco. De acuerdo al
Ministerio de Finanzas Públicas, la recaudación tributaria ha
sido menor a la esperada y el gasto ha crecido.
El comportamiento
de la recaudación se explica en tres factores: (a) una baja
actividad económica, (b) falta de eficiencia por parte de la
entidad recaudadora y, (c) ausencia de confianza por parte de los
contribuyentes, quienes ante los serios cuestionamientos sobre el
uso de fondos públicos, optan por eludir y evadir el pago de
impuestos.
Si bien las
soluciones a los dos primeros puntos presentarán resultados en el
mediano plazo, uno de los elementos considerado clave en este
momento, y con posibles resultados en el muy corto plazo, es que
el gobierno adopte medidas encaminadas a recuperar la confianza de
los contribuyentes. Esto permitirá no solamente un incremento en
la recaudación, sino una mayor apertura y sensibilidad de los
sectores, ante la necesidad de incrementar tasas tributarias para
hacer frente a las funciones básicas asignadas al Estado.
Por tanto, se
considera que el gobierno debe, en primer lugar, retomar el
planteamiento integral del pacto fiscal, y en segundo lugar,
esclarecer los cuestionamientos de corrupción y falta de
transparencia del gasto en varios ministerios de Estado. De esta
forma se recobrará la confianza de la población y se generará
el ambiente necesario para negociar y consensuar las medidas que
permitirán cumplir con la agenda social contenida en los acuerdos
de paz.
Asimismo, el
gobierno deberá adoptar medidas serias de austeridad que afecten
lo menos posible el gasto social, y transparentar la utilización
de los fondos públicos, mediante mecanismos adecuados, tales como
el Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAF.
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