El pacto fiscal en Guatemala: un
acuerdo nunca antes alcanzado en el país
Análisis Mensual de ASIES - MAY 2000
El Pacto Fiscal tiene como fin acordar principios y
compromisos que permitan delinear una política fiscal efectiva y debidamente respaldada
por la sociedad para el corto y mediano y largo plazo. El Pacto Fiscal busca, asimismo,
trazar los elementos fundamentales que posibiliten un aumento gradual en la carga
tributaria, de manera tal que el Estado cuente con los recursos necesarios para hacer
efectivos los compromisos sociales que se derivan de la Constitución Política y de los
Acuerdos de Paz. El Pacto Fiscal constituye un hito en la historia del país pues nunca
antes se había deliberado y arribado a consensos entre el gobierno, el sector privado y
la sociedad civil en forma tan amplia sobre la política fiscal del país.
Uno de los compromisos más importantes de los Acuerdos de
Paz fue el aumento de la carga tributaria al 12% del PIB para el año 2000 con el fin de
que el Estado tuviese los recursos necesarios para cumplir los compromisos sociales que
también se incluían en esos Acuerdos, en particular el Socioeconómico y Agrario.
Llegado 1998, sin embargo, fue obvio que la meta no se iba a alcanzar en el 2000, y hubo
que recalendarizar ese compromiso, trasladándolo hacia el 2002. Para evitar que dos años
después se volviese imprescindible otra recalendarización, el gobierno, con el apoyo de
la Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz, contempló la necesidad de
suscribir un Pacto Fiscal entre todos los sectores del país, para lo que decidió crear
en 1999 una comisión de expertos en temas fiscales conocida como Comisión Preparatoria
del Pacto Fiscal, y la que tuvo como asignación elaborar una propuesta de Pacto Fiscal,
documento que concluirían a finales de ese año después de llevar a cabo numerosos
estudios y deliberaciones.
La Comisión Preparatoria concibió la política fiscal en
forma bastante integral –es decir, no solamente determinó la política de ingresos-,
marco que finalmente prevalecería. En ese sentido, es que se compone de ocho secciones:
1) Balance fiscal, o la búsqueda de unas finanzas públicas balanceadas que eviten el
daño que causan los déficit públicos, 2) Ingresos del Estado, o mecanismos para
propiciar el aumento en la carga tributaria, 3) Administración tributaria, o potenciar
una mejora apreciable en la administración impositiva, 4) Gasto público, o lograr un
gasto público efectivo que justifique el aumento anhelado por el lado de la tributación,
5) Deuda pública, o lograr que el país tenga un nivel de deuda pública sostenible, 6)
Patrimonio público, o evitar que se abuse de la propiedad pública, 7) Evaluación y
control, o mejorar la ética en el manejo de los recursos del Estado por parte de los
funcionarios públicos, y 8) Descentralización fiscal, o lograr que otras instancias de
gobierno –en particular las municipalidades- también asuman compromisos que se
deriven del Pacto Fiscal.
Cada una de esas secciones se compone de dos conjuntos de
elementos: principios y compromisos. Con los primeros se pretende que toda la sociedad
acepte normas generales en cada una de esas ocho materias. Con los segundos, se va un paso
más adelante y se busca que tanto el gobierno, como el sector privado, como la sociedad
civil se comprometan a impulsar medidas más específicas que permitan materializar la
normativa general de los principios.
El Pacto Fiscal ya ha sido suscrito pero el país aún se
encuentra pendiente del seguimiento del mismo, el que en forma más inmediata consiste en
la aprobación de las reformas a la legislación fiscal que operacionalice lo acordado en
forma más abstracta en el Pacto, en particular se está a la espera de las medidas
tributarias que permitan elevar la carga tributaria al 12% para el año 2002.
La madurez de los diferentes sectores será vital para que
el Pacto Fiscal no se eche a perder en esta última etapa, pues es más que obvio que la
tentación será grande para criticar cualquier aumento tributario que emane en los
próximos días. Siempre y cuando el paquete de medidas tributarias contenga un menú
balanceado de reformas impositivas, que distribuya su carga entre todos los guatemaltecos
y no solo en unos, y que no impacte en exceso sobre la eficiencia de la actividad
económica, debería ser apoyado por todos los sectores sociales.
Tres actores en particular adquieren una importancia
trascendental: la sociedad civil y el sector privado, en lo que a negociaciones
pre-Congreso se refiere, y los partidos políticos, en lo que correspondería a una
ratificación final por el Congreso. La suscripción del Pacto Fiscal ya es un éxito
enorme, pero la victoria fiscal del país todavía dependerá de la concreción de las
medidas tributarias. De no ser así, el Pacto Fiscal perdería fuerza efectiva, quedaría
como un acuerdo vacío.
Fuente: Asociación
de Investigación y Estudios Sociales (ASIES)
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