La puesta en ejecución de los compromisos asumidos en los acuerdos de paz, a pesar de la buena voluntad de la acción del Gobierno y de la cooperación internacional, ha encontrado fuerte resistencia de los centros de privilegio ancestral porque los dirigentes de las fuerzas tradicionales de poder, consideran que en Guatemala debe defenderse el individualismo y un sistema capitalista identificado por la absoluta e intocable libertad para hacer ganancias, sin normas moderadoras de parte del Estado, lo mismo desde la explotación de la tierra y sus recursos naturales, como desde la contratación salarial, el comercio de servicios básicos, la exportación, la intermediación financiera, la industria etc. y si fuera posible, dentro de un paraíso fiscal y privilegios para disponer de la mejor infraestructura económica.

Los más de 400 compromisos asumidos dentro de la suscripción de los Acuerdos de paz incluyen la convicción de Gobierno y excombatientes sobre aspectos relacionados con el cese al fuego y acciones para poner fin a la guerra;

los derechos humanos y el fortalecimiento democrático; las reformas constitucionales; la gobernabilidad; la justicia y seguridad; la reestructuración y modernización del ejército; el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas; legislación imprescindible; la equidad; el respeto a las diversas etnias; las reformas fiscales y el ordenamiento financiero; el catastro nacional; la reforma judicial; la modernización del Estado; la capacitación de la población; la no discriminación por raza, edad y sexo; la atención y metas para la educación, la salud, la vivienda y los demás aspectos del desarrollo social y productivo, especialmente para los sectores más vulnerables; el cuidado y uso racional de los recursos naturales; y el combate a la pobreza, entre otros. Todos los compromisos fueron ordenados con la aprobación de cronogramas a cumplirse en los primeros 90 días de firmada la paz, a doce meses y en los cuatro años subsiguientes.

La experiencia y la falta del ordenamiento financiero vinieron a señalar que era imposible cumplir tanto compromiso en un sólo período administrativo, y por el contrario, en cada grupo consultivo se ha enfatizado en la necesidad de dejar establecida la continuidad del afianzamiento de los compromisos de la paz, en las siguientes administraciones presidenciales. De esa suerte, es absolutamente necesario para la paz en Guatemala y en los demás países centroamericanos, la incorporación de los compromisos de los Acuerdos de Paz en los Planes de Gobierno de los diversos partidos políticos que participan en las contiendas electorales.

La comunidad internacional ha ofrecido un valioso y millonario aporte al desarrollo de la paz, pero condicionado a que se vayan cumpliendo los compromisos establecidos para la democratización, derechos humanos, justicia y mejores oportunidades para los sectores marginados o abandonados.