En mayo el actual gobierno inicia la presentación de una serie de matrices sectoriales, las cuales deben servir como marco dentro del cual se implementen sus acciones en los próximos cuatro años. Se han presentado ya tres matrices: la de política |económica, la de seguridad y muy recientemente la de política social.

En el caso específico de la matriz económica, que fue la primera que se dio a conocer y por tanto se le ha podido dar seguimiento, existen seis áreas específicas en las cuales se propone trabajar el Organismo Ejecutivo, con el debido apoyo del Organismo Legislativo y Judicial. La presentación de la misma se considera un avance para orientar las acciones en materia económica -y demás relacionadas- en una misma dirección; sin embargo es necesario reconocer que las acciones, objetivos, medidas y metas ahí presentadas no dejan de ser sino un listado de buenas intenciones que cualquier planteamiento de gobierno debe incluir: la reducción sostenible del déficit fiscal, la optimización del gasto público, la disciplina monetaria, la promoción de inversión extranjera, entre otras. Paralelamente, a los objetivos y metas es necesario presentar los planes operativos que permitan conocer las actividades específicas, los indicadores meta, así como la calendarización de las acciones a realizar.

No obstante, lejos de comentar la falta de especificidad en los planteamientos hechos, vale la pena retomar aquellos que efectivamente fueron plasmados y comentar la coherencia que los mismos guardan con las acciones tomadas por las autoridades en los primeros siete meses de gobierno.

Se debe tener claro que si bien el funcionamiento de la economía atiende a los fundamentos macroeconómicos, también lo hace en función de las expectativas que manejen los participantes en ella. Es por esta vinculación entre las expectativas de los agentes y la actividad económica como tal, que se hace necesario evaluar qué mensajes ha estado enviando el sector público al mercado en relación a los objetivos propuestos originalmente.

Entre los objetivos estratégicos se plantean el logro de un clima apropiado para la inversión, a través del establecimiento de reglas claras, positivas y estables que, en un marco de respeto a los principios fundamentales del mercado, den certeza y confianza a los agentes económicos. No obstante, a la fecha, lo que menos se percibe es certeza en cuanto al comportamiento del gobierno, sus decisiones, así como de aquellos dictámenes emanados del Congreso de la República.

Desde la toma de posesión del nuevo gobierno, las medidas adoptadas en materia socioeconómica han sido por demás confusas. Existen diferencias sustantivas entre los planteamientos del Gabinete Económico, el discurso del Ejecutivo y sus acciones. A partir de la actuación del Ministerio de Economía y del Banco de Guatemala se pueden inferir líneas relativamente claras y estables de trabajo. Las disposiciones del Ministerio de Economía apuntan al logro de una mayor apertura del mercado nacional y de su eficaz inserción en la economía globalizada. La política monetaria, cambiaria y crediticia para el año sienta las bases en pro de la estabilidad macroeconómica y hasta ahora, el Banco de Guatemala atiende a los objetivos previstos. Empero, el Ministerio de Finanzas Públicas sigue una línea de trabajo distinta, no se termina de entender si por falta de claridad en los objetivos planteados o por querer atender a posiciones políticas. Lo anterior se hizo evidente al momento de discutir posibles reformas a las leyes tributarias del país. Desde un inicio las propuestas del Ministerio de Finanzas Públicas contravenían lo planteado en la Matriz de Política Económica.

En cuanto a las decisiones adoptadas por la Presidencia de la República, éstas de nuevo parecieran atender cumplimientos de promesas electorales; lo cual no sería cuestionable si integraran parte de un programa más amplio de acción. Sin embargo, se presentan como medidas aisladas sin línea conductora y por tanto parecen responder a planteamientos populistas de muy corto plazo, los cuales han acaparado la atención pública, alejándola de temas de mayor importancia.

Basta recordar el envío del Organismo Ejecutivo de una iniciativa de ley que propuso un aumento salarial generalizado para el sector privado y público, y la futura implementación de tiendas de consumo popular (COPO), impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Social . Si bien no se puede negar la necesidad imperante de aumentar el nivel de vida de las familias guatemaltecas, medidas como éstas tan solo han creado oposición en varios sectores, quienes no ven en ellas soluciones de largo plazo para la población guatemalteca. De nuevo se hace necesario enmarcar éstas políticas dentro de un plan estratégico de mejora a la competitividad y productividad del país, lo cual efectivamente se traduciría en mejoras salariales reales para la población y por tanto mayor capacidad adquisitiva de la misma.

Por su lado, el Congreso de la República tampoco brinda a los inversionistas la certeza necesaria en la promulgación de legislación. Al igual que en gobiernos anteriores, las "aplanadoras" de los partidos gobernantes parecen obviar el análisis de las leyes para dar lugar a un proceso de aprobación por mandato. Adicionalmente la oposición pareciera no tener la capacidad de rectificar el camino adoptado.

El papel del Congreso de la República en el proceso del Pacto Fiscal ha sido tan solo una de las muestras del poco apoyo que esta instancia ha brindado. Negociaciones y acuerdos se han alcanzado entre diferentes sectores de la sociedad, solamente para ser cuestionados e ignorados por el Congreso (en parte resultado de la casi nula participación del FRG en las discusiones del Pacto).

En materia financiera, parece que aún no existen proyectos de ley que sirvan de base al proceso de modernización financiera. Por un lado la fase dos del programa de modernización ya fue dada a conocer, sin embargo, de nada servirá si ésta no es considerada por el Congreso de la República, ya que es este organismo el llamado a emitir nueva legislación destinada a fortalecer el sistema financiero nacional.

En materia relacionada al comercio exterior, la aprobación de la nueva Ley de la propiedad industrial deja muchos vacíos. Además de ser criticable el procedimiento mismo de aprobación de esta ley, su contenido no brinda soluciones adecuadas a los problemas de fondo en materia de propiedad industrial. Adicionalmente contradice los esfuerzos que se realizan en materia fiscal, donde por un lado se busca incrementar la carga impositiva de todos los contribuyentes, mientras que por otro, esta nueva ley formaliza de manera arbitraria al sector informal, transformándolo en "economía complementaria"; exonerándolo del pago del impuesto sobre la renta, a empresas mercantiles y agropecuarias y de la declaración mensual y anual del impuesto al valor agregado, a cambio de una tasa de Q10 mensuales.

Dada la oposición generalizada que la aprobación de esta ley generó, el Presidente de la República ha vetado la ley, con lo que queda pendiente la publicación del veto en el Diario Oficial. Con este veto serían tres las leyes en materia económica sujetas a posibles modificaciones en los primeros siete meses de acción legislativa.

En resumen, es evidente la falta de claridad y certeza que las medidas adoptadas hasta la fecha dan a los agentes económicos. Lo anterior se torna particularmente importante cuando se observa que la actividad económica parece no repuntar aun con estabilidad macroeconómica. Si existen los objetivos estratégicos, así como las acciones generales a implementar, es de vital importancia que se envíen señales claras, que fomenten y viabilicen los procesos de inversión y que den vida a los planteamientos de la matriz económica.